Quisiera empezar exponiendo algunos datos extraídos del último informe del equipo de trabajo Doing Business, dependiente del Banco Mundial. Sus indicadores permiten realizar comparaciones entre 175 economías y son utilizados por muchas empresas en todo el mundo para orientar decisiones sobre la ubicación de sus centros de trabajo. Según el informe mencionado, "en España se necesita el triple de tiempo para poner en marcha un negocio que la media en los países de la OCDE" y "el tiempo que las empresas dedican a los trámites necesarios para pagar sus impuestos y la Seguridad Social es de 602 horas al año, mientras que la media de los países de la OCDE es de 203 horas". Estos y otros aspectos han hecho que España, en el último año, haya bajado del 30. º al 39. º lugar del ranking de países respecto a las mejores condiciones para crear y desarrollar actividad empresarial.

En Catalunya llevamos más de diez años con una inversión pública por habitante presupuestada muy inferior a la de las regiones de Europa con las que competimos, con un porcentaje de ejecución real de los más bajos, entre otras cosas porque, en nombre de un concepto de sostenibilidad en mi opinión mal entendido - eso sí, políticamente muy correcto- nos permitimos el lujo de retrasar continuamente el desarrollo de las pocas infraestructuras que están aprobadas. Al mismo tiempo, contamos con un cuerpo legislativo de los más extensos y exigentes de la OCDE y sin duda el más diverso a la hora de ser aplicado, ya que cada uno de nuestros ayuntamientos tiene una casi total autonomía para adecuar la normativa a su conveniencia. En conjunto, somos un país excesivamente regulado y burocratizado, con un nivel de infraestructuras cada vez más pobre.

Creo que ha llegado el momento de revisar los fundamentos del papel que cumple el Estado en la sociedad. Podría entenderse que cincuenta años atrás, en un escenario en el que la concentración de la riqueza era mucho mayor, se considerase que el principal papel de la Administración debía ser redistribuir los recursos, velando por los intereses de los más desfavorecidos a través de la prestación de servicios a los que no podían acceder de ninguna otra forma, aunque fuera con una gestión poco eficiente. Pero convendrán conmigo en que nuestra situación actual es muy distinta. La mayor parte de los impuestos proviene de las clases medias, que significan más del 85% de la población, y las administraciones dedican una parte muy significativa - y en mi opinión excesiva- de estos recursos a gestionar y controlar servicios que en muchos casos podrían ser prestados por la iniciativa privada de forma mucho más eficiente.

En Catalunya las últimas cifras de las que disponemos nos dicen que tenemos más de 525.000 empresas con menos de veinte trabajadores que representan el 97% del total. A estas hay que añadir los centenares de miles de trabajadores autónomos que desarrollan una actividad empresarial regulada sin constituir para ello sociedades mercantiles.

En conjunto, este entramado representa más del 65% del empleo y del 60% del producto interior bruto (PIB). Hace unos años, hablando con un alto directivo de una multinacional, líder en un sector que trabaja casi exclusivamente para la Administración, me confesaba en privado que ellos no estaban especialmente interesados en que la Administración mejorara su eficiencia acortando los plazos de pago, porque eso hacía "imposible la existencia de los más pequeños y eliminaba la competencia". Hace más de cinco años que desde esta organización, Cecot, con distintos interlocutores de la Administración, hemos intentado establecer una ventanilla única para resolver los trámites de las empresas y ha sido imposible ¿Saben por qué razón? Porque la complejidad interna de esa Administración es de tal dimensión que han sido incapaces de gestionarla.

Tanta complejidad ¿es realmente necesaria? ¿No les parece paradójico que, por poner sólo un ejemplo, exista un equipo de catorce funcionarios exclusivamente dedicado a revisar el escrutinio de los resultados de las elecciones de los más de ocho mil clubs deportivos privados catalanes y luego digan que no tienen recursos para atender mínimamente a los 150 inmigrantes que vinieron de las islas Canarias a Catalunya este verano? Sinceramente, creo que urge una redefinición del papel de las administraciones públicas y una reducción drástica del cuerpo legislativo. La eficiencia y la eficacia de lo público deben ser los nuevos valores, y lo contrario, aunque lo disfracen de modernidad, es profundamente conservador.