La presión fiscal subió un punto en el primer año de Gobierno del PSOE, de Lorenzo Ramírez en Expansión
Cuando en abril de 2004 el recién electo Gobierno del PSOE tomó posesión efectiva y comenzó a diseñar la política económica que regiría España durante los siguientes cuatro años, muchos consideraban que se iba a producir un cambio de rumbo en materia tributaria de carácter progresista, es decir, que se avecinaban subidas de impuestos para los ciudadanos y las empresas.
Acertaron.
Aunque el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha hecho honor de su herencia europea –ámbito en el que no caben políticas económicas que desincentiven la inversión y el ahorro–, parando las aspiraciones de algunos ministros respecto a los aumentos de impuestos para poder elevar el gasto público, lo cierto es que la presión fiscal se incrementó en España durante el primer año de la legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Así lo refleja el último informe de impuestos de la OCDE, la organización que agrupa a las treinta economías más avanzadas del mundo, que sitúa en el 35,8% del Producto Interior Bruto (PIB) los ingresos fiscales de España en 2005, frente a la presión fiscal del 34,8% contabilizada un año antes.
Por lo tanto, cada español entrega una media de 35,8 euros a Hacienda en concepto de impuestos, un porcentaje reducido si se compara con los 51,1 euros de Suecia, los 49,7 de Dinamarca, los 45,4 de Bélgica, o los 44,3 de los vecinos franceses, pero que es amplio si el análisis se realiza con la presión fiscal de Estados Unidos (26,8), Canadá (33,5) o Japón (26,4%).
El informe del organismo internacional no aporta datos de 2005 para la Unión Europea y la eurozona. en 2004, la presión fiscal en la UE-15 fue del 39,7%, mientras que en la Europa ampliada la tasa se situó en el 38,8%. En el conjunto de la OCDE, de cada 100 euros que ingresa cada hogar 35,8 van a parar a las arcas tributarias de cada país.
Volviendo a la situación española, el informe certifica el aumento sostenido de los ingresos fiscales respecto al PIB en los últimos tres años. La razón del continuo aumento de la carga fiscal, exceptuando las tradicionales modificaciones de las tarifas de algunos impuestos para ajustarlos a la marcha de los precios, se encuentra en el crecimiento de la economía, lo que, sin duda, es una gran paradoja.
El dinamismo de la actividad en los pasados años, con crecimientos del PIB superiores al 3% acelera la creación de empleo, lo que aumenta la renta media de las familias. El círculo se cierra cuando en la elección de los hogares prima el consumo sobre el ahorro, algo que se constata cada año con un simple análisis de la marcha de la demanda interna.
De esta forma, los ciudadanos compran más porque disponen de mas fondos gracias a sus trabajos y, por lo tanto, se dispara la recaudación del IVA, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los impuestos especiales, generando un crecimiento de la factura fiscal de los contribuyentes.
Llegados a este punto, es necesario recordar que el presidente del Gobierno prometió durante la campaña electoral una rebaja de impuestos y una reducción d la carga fiscal que soportan las familias, lo que, a todas luces, no se está cumpliendo. El sostenido aumento de esta presión acerca poco a poco a España a los niveles medios comunitarios.
De hecho, entre 1975 y 2005 la carga fiscal ha repuntado 16 puntos en el territorio nacional, siendo el país con el incremento mayor en términos absolutos de toda la OCDE. Los únicos Estados donde ha disminuido esta variable desde 1975 son Holanda, Alemania y Estados Unidos, donde la factura impositiva se redujo entre dos puntos porcentuales en el caso holandés, y poco menos de una décima en la mayor economía del mundo, mientras que la carga para los contribuyentes alemanes cayó en 1,3 puntos.
En el caso de España el principal componente de los ingresos fiscales han sido las contribuciones a la Seguridad Social, con algo más del 34%, por encima de los impuestos sobre el trabajo y el capital y los que gravan bienes y servicios, que en ambos casos superan el 28%. Sin embargo, en países como Dinamarca o Nueva Zelanda, el 60% de los impuestos están vinculados exclusivamente a tributos sobre la renta de las personas y los beneficios de las empresas.
