El modelo escandinavo de Estado de Bienestar, propio de los países nórdicos, constituye, desde hace tiempo, el paradigma a seguir por parte de la izquierda europea, así como del propio Gobierno español.

Sin embargo, la victoria electoral de la coalición de centro–derecha, liderada por Fredrik Reinfeldt, en las legislativas del pasado 17 de septiembre, fue un varapalo a la socialdemocracia sueca, tras doce años en el poder. La tradicional hegemonía política de la izquierda, que se ha mantenido en el poder 65 años de los últimos 74, se ha visto nuevamente interrumpida ante la agonía de un modelo socioeconómico que se aproxima más al mito que a la realidad.

La victoria en las urnas de Reinfeldt refleja una doble tendencia: Suecia avanza hacia la descentralización de la administración pública, la privatización de las empresas estatales y la libre competencia debido, precisamente, al fracaso que ha generado la aplicación de ciertas políticas propias del admirado, por muchos, modelo sueco.

Entre 1890 y 1950, Suecia destacó como el país de más rápido crecimiento del mundo mediante la aplicación de un modelo económico basado en la desregulación y una baja presión fiscal –21% del PIB a mediados del s. XX–. Para entonces, la economía sueca se había cuadruplicado, la mortalidad infantil se redujo en un 85% y la esperanza de vida había aumentado en 25 años.

Sin embargo, en la década de los 60, los socialdemócratas sustituyeron ese exitoso modelo de crecimiento por otro en el que el peso estatal se multiplicó hasta erigirse en el principal protagonista de la economía del país. Así, Suecia cayó del cuarto puesto en 1970 al número 14 en 2002 en cuanto a PIB per capita, según un estudio del economista sueco Nils Karlson.

Es más, en 2003, el sector privado empleaba a 300.000 personas menos que en 1965, mientras que el sector público había aumentado su persinal en más de 900.000 funcionarios.

Crisis económica

El progresivo crecimiento de los impuestos –hasta alcanzar el 50% del PIB a mediados de los 90– y del gasto público –66% en 1995–, junto con una rígida legislación laboral y amplios subsidios sociales, crearon el caldo de cultivo idóneo que originaría, en 1990, la crisis económica más grave del país desde los años 30.

La tasa de paro ascendió del 2,6% en 1989 al 12,6% en 1994, de modo que los subsidios aumentaron exponencialmente al tiempo que originó una debacle fiscal de gran magnitud –el gasto público se disparó hasta el 72,8% del ingreso nacional en 1993, y el déficit alcanzó el 12,3%–.

El modelo sueco entró en crisis, pero ello originó una masa social crítica hacia el paternalismo del Estado. La tendencia política se invirtió –los partidos no socialistas alcanzaron la victoria electoral en 1991–, puesto que se rompió el consenso político en torno al Estado de Bienestar, y las reformas económicas no se hicieron esperar.

El gasto público se redujo paulatinamente hasta el 54% en 2001, aplicando drásticos recortes sociales, reestructurando los servicios públicos y privatizando numerosas empresas estatales. Los socialdemócratas recuperaron el poder en 1994, profundizando incluso en las reformas ya iniciadas.

Así, se redujo la deuda pública –del 80 al 53% del ingreso nacional entre 1994 y 2000– y la carga tributaria total –del 56% en 1989 a cerca del 50% en 2004–. Esto generó superávit fiscal ya en 1998, junto a un desarrollo económico sostenido –el crecimiento acumulado del PIB sueco fue del 18,4% entre 1997 y 2003, mientras que en la UE-15 aumentó un 13,7%–.

Suecia rectificó su política en los años 90 y, desde entonces, a pesar del mito tan imitado que rodea a su economía, avanza firme hacia la desregulación estatal