Hay que ver el "gran honor" que ha hecho a su partido el presidente honorífico del PSOE gijonés, el tal Marcelo García, con sus descabelladas declaraciones referidas al proceso judicial en que están inmersos los líderes sindicales de la CSI, Juan Manuel Morala y Cándido Carnero.

Con los "honores" que proporciona deberían los sociatas pensar en declararlo también presidente "horrorífico", pues pocas veces alguien como este individuo ha podido alcanzar tal grado de desfachatez y miseria política en el análisis de la represión judicial que se quiere aplicar a estos líderes obreros por las movilizaciones sindicales llevadas a cabo en defensa de los astilleros gijoneses.

Eso de decir que hay algunos comportamientos sindicales de izquierdas que enlazan con la derecha, recordándonos de paso que Mussolini fue también sindicalista (y por si alguien no lo sabe, incluso socialista), refleja hasta qué punto estos sociatas no sólo ven todos sus errores en clave de culpa sempiterna de la derecha, sino también cómo aplican la recurrente falsa conciencia estaliniana represiva a sus opositores.

Si alguien les critica, aunque sea de izquierdas, seguro que tiene, si no un pasado de tipo mussoliniano, uno travestido de derechas, y, en cualquier caso, es un traidor derechoso que lo único que quiere es perjudicar la sagrada causa de los proyectos de negocio urbano-especulativo “en favor” de pueblo que ellos “representan” y dirigen. En una palabra, por mucho perfil izquierdoso que se tenga, si es necesario al crítico se le tilda, en plan purga estalinista, de vendido a la derecha –tal como subraya acertadamente el editorial de EL COMENTARIO del día 12-, y por tanto reo de ser perseguido hasta meterlo en la cárcel.

Naturalmente, para llevar a cabo tan deleznables e ignominiosos propósitos, se escudan en una pretendida y gratuita patente de corso derivada de su condición de izquierdas, y al amparo, por tanto, de la creencia en que la ciudadanía será incapaz de ver más allá de sus pérfidas intenciones (interpretación totalmente anacrónica a la altura de los tiempos que vivimos, tras la caída del muro de Berlín y después de todo lo que ha llovido desde entonces).

La alianza entre los negocios constructivo-inmobiliarios y la clase política dirigente es hoy una realidad preñada de comunes intereses a más no poder. Las continuas y fuertes protestas ciudadanas por toda España contra las especulaciones urbanísticas salvajes, que cuentan con la anuencia de Ayuntamientos y Gobiernos autonómicos, no hacen más que confirmar este estado de cosas.

El caso de Asturias es, en este sentido, paradigmático. Toda la política arecista se ha venido constituyendo en dos vertientes principales: el fomento de la especulación urbanística y la implantación de un nuevo modelo de producción energético basado en la explotación del gas y la electricidad (proyecto de regasificadora y múltiples instalaciones de centrales de ciclo combinado), la cual va en detrimento de la energía tradicional de Asturias, el carbón.

Lo más curioso de esta política arecista-socialista es que encuentra no sólo su correlato perfecto con los masivos procesos de especulación del suelo imperantes en toda España, sino con los procesos de concentración corporativos, en el ámbito de la energía, que se vienen produciendo en los últimos tiempos, al socaire de la luchas por su control entre las distintas autonomías, nacionalidades, naciones o realidades nacionales (o lo que gusten llamarse con el beneplácito irresponsable del socialismo zapateril) y países europeos (Portugal, Alemania, Italia, etc).

Curiosidad que, a escala nacional, encuentra su paroxismo en el maridaje que se está dando entre el mundo de la sociedades constructoras e inmobiliarias y el de las sociedades energéticas, es decir, dos de los sectores empresariales principales sobre los que se asientan los pingües beneficios actuales y futuros, y a los que no serán ajenos el corrompido sistema partitocrático que domina la actual política española.

Empresas constructoras e inmobiliarias que, en su proceso de diversificación empresarial, adquiriendo importantes participaciones accionariales en el sector energético, llevan camino de ver incrementadas sus cuentas de resultados no sólo con la especulación feroz del suelo, sino con la no menor especulación del uso de la energía que se presenta como alternativa: el gas, eólica, solar, biodiesel, etc.

Constructoras-inmobiliarias que entran a saco para hacerse por cuatro perras con los terrenos de infelices y desamparados ciudadanos (véase el caso, por ejemplo, de auténtico “expropiacidio”, de toda la zona rural gijonesa) o de empresas en dificultades (caso de los astilleros gijoneses), sin que el poder político ponga coto a sus depredadoras actuaciones, pues, antes al contrario, colabora denodadamente en la feliz resolución de unos intereses comunes oscuros e inconfesos. O que entran a saco en las empresas energéticas bajo una ausente política nacional energética (al paso que vamos se supone que cada autonomía tendrá la suya propia), y una presente política especulativa sobre sus diferentes explotaciones y usos consecuencia de la inexistencia de aquélla.

En este escenario, resulta claro que las actuaciones político-judiciales represivas contra Morala y Cándido son un corolario escandaloso más de todos estos procelosos asuntos de interés político-económico-partitocrático. No es necesario insistir más en los contenidos críticos que ambos han venido desarrollando al respecto. De todos es sabido. Como también es sabido que, más allá de una identificación política con ambos no exigible, se han erigido, mutantis mutandis, en unos auténticos tribunos del pueblo, en la más pura tradición de la Roma antigua, al denunciar los desmanes y perjuicios que determinadas políticas patricio-socialista-arecistas-zapateriles suponen para la ciudadanía asturiana en general.

Como líderes sindicales, como auténticos tribunos de la plebe, y en el contexto en que se explicita lo antedicho, sus figuras y sus denuncias deberían ser consideras, tal como se hacía en la antigua Roma, sacrosanctas, es decir, inviolables. Y en la medida en que se arremete contra ellos, en la medida en que se les trata de coercionar (coercitio) por defender los intereses de la ciudadanía, tienen todo el derecho a solicitar lo que en Derecho romano se llamaba provocatio ad populum, esto es, el derecho que tenían los ciudadanos de apelar al pueblo reunido en comicios contra las sentencias de los magistrados que consideraban abusivas o injustas.

Y ante tan abusivo panorama, ante tan rechazable ataque a las libertades ciudadanas que se viene padeciendo, la planeada concentración-manifestación de demócratas que se prepara ya, según se anuncia ya desde EL COMENTARIO TV y otros medios, tiene todas las exigencias de la descrita provocatio ad populum. Que así sea.