He tenido la suerte de conocer como periodista a los tres últimos gobernadores del Banco de España, Mariano Rubio, Luis Ángel Rojo y Jaime Caruana, y conozco bastante más que a los anteriores al actual, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que ha venido a alterar una tradición inveterada de la casa.
¿En qué consiste, a mi juicio, dicha tradición? Desde el punto de vista personal, en la profunda antipatía que debe exhibir el gobernador hacia el resto de la humanidad; bien vocacional, bien deliberada –a fin de conservar la independencia y ejercer con mayor libertad el alto destino encomendado–.
En lo que se refiere al cargo, el gobernador ha sido siempre la réplica ortodoxa al Gobierno de turno, cuya preocupación principal es ganar las siguientes elecciones. Esta voluntad de combatir o equilibrar –por quien no tiene la necesidad de someterse al veredicto popular– la tentación de hacer las cosas mal, se ha traducido desde el comienzo de los tiempos en un discurso –poco brillante pero consistente– y en los énfasis oportunos.
De manera que, invariablemente, los gobernadores que yo he conocido jamás se han ocupado de resaltar aquello que iba bien, sino de incidir en lo pernicioso, lo que podía ser más nocivo para los equilibrios económicos, que suele concretarse en pérdida de empleo.
Pero el señor Fernández Ordóñez, cumpliendo la condición de conspicuo antipático, ha vulnerado el resto del guión. En su primera comparecencia ante al Congreso, su discurso ha sido apacible y manso, y el énfasis se ha dirigido a una cuestión tan revolucionaria como desdramatizar el endeudamiento de las familias españolas.
Yo no me lo podría creer, pero así ha sido. Es decir, como si un bombero, que está obligado a apagar hasta la última brasa de un incendio de tipo gallego –y éste es el caso de la deuda de los hogares–, se confesase prescindible.
Endeudamiento de las familias
Según el nuevo gobernador, las familias que están endeudadas en España son minoría, un 40%, y el pronunciado crecimiento de la inversión en vivienda es la consecuencia lógica y principal del bajo nivel de los tipos de interés. Yo no discuto ni la reflexión ni las cifras porque son absolutamente ciertas. Lo que reprocho sin ambages es el mensaje, es decir, la nueva política del Banco de España. En cuanto a las cifras, el diario Expansión publicó una información muy elocuente al respecto el pasado 12 de octubre.
La deuda de las familias, ya sea del 40% de las mismas, es considerable, pues representa el 80% del PIB y el 115% de la renta media disponible; pero, en sentido inverso, los activos para responder de dicha deuda son extraordinariamente superiores. De hecho, la riqueza de los hogares en inmuebles y activos financieros suma casi 6,5 billones de euros, y supera el 600% del PIB, a causa sobre todo de la escalada del precio de los pisos.
Quizá la subida de los tipos, persistente pero gradual, puede ser asumible; quizá, como inconvenientemente apuntó Fernández Ordóñez, puede ser paliada por una ampliación aún mayor de los plazos en el pago de las hipotecas. Lo cierto, sin embargo, es que éstas son especulaciones propias del ministro de Hacienda pero nunca de un gobernador del Banco de España.
Éste, en mi modesta opinión, según aprendí de los predecesores, debe ser como el Papa: no está para bendecir nuestras desviaciones sino para señalar nuestros vicios; no está para absolver –salvo caso de necesidad perentoria– sino para, como mínimo, advertir. Está, en definitiva, para señalar siempre el camino apropiado.
Supongo que las razones del notorio cambio de actitud tienen mucho que ver con las especiales condiciones en que se produjo su nombramiento: Fernández Ordóñez pasó en seis meses de secretario de Estado de Hacienda a gobernador, fue designado sin contar con el respaldo de la oposición y él mismo prescindió de cualquier posible acuerdo con el PP a la hora de elegir a sus más estrechos colaboradores.
Como siempre he sido enemigo de los consensos, no ensayaré el haraquiri por esta serie de prácticas ciertamente originales que, en todo caso, desdicen una vez más la voluntad de talante y de diálogo del Gobierno de Zapatero. Me interesan más las consecuencias de los actos que éstos en sí mismos.
