La clase política catalana sigue sin enterarse de que se la califica con un suspenso. Con razón se dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues bien, la sordera crónica, el mantenerse inmune a las críticas y despreciarlas por ver en ellas la negra mano de los enemigos de siempre, es una de las notas más características de nuestra clase política. Lo comprobamos a diario en las declaraciones de los cargos públicos y en las opiniones de los articulistas y tertulianos más habituales.

Últimamente los ejemplos han sido numerosos. Frente al nuevo Estatut - ese clamor que sólo fue aprobado por el 36% de los catalanes- han interpuesto ya recurso de inconstitucionalidad el PP y el Defensor del Pueblo y lo han anunciado varias comunidades autónomas, entre ellas, si no me equivoco, Aragón, Baleares, Valencia, La Rioja y Murcia. En un texto tan problemático y tan criticado desde la política y desde la academia, estos recursos eran algo más que esperables y debían ser recibidos con normalidad. Pues bien, el presidente del Parlament señor Benach ha pronunciado en declaraciones a este periódico estas amenazadoras palabras: "Si el Constitucional falla contra el Estatut, se abrirá una crisis de Estado sin precedentes". ¿Se imaginan que el presidente del Congreso hubiera declarado, por ejemplo, que si el Parlament aprobaba un proyecto de Estatut se produciría "una crisis de Estado sin precedentes"?

Otro ejemplo lo encontramos en el Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC), ese curioso organismo paternalista que intenta controlar a la opinión pública catalana para que no se desvíe de la buena senda que le señalan los partidos que designan a sus miembros.

Pues bien, respecto a esta institución hay que señalar dos hechos recientes. Primero, el Gobierno Zapatero interpuso recurso por considerar que más de una tercera parte de los preceptos de la nueva ley del CAC aprobada por el Parlament eran inconstitucionales. A consecuencia de ello, el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar nada menos que 55 de sus 140 artículos. Segundo, una juez de lo contencioso-administrativo de Barcelona ha admitido un recurso, interpuesto por el nuevo partido Ciutadans, contra el acuerdo del pleno del CAC según el cual era conforme a las normas que rigen la publicidad el vergonzoso anuncio de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes - generosamente subvencionada por la Generalitat- en el que se utilizaba a niños para ilustrar el supuesto enfrentamiento político entre Catalunya y España. La juez dispuso anteayer suspender cautelarmente la emisión del anuncio. Por supuesto, las direcciones de las emisoras de televisión y la opinión publicada catalana habían defendido un spot publicitario que el mero sentido común ya advertía que era inaceptable.

Por todo ello, es decir, por consentir y alentar este clima de desprecio por el derecho y por las instituciones, no son de extrañar los sucesos de ayer. El PSC y los demás partidos condenaron la agresión a Piqué y a Acebes y ello es un paso positivo respecto a la campaña electoral anterior. Pero quienes convocaron el boicot al acto electoral del PP fueron las Juventudes Socialistas, que, con posterioridad a los hechos, declararon en una nota oficial que "era una vergüenza que Acebes viniera a Catalunya" y responsabilizaban de los hechos a la Guardia Civil. Además, al mismo tiempo que sucedían estos lamentables sucesos, Zapatero se pavoneaba en un mitin del PSC de que "él siempre se sentía cómodo en Catalunya, no como otros dirigentes", refiriéndose a los del Partido Popular a los que se estaba atacando en aquellos momentos.

Nada es casual. Si el CAC, presidido por un socialista, permite publicidad que subliminalmente incita al odio, además con niños de por medio, no es de extrañar que las juventudes socialistas justifiquen la violencia física. Del mismo modo, si el presidente del Parlament hace responsable al Tribunal Constitucional de una crisis de Estado en el caso de que emita una determinada resolución judicial, si el presidente de la Generalitat presencia un partido de fútbol en el que buena parte del público estimula MESEGUER la enemistad entre ciudadanos y no condena los hechos al final del partido, si éste es el ejemplo que dan los líderes políticos, no es de extrañar que las juventudes de sus partidos cometan el absurdo de atribuir a la Guardia Civil la responsabilidad de la agresión contra Piqué y Acebes.

Como tampoco es de extrañar, en ese ambiente de deterioro de la moral pública y en esa demostración de incompetencia política, que el ministro del Interior alegue motivos de seguridad y suspenda la cumbre de ministros de la Vivienda de la Unión Europea que debía celebrarse los próximos días en la ciudad de Barcelona. Esta suspensión es, ciertamente, una vergüenza y un desprestigio para nuestra ciudad y para Catalunya. Es un suspenso claro a nuestra clase política. Pero nadie puede negar que existen causas fundadas para la suspensión.

En la Catalunya oficial hay un desprecio generalizado por la ley y por las instituciones políticas, a excepción de las propias. La crítica a los cargos públicos es casi inexistente. Los órganos de control que deberían ser independientes, por ejemplo el CAC, siguen el dictado de los partidos. Los políticos se distancian cada vez más de los ciudadanos. Las próximas elecciones pueden ser la ocasión para que la sociedad ponga en su sitio a los dirigentes políticos.