El envejecimiento de la población avanza de manera acelerada por el norte de España, lo que obliga a la Seguridad Social a elevar su esfuerzo protector en el pago de pensiones. Prácticamente, desde Aragón hasta Galicia y Castilla y León, al menos el 40% de los hogares de la comunidad autónoma reciben una pensión de la Seguridad Social.

En algunas regiones, como Asturias y Galicia, el número de familias con esta cobertura es de casi el 50%, y en el otro extremo, como Navarra, País Vasco y Cantabria, la cobertura es del 38,1%; el 37,9% y el 39,4%.

Así se desprende del informe que acaba de publicar la Fundación Alternativas, ligada al PSOE, sobre las Prestaciones sociales y la renta familiar, elaborado por José Luis Achurra y María Teresa Quílez, miembros ambos de la Dirección General de Ordenación Económica de la Seguridad Social. Como causa común de la elevada protección de las familias en el norte de España está el envejecimiento de la población.

De hecho, si se analiza el mapa de la dependencia, entendiendo como tal el número de personas mayores de 65 años que dependen por su pensión de los individuos en edad y condiciones de trabajar, se advierte que todas las regiones del norte están por debajo de la media nacional, que es de 3,76 activos -trabajando o en edad de hacerlo- por cada jubilado.

De hecho, y junto a Extremadura, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia son las únicas comunidades autónomas que tienen un déficit crónico en la balanza entre ingresos por cotizaciones sociales y pago de pensiones contributivas. No obstante, la relación más preocupante de dependencia es la de Castilla y León, que tiene 2,7 personas entre 20 y 64 años por mayor de 65.

La explicación es que históricamente esta comunidad autónoma es fuente de emigración laboral hacia la España industrial. Por lo tanto, cada vez es mayor el desequilibrio entre los jubilados que vuelven a su tierra al final de su vida laboral y los jóvenes que no han emigrado.

Solidaridad regional

O, dicho de otra manera, como dice la Seguridad Social, la compensación en pensiones de las regiones ricas a las regiones pobres es la devolución del esfuerzo que hicieron éstas enviado a su gente a trabajar a la España próspera. Otro tanto ocurre con la emigración y el envejecimiento de Galicia, a lo que hay que añadir los efectos de la reconversión industrial del final del siglo pasado. Es decir, a la utilización masiva de las prejubilaciones -hasta los 60 años- y las jubilaciones anticipadas -hasta los 64 años-.

Bien es verdad que Asturias es el caso más claro de los efectos causados por la reconversión industrial y, específicamente de la minería, sobre el sistema de pensiones. Esto hace además que las prestaciones en la comunidad autónoma sean las más altas de España. Históricamente, y en líneas generales, los salarios industriales son los más elevados de la economía.

Por todas estas razones, según la Fundación Alternativa, el Principado es, con diferencia respecto a las demás, la región en la que la pensión representa una proporción mayor en los ingresos de las familias que reciben esta prestación. En Asturias, esta proporción es del 31,23%; del 25,62% en Castilla y León, y del 24,9% en Galicia.

En las comunidades con la población más joven como Islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la pensión representa entre el 13,7% y el 14% porque, en proporción, hay más gente trabajando, gracias, en gran parte, a la inmigración. Otro tanto ocurre en Madrid, donde la pensión representa, de media, el 15,24% de los ingresos en los hogares beneficiados. Madrid, con un 27,1%, es la región donde hay menos hogares con pensión. En España hay 4.026.000 hogares en los que la pensión representa el ingreso principal. Es decir, el 93% de los que tienen esta prestación.

Más de 56.000 millones para la cohesión social

El Consejo de Ministros aprobó ayer la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza y de mejora de la cohesión social 2006-2008. El programa reúne el conjunto de iniciativas que con este fin ya tienen en marcha el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el conjunto de las organizaciones no gubernamentales (ONG) .

Por ello, el gasto presupuestado en los dos próximos años por las administraciones asciende a 56.596 millones de euros. El programa recoge algunos objetivos del Gobiernos de mejorar los niveles de ocupación para 2010, ya previstos en el Programa Nacional de Reformas. Por ejemplo, aumentar la tasa de empleo hasta el 66% de la población que está en edad y condiciones de trabajar, y hasta el 57%, la ocupación femenina.

También se recoge el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600 euros a lo largo de la legislatura. En la educación, el Gobierno se plantea reducir el abandono escolar prematuro en la Enseñanza Secundaria al 20% de los alumnos en 2008 y al 15% en 2010.

El Ejecutivo también pretende garantizar para esa fecha la gratuidad y la escolarización de todos los niños de 3 a 6 años en 2010. Dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, el Ejecutivo ha incluido también el desarrollo del Sistema Nacional de Dependencia y el programa de integración de los trabajadores inmigrantes.