PREGUERIAS

Los diputados andaluces del PP están cerca de llegar a un pacto con el PSOE sobre el Estatuto de Andalucía - En Génova algunos temen que eso rompa el discurso político del partido ante las elecciones generales - Las profundas reformas introducidas en el articulado podrían hacer insostenible la negativa de los 'populares'

El proyecto de Estatuto andaluz puede darnos dentro de una semana una de las pocas alegrías de la legislatura porque es posible que se apruebe finalmente con el acuerdo de los dos grandes partidos nacionales. Y, sin embargo, el proyecto de Estatuto andaluz puede darnos dentro de una semana uno más de los muchos disgustos de la legislatura porque es posible que al final no se llegue al acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que casi todo el mundo da por hecho.

Entre estas dos posibilidades opuestas se mueven en estos instantes las corrientes políticas dentro del PP. Los populares oscilan entre la decisión adoptada de acudir a las próximas elecciones generales reclamando una reforma de la Constitución que permita reforzar los poderes del Estado, y los compromisos de sus dirigentes territoriales, que están pactando reformas estatutarias que rompen en mil pedazos el discurso oficial de Rajoy.

Primero fue el Estatuto de Valencia, consensuado entre PP y PSOE, un acuerdo que sirvió a los socialistas para pasear ante Rajoy ese pacto y debilitar la solidez de su oposición al Estatuto de Cataluña. Pero es que ha llegado el Estatuto de Baleares. Y después el de Aragón, que pretende blindar el agua del Ebro y que tiene un capítulo dedicado a la «acción exterior» del Gobierno autonómico. Esos textos han contado con el apoyo del PP balear y aragonés. Es más: un destacado miembro de ese partido nos ha proporcionado el notición insólito de que «Aragón se siente cómoda en España». Uy qué alivio. Un día de estos nos lo dicen los de Toledo. O los de la misma Tordesillas. A saber.

El caso es que a la dirección del PP le va a resultar incómodo y difícil apoyar públicamente unos estatutos que aspiran a igualarse con el Estatuto catalán, un texto que el Partido Popular tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional. Pero no menos difícil le va a resultar ahora romper el consenso conseguido por los suyos en cada territorio. Claro que tampoco le va a ser fácil ponerse de perfil y dejar pasar los pactos estatutarios mientras, al mismo tiempo, se sostiene que las pretensiones autonómicas están convirtiendo a España en una auténtico disparate, al Estado en algo inviable y a los Presupuestos Generales del Estado en una ecuación de solución inexistente. Está por ver cómo consiguen casar esos dos discursos que son de todo punto incasables.

En esta tesitura, que tiene mucho de esquizofrenia y otro tanto de debilidad doctrinal, es en la que el PP se tiene que enfrentar en estos días al último tramo de negociación del Estatuto de Andalucía, el más importante de todos los no nacionalistas porque nadie discute que lo que diseñe Andalucía para sí misma será lo que acabe siendo España. Así sucedió en la Transición y así volverá a suceder ahora.

Pero las cosas en este asunto están peliagudamente complicadas para ellos. En estos momentos los populares andaluces siguen negociando y todavía no han cedido, pero ya reconocen en privado que el texto del Estatuto que ahora mismo se discute en el Congreso tiene muy poco que ver con el que llegó a la Cámara en el mes de mayo. Lo que, traducido, quiere decir que, en su opinión, ese texto ha mejorado extraordinariamente después de las 87 enmiendas que el PSOE le ha metido al articulado y las más de 100 que ha presentado el PP y que se están discutiendo. «A día de hoy», dicen en las filas populares de más abajo de Castilla, «este Estatuto ya no tiene nada que ver con el catalán», del que en su día los socialistas copiaron literalmente una resma de artículos. Es más, esas mismas fuentes consideran que, si se aceptaran las cuestiones básicas que aún tienen pendientes y el texto fuera aprobado por consenso, «estaríamos ante un Estatuto impecablemente constitucional».

Las reclamaciones de los populares de Andalucía son, entre otras cosas, que el texto reconozca y defienda la igualdad de derechos de los andaluces en todo el territorio nacional, lo cual significa que la Junta estaría obligada a salir en defensa de, por ejemplo, un ciudadano de Linares que viva en Manresa y al que no se le permitiera escolarizar a sus hijos en castellano.

