LA Federación Asturiana de Concejos (FACC) va a intervenir en los sueldos que cobran alcaldes y concejales en caso de que el Gobierno central o el Principado no los regulen por ley. Los responsables de la FACC aseguran que muchos ediles han pedido su mediación ante el actual panorama caracterizado por una gran disparidad en los emolumentos entre ayuntamientos de un tamaño semejante. La FACC no tiene ninguna capacidad para establecer los sueldos que cobran los miembros de las corporaciones municipales, lo que deja su intervención rebajada al nivel de un consejo. Desde la Federación Asturiana de Concejos se marcarían unas orientaciones mínimas y se crearían unos niveles de sueldos relacionados con el tamaño de los ayuntamientos.

Los sueldos de los políticos son conflictivos por definición. La gente acepta que los notarios o los diplomáticos tengan unos ingresos muy elevados, porque suponen que antes de recibir esas cantidades de dinero hicieron un esfuerzo personal muy grande, con muchos años de estudio. El público cree que las profesiones civiles más lucrativas responden a unos elevados méritos. Otro sector de la población, que obtiene unas grandes rentas o beneficios, es el empresariado. En este caso, hay una aceptación social del beneficio porque los empresarios crean empleo.

Los políticos no cursaron difíciles carreras ni superaron competidas oposiciones para recibir el sueldo. Tampoco crean empleo con sus recursos personales. En consecuencia, las remuneraciones de alcaldes, diputados o ministros son vistas con suspicacia. No hay base objetiva para tal recelo, porque las remuneraciones económicas de los políticos en España no son muy elevadas: el presidente del Gobierno no gana más de 100.000 euros brutos al año. El problema viene de las ventajas sociales que tienen los políticos por razón de su cargo: viajan en coches oficiales, comen en lujosos restaurantes sin pagar el importe de la consumición y no saben lo que es hacer una cola. Tienen un estilo de vida distinto que los aleja del resto de los ciudadanos. En esa materia debería establecer un decálogo la FACC. Por eso cuando el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, va en un taxi a La Moncloa gana un puñado de votos.