Las administraciones tributarias de los países desarrollados ponen en marcha una lista negra de “prácticas nocivas” para hacer frente a la “planificación agresiva” que reduce las cargas impositivas.

La OCDE advierte de que el fraude fiscal y el incumplimiento de las obligaciones tributarias se ha convertido ya en “un problema importante y creciente” en los países desarrollados, favorecido en gran medida por un entorno económico más abierto. Así se subraya en el documento de conclusiones de la reunión de las agencias tributarias de los países miembros del organismo internacional, celebrado el pasado septiembre en la capital de Corea del Sur, Seúl.

Las conclusiones resumen la preocupación sobre los niveles de elusión fiscal expresada por los asistentes, que han esbozado una estrategia para dar un nuevo impulso a la colaboración internacional en este terreno.

La declaración final del tercer Foro OCDE sobre Administración Tributaria señala que los intercambios comerciales, la liberalización de capitales y las nuevas tecnologías “han abierto el mercado global a una gama de contribuyentes mucho más amplia”, lo que ha puesto más difícil “asegurar que nuestras respectivas normativas fiscales se cumplen”. Aunque la globalización tiene efectos económicos favorables, como el impulso al crecimiento mundial, el comunicado destaca que “puede llevar también a estructuras que desafían la normativa fiscal, y a planes y mecanismos que pueden utilizar tanto los contribuyentes nacionales como extranjeros de manera abusiva para facilitar el incumplimiento de nuestras legislaciones fiscales nacionales”.

Lenguaje directo

El documento de conclusiones refleja el cambio de tono de las administraciones tributarias de la OCDE, con un lenguaje más duro y directo que en anteriores pronunciamientos. “La pauta la ha marcado EEUU, pero la preocupación es de todos: hace unos años, en todos los países se potenciaron los derechos del contribuyente, y los servicios de asistencia; ahora, se trata de reequilibrar la situación, poniendo el acento también en la persecución del fraude”, según explicó a EXPANSIÓN Fernando Díaz Yubero, director de Relaciones Institucionales de la Agencia Tributaria, que encabezó la delegación española en Seúl.

La OCDE alerta especialmente sobre “el papel de las empresas de asesoría jurídica y fiscal, los bancos de inversión y otras instituciones” en torno al incumplimiento de las obligaciones tributarias. El organismo internacional relaciona estas sociedades con “la planificación fiscal agresiva” y “el crecimiento de mecanismos inaceptables de mitigación” de las cargas fiscales.

Por ello, las agencias tributarias de los países desarrollados creen que es necesario poner en macha nuevos instrumentos para detectar el fraude, sobre todo a nivel internacional. Una de estas medidas es la elaboración de una lista negra de prácticas perseguibles. Según Díaz Yubero, “se trata de crear, con las aportaciones de todos, una base identificadora de las prácticas nocivas, con la tipología y ejemplos de casos que se producen, explicar cómo se combaten, y extenderla y hacerla llegar a toda la organización”. Ligado esta línea de actuación, la OCDE, según subraya en el documento de conclusiones de la reunión de Seúl, considera necesario “reforzar y mejorar” la colaboración y el intercambio de información entre las administraciones tributarias para perseguir estar prácticas.

Relacionado con este punto, la OCDE recomienza “mejorar la formación de los funcionarios de la Administración tributaria” en el área de la fiscalidad internacional. Díaz Yubero aseguró que la Agencia Tributaria ya tiene en marcha planes formativos en este área, y que se están reforzando los equipos de la Inspección que se centran en este ámbito.

La estrategia de España

Nuevo plan y nueva ley antifraude

El nuevo tono y el nuevo enfoque de la OCDE respecto al fraude , “está muy en la línea con lo que está haciendo la Agencia Tributaria”, dice Fernando Díaz Yubero. Hace ocho años, se promulgó el llamado Estatuto del Contribuyente, y ahora se ha vuelto la mirada hacia el control de las prácticas de elusión fiscal. “Y ahí está ahora el Plan de Prevención del Fraude”, apunta el alto cargo de la Agencia. El plan, lanzado en febrero de 2005, apunta más de 300 medidas de todo tipo para prevenir las prácticas irregulares, con el horizonte de la legislatura. La parte sustancial del plan ha encontrado su soporte legal en la ley de Medidas contra el Fraude, que está a punto de aprobar el Parlamento.Ç

Colaboración con los sectores empresariales

La OCDE sugiere, como línea de actuación contra el incumplimiento fiscal, incluir este asunto dentro del buen gobierno corporativo. Sería fomentar un mayor interés y responsabilidad de los órganos de dirección de las empresas en los temas fiscales. Algo así se ha planteado en España: el director general de la Agencia, Luis Pedroche, anunció su propósito de intensificar las relaciones con las grandes empresas y patronales, para explicarles de primera mano los criterios con los que actuará Hacienda. También se están potenciando acuerdos de colaboración con asociaciones –como las que ha habido con el motor, o la electrónica– para actuar contra los defraudares en cada sector.

Control sobre los sectores de riesgo

Las actuaciones de la Agencia Tributaria se centran en el control sobre los ámbitos de riesgo apuntados en el Plan de Prevención del Fraude: el sector inmobiliario; las tramas de fraude en el IVA en operaciones Intracomunitarias; la emisión de facturas falsas de empresarios que tributan por módulos –sobre todo, en construcción y transporte–; y el área internacional, con una nueva definición de lo que se vienen conociendo como paraísos fiscales –y que ahora se les llama territorios de nula o baja tributación– y la vigilancia de las operaciones que supongan la deslocalización de bases imponibles, con un mayor control de las relaciones entre sociedades de un mismo grupo.