Reclaman también un modelo de financiación que no les deje colgados respecto a lo acordado con Cataluña. Exigen que desaparezca del preámbulo la afirmación de que Andalucía es una «realidad nacional» aunque no dejan de reconocer que el PSOE ha hecho un esfuerzo y no descartan que el texto diga que lo es, pero «dentro de la indisoluble unidad de la nación española», por ridícula que quede la definición resultante. Reconocen también que la pretensión inicial de tener la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir ha quedado muy aligerada. Y así sucesivamente.

Por lo tanto, es verdad que Arenas y los suyos no han llegado todavía a un acuerdo con los socialistas pero también es verdad que ven posible ese pacto y que lo ven cercano. «Podríamos entonces lanzar un modelo de reforma estatutaria que sirviera de contrapeso en España al modelo de los nacionalistas», apuntan esperanzados. «Si hay motivos para el sí, hay que ir al sí», añaden, lo cual significa que si se les da la oportunidad de hacerlo, firmarán.

¿De verdad firmarán? Pues no está tan claro. Desde la dirección del Partido Popular algunas voces -más de una y más de dos- se echan las manos a la cabeza ante la sola idea de consensuar la reforma del Estatuto andaluz. Las de los textos de Baleares y Aragón les preocupan menos porque están teniendo poco eco en la opinión pública. Pero Andalucía es otra cosa. «Ya sabemos que muchos de los nuestros padecen allí el miedo escénico de lo que pasó el 28 de febrero de 1980», cuando UCD se opuso al referéndum en el que se pedía que Andalucía fuera tratada al mismo nivel que Cataluña y País Vasco, posición que supuso el comienzo del desastre para el partido centrista. «Y sabemos también que el PSOE puede instrumentalizar en nuestra contra una negativa a apoyar este nuevo estatuto. ¡Pero es que apoyarlo rompería del todo nuestro discurso político sobre las reformas territoriales!».

La pregunta que se hacen quienes se resisten a dar el sí al nuevo Estatuto andaluz es ésta: «Nosotros vamos a ir a las elecciones pidiendo una reforma constitucional que refuerce los poderes del Estado. ¿Cómo vamos a apoyar el desarrollo de todos los estatutos para luego decir que hay que recortarlos?».

El dilema es ciertamente peliagudo, pero los dirigentes nacionales deberían empezar a admitir dos cosas. Una, que su discurso político se lo han roto ya, o al menos se lo han astillado mucho, sus propios líderes territoriales, empezando por el valenciano Camps, pasando por el mallorquín Matas y el bilbilitano Alcalde y terminando, les guste o no, por el sevillano Arenas. Y dos, que, tras haberse puesto a silbar a la luna ante los consensos de Baleares y Aragón, a ver cómo se oponen ahora a un pacto en Andalucía si el Partido Socialista tiene la inteligencia de cerrarles la huida por la escotilla. «Políticamente necesitamos oponernos, lo cual no es garantía de que nos vayamos a oponer», reconoce un dirigente de Madrid, «porque si los del PSOE le dan la vuelta al texto podríamos vernos en la tesitura de no poder decir que no».

Todo esto se va a sustanciar en el transcurso de la próxima semana, cuando los últimos artículos sean pasados por el tamiz de las negociaciones y cuando los dirigentes andaluces del Partido Popular acudan a medir sus argumentos con quienes en la calle de Génova sienten pavor ante la sola idea del acuerdo.

Hay además una tercera derivada de este consenso que muchos en el PP ven tan posible, tan cercano. Y es que habrían perdido sentido las presiones que Piqué y los suyos han sufrido cada vez que se han atrevido a mostrar alguna gota de flexibilidad ante las reclamaciones de los nacionalistas de CiU y del PSC.

Alguien decía que la quiebra del discurso político del PP se debería haber evitado en sus orígenes. Puede. Pero a estas alturas ya sólo cabe que Rajoy encuentre la salida del laberinto y, quizá, que decida ponerse a la cabeza de la manifestación y diga lo que no dijo cuando el estatuto consensuado de Valencia: que así es como hay que hacer las cosas; que gracias al PP el Estatuto andaluz se ha encarrilado dentro de la Constitución; y que éste, y no otro, es su modelo. O que no diga nada.

victoria.prego@elmundo.es

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