El país funciona. Trabaja; estudia; hace proyectos; procura ganar dinero y mejorar la suerte de sus hijos; viaja; se divierte; ha perdido algunos valores, pero fomenta otros; a veces es borde y muestra aún el pelo de la dehesa, pero va superando viejos atavismos de radicalismo y violencia. El país, en suma, ha mejorado. En cambio, su vida política cae, día tras día, en una sima de polarización aviesa, de indigencia ideológica, de miseria humana y de enfrentamiento soez. Así, existe ahora una campaña de acoso y derribo de ciertos medios de comunicación y sectores políticos contra cualquier juez que no concluya que la masacre del 11-M fue obra de ETA.

En esta línea, en un Madrid político y periodístico al borde del ataque de nervios por el asunto del ácido bórico, se ha acusado al juez Garzón de prevaricar. La extremosidad del ataque se debe a la indignación provocada en sus autores por el proceder del juez, que imputó a tres peritos como autores de una falsificación de la que eran presentados como víctimas por quienes defienden la teoría de la conspiración sobre el 11-M.

PERO LO peor no es eso. Lo inadmisible es que este enfrentamiento haya saltado al Consejo General del Poder Judicial, al negarse sus vocales afines al PP a dar amparo al juez Garzón, tal y como habían pedido los vocales elegidos a propuesta del PSOE. Fue José-Luis Requero --propuesto por el PP-- quien tomó la iniciativa, al denunciar a Garzón por un supuesto trato vejatorio a los peritos imputados, durante su interrogatorio, basándose en una información de El Mundo y pese a que los dos fiscales presentes --Olga Sánchez y Pedro Rubira-- lo desmintieron. Lo que implica que el partidismo más palmario corroe, desde dentro, a una institución concebida por la Constitución como la garantía máxima de la independencia e imparcialidad de los jueces. El desastre es, por tanto, manifiesto y grave, porque no cabe ni pensar en un Estado democrático de derecho sin una judicatura independiente e imparcial.

Hay tres oficios que exigen una especial vocación, por generar una extrema responsabilidad en quienes los ejercen, al incidir sus decisiones --de manera directa y muchas veces irreversible-- en la vida, el destino y la hacienda de las personas. Son los oficios de quienes enseñan, de quienes curan y de quienes juzgan. Que maestros y profesores pueden dejar una huella indeleble en el espíritu de sus alumnos, está fuera de duda. También resulta ostensible la repercusión del quehacer de los médicos en la salud de sus pacientes.

PERO NO es menor la trascendencia de las resoluciones judiciales en la honra, los intereses y el patrimonio de los ciudadanos, así como en la paz social. Porque, en el fondo, no existe la justicia absoluta, sino tan solo la justicia del caso concreto. Hasta tal punto, que puede sostenerse que, en su más radical esencia, derecho es lo que dicen los jueces. De ahí que la posición de los jueces sea central dentro de la estructura del Estado.

Tanto, que les sería aplicable una anécdota de El Guerra --el diestro cordobés Rafael Guerra Bejarano--, quien, interrogado acerca de quien era el primer torero de su época, respondió: "Primero, yo; después naide, y luego, Fuentes". Pues bien, lo mismo puede predicarse de los jueces: primero, ellos, después nadie, y, detrás, el resto. Y es cierto que muchos jueces --sin duda la mayoría-- hacen honor a esta responsabilidad enorme, trabajando y dictando sentencias con discreción y aseo. Pero también lo es que la imagen pública de su máximo órgano de gobierno está bajo mínimos, al ser del dominio público que sus integrantes votan en cuadrilla, según su adscripción ideológica.

¿Cómo enmendar el entuerto? Hay debate sobre el modo de designación de los vocales, sobre la forma de adoptar acuerdos y sobre la exigencia de responsabilidades a sus miembros. Pero, más allá de las eventuales correcciones técnicas, debe destacarse que la causa de fondo de esta disfunción de la democracia española es la ausencia de cultura democrática en parte de sus ciudadanos, incluidos algunos jueces. Lo que supone que un sector de la derecha española no ha superado aún un concepto patrimonial del poder, y, así, cuando pierde unas elecciones, le parece que pierde algo suyo, algo que le es debido desde el principio de los tiempos, por estar así indeleblemente grabado en la naturaleza misma de las cosas. Diríase que ha de mandar por derecho natural. De ahí que esta derecha esté siempre dispuesta, cuando pierde una batalla política, a prolongar la política por otros medios. En los años 30, no se paró en barras y desencadenó --con la colaboración inapreciable del extremismo izquierdista-- una guerra que le aseguró el usufructo del solar nacional durante 40 años. En los años 90, la permanencia del PSOE en el poder le hizo perder los estribos, por lo que no dudó, para echar a Felipe González, en bordear el golpe de Estado --Anson dixit--, con una campaña que --a juicio de un político serio y con coraje como Jordi Pujol-- no hubiese sido posible en un país de nuestro entorno.

Y, EN ESTOS DÍAS, lo que sucede es que aquella misma derecha hirsuta no ha aceptado el resultado de las elecciones del 14-M, que perdió por la ceguera soberbia de quien todos sabemos. Y no hay más. El resto, parole, parole, parole... En vista de ello, no queda más remedio que clavar los pies en la arena, aguantar y esperar que escampe. Ahora bien, lo que duele es que aparezca implicado en esta baja reyerta el órgano superior de gobierno de los jueces. Sus miembros deberían meditarlo. A veces, hace falta tener un punto de vergüenza torera.

Juan-José López Burniol, Notario.