Teóricamente, el Gobierno sabe que no debería aumentar más la inversión para sacar adelante los Presupuestos. Pero económica y políticamente, la situación es bien distinta.

Muy posiblemente Solbes no lo quería. Pero es más que probable que el vicepresidente Económico se vea obligado por las circunstancias a hacer un presupuesto mucho más expansivo de lo que dictan sus deseos, con aumentos de la inversión pública con tantos ceros como nunca han visto unas cuentas públicas.

Porque el Estatut ha elevado las aspiraciones de los Gobiernos regionales. A la vista de que Zapatero ha abierto la mano con Cataluña, el resto de autonomías han pedido también un esfuerzo extra. O, lo que es lo mismo: que se aumente aún más los fondos que reciben para infraestructuras, incluso, las no programadas. Unos fondos que ya en el borrador de las cuentas se elevan un 8,40%, casi 1.640 millones de euros.

¿Puede el equipo que capitanea el vicepresidente asumir este esfuerzo? Teóricamente, no: las inversiones ya crecen a un ritmo demasiado potente y no sería aconsejable un nuevo incremento, máxime cuando se duda de la ejecución presupuestaria de muchas de las comunidades que quieren romper la hucha. Pero económicamente y políticamente, poder es querer y, aunque la razón no lo aconseje, el esfuerzo está asegurado. El Gobierno, de un lado, se ha reservado un colchón –conocido como el bote de sus señorías, un remanente para negociaciones parlamentarias–, que asciende a más de 530 millones, lo que da margen para ceder a los deseos autonómicos. Y precisamente lo hace para dar paso al juego político, campo en el que actualmente se debaten los Presupuestos.

Porque los grupos parlamentarios, en caso de que Solbes no atienda a parte de sus demandas, han puesto su castigo encima de la mesa: obligar al Gobierno a que devuelva los Presupuestos, lo que supondría un duro golpe que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no puede permitirse.

A día de hoy, arden los ánimos y hasta mañana en el debate de totalidad de los Presupuestos que se celebra en el Congreso no se verá el apoyo real de las cuentas que, si se votaran hoy, saltarían por los aires: el Ejecutivo se enfrenta a las enmiendas de cinco grupos: el PP, que tiene 148 diputados; CiU (10); ERC (8); PNV (7), y EA (1). Es decir, que cuenta con más apoyos en contra, 174, que a favor, pues el Grupo Socialista sólo suma 164 votos, al poder disponer, además de los suyos, de los 3 de Coalición Canaria, los 2 del BNG y alguno más del Grupo Mixto, como el de la Chunta Aragonesista. Una suma que, en ningún caso, alcanzaría los 174 contrarios al Gobierno.

Negociación de última hora

En este escenario, Hacienda nunca ha perdido la esperanza, y no ha dejado de retratarse como el más optimista para vencer el debate. El Ministerio de Economía reconoce, incluso, que ya se están produciendo contactos privados con algunos de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad para lograr su retirada, aunque sólo con aquellos con los que se aspira a que retiren su castigo, entre los que, obviamente, no se encuentra el mayoritario, el PP.

Porque querer es poder. Y aunque a veces teóricamente no sea lo aconsejable, no hay más remedio que rascarse el bolsillo.

Con permiso de las elecciones catalanas

El Gobierno no lo niega: las elecciones catalanas, que se celebran el 1 de noviembre, se están dejando sentir en los Presupuestos. El vicepresidente Económico, Pedro Solbes, ha ido incluso más allá, y ha llegado a asegurar que los comicios introducen “cierta contaminación” en las negociaciones parlamentarias, haciendo así más “complejo y difícil” el debate. En opinión del Ejecutivo, las cuentas del próximo año “cumplen con los requisitos para disponer de los apoyos suficientes”, pero el problema es que los Presupuestos se están jugando más en la arena política que en el terreno económico. Eso supone, como reconoce el propio vicepresidente, que las “alternativas de partidos catalanes que podrían apoyar las cuentas están pensando más en el proceso catalán que en el ámbito presupuestario”.

Lo cierto es que estos Presupuestos pasarán a la historia como los del baile de cifras en las inversiones en la comunidad autónoma, que la propia Generalitat elevó por encima de la cifra de Solbes el mismo día de la presentación en el Congreso. A día de hoy, se baraja que Cataluña reciba 750 millones extra, si bien la procedencia y el destino de 250 millones de esa cantidad es aún una incógnita. La situación actual es tal que, en algún momento, el cruce de declaraciones ha subido de tono, y el Ejecutivo incluso se llegó a mostrar sorprendido por la “falta de rigor” con la que el debate se ha planteado desde Cataluña.