¿Y cuáles son las consecuencias? Pues que el primer discurso del gobernador ante el Congreso fue extraordinariamente plácido sobre los presupuestos del Estado, que es lo que debía evaluar desde la óptica del Banco de España.
Es verdad que Fernández Ordóñez dijo que, en las condiciones actuales, el superávit público debería ser mayor del previsto y que era necesaria una reforma laboral adicional –una más– que tampoco especificó. Pero ahí quedó todo, éstos fueron los discretos conatos de incomodidad pública en el marco de un mensaje general caracterizado por una complacencia contenida y la impresión de haber salvado los papeles gracias al ruido mediático que distrae el país con otros asuntos más turbios.
Llegados a este punto, ustedes podrían preguntarme: Y bien, ¿qué es lo que debería haber dicho el gobernador? ¿Qué cree usted que hubieran objetado Rubio, Rojo, incluso Caruana –nombrado por el PP– en este señalado trance? Pues yo creo que podría haber afirmado, por ejemplo, lo siguiente: Que un incremento del gasto público equivalente al 6,7% del PIB, lo mismo que está previsto que crezca nominalmente la economía, no puede considerarse un elemento tranquilizador.
También podría haber incidido en que este gasto público esconde un aumento inapropiado del dispendio de carácter estructural, que dará lugar a compromisos futuros de pagos sin generar recaudación adicional de impuestos, poniendo así en peligro la estabilidad presupuestaria cuando la situación se tuerza: la elevación de las pensiones mínimas y de los complementos por encima de la inflación, así como la nueva asignación presupuestaria al sistema de dependencia, que se duplica de 200 a 400 millones de euros, son una muestra. Igualmente reprobable es el impacto presupuestario del acuerdo laboral para promover la contratación fija, que asigna fondos públicos a gasto corriente.
Pero ya que el gobernador se mostró a favor de una nueva reforma laboral, podría haber incidido en las enormes deficiencias de la reciente. Ésta, de cuya singladura el Gobierno parece muy orgulloso, consiste en subvencionar la conversión de contratos temporales en fijos, y puede que ofrezca brillantes resultados en el corto plazo, al reducir la brecha de los costes de despido entre unos y otros, pero no servirá para crear los incentivos que las compañías necesitan para contratar indefinidamente de forma sostenida, una vez que finalice el periodo en que la reforma es operativa, según apunta con precisión el Círculo de Empresarios.
Podría haber constatado, en definitiva, que son unos presupuestos continuistas, que se abstienen de cualquier reforma estructural que pueda ser llamada por tal nombre: a falta de acciones en el mercado laboral, el impulso presupuestario a la educación no sólo es irrelevante en términos absolutos sino esencialmente ineficaz, pues una educación mejor no depende tanto del dinero como del enfoque filosófico del sistema; el impulso público a la investigación y desarrollo es notable pero adolece de medidas que puedan imbricar en el mismo la iniciativa privada; finalmente, el sistema de seguridad social elude las transformaciones que pueden asegurar su sostenibilidad futura, sobre la que alertan cada vez con más intensidad los organismos internacionales. Sin excepción.
Todo esto quedó desgraciadamente ausente del discurso del gobernador, quién sabe si pendiente de futuros discursos; quizá de manera explicable, dado su rapidísimo y polémico trasvase desde el gobierno al banco, con las servidumbres imaginables.
Es una actitud, en todo caso, no disculpable, que se agrava, inesperadamente, si el énfasis se sitúa en un cuerpo absolutamente extraño a la cultura de un banco central: la desdramatización del endeudamiento familiar. A un gobernador se le elige para que ejerza el drama, la tragedia, ya sea forzada, no para un entremés.
Definitivamente, no ha sido el de Fernández Ordóñez un buen estreno.
Miguel Ángel Belloso. Vicepresidente del Consejo Editorial de EXPANSIÓN y ‘Actualidad Económica’

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