De Juana Chaos y el fiscal: puede haber pacto pero no violación de la legalidad, de Antonio Casado en El Confidencial
En un debate político-mediático tan barato es difícil abrirse paso con argumentos. Triunfa la soflama, el aspaviento, la descalificación, los juicios de intenciones. Argumentos y matices se ahogan en medio de climas artificiales y palabreros donde parece tener más razón quien más grita o quien repite más veces una mentira. Pero aún es posible explicarse entre gente razonable, con sentido común e independencia de criterio, aunque sea inevitable cargar con el sectarismo de quien consulta un medio de comunicación sólo para leer o escuchar lo que quiere oír, so pena de vomitar sobre quien osa apartarse de la verdad revelada por ruidosos predicadores del alba y su periódico favorito. De ellos se mimetiza hasta el lenguaje. Qué le vamos a hacer.
En uno de esos medios se editorializaba ayer: "Nadie rebajó la pena a los 25 asesinados por De Juana Chaos". Aldabonazo coreado por dirigentes del PP y, en general, quienes se resisten a cerrar con siete llaves las urnas del 14 de marzo. El título del editorial condensa el estado de opinión fabricado para arremeter sin más contra el Gobierno "traidor" y "claudicante", mediante el uso de argumentos deliberadamente falsos. Se acusa al Gobierno de haber manejado a la Fiscalía General del Estado para pactar por personas interpuestas (el obispo Uriarte y una novia que aguarda al otro lado de los barrotes) el final de la huelga de hambre de De Juana Chaos. El precio consistiría en rebajar a dos años el horizonte carcelario de este sanguinario personaje que, de otro modo, hubiera sido de noventa y seis.
Son los términos que describen la controversia, pero interesa centrarse en la cuestión de fondo: ¿se han burlado Zapatero y Conde Pumpido del Estado de Derecho para hacer política? Eso afirman quienes participan en su lapidación verbal, por la supuesta violación del principio de legalidad que ambos habrían cometido al ofrecer el recorte para desbloquear el llamado "proceso de paz".
No propongo desvincular el fin de la huelga de hambre del etarra y la posición del fiscal respecto a la pena que piensa solicitar en el juicio del próximo día 27. No soy tan ingenuo. Pero sólo desde la mala fe se puede argumentar con una supuesta violación de la legalidad y el Estado de Derecho si la Fiscalía General del Estado entiende que en las cartas publicadas en Gara por De Juana (diciembre 2004) hay un solo delito continuado de amenazas (la petición fiscal podría quedarse en dos años, como en el caso de Iñaki Bilbao y otros similares) y no varios (la petición podría llegar hasta 96 años).
Si en la estricta aplicación del Código Penal, que incluye el fuero o la competencia exclusiva del fiscal para acusar en nombre de la ciudadanía, además se evita la muerte de un ser humano y se frena el vandalismo urbano de los cachorros de ETA, mejor que mejor.
No rebajar la petición fiscal de 96 años de cárcel a De Juana por amenazas -no por asesinato, ojo-, solo porque nadie se la rebajó a sus 25 asesinados, sí sería forzar el principio de legalidad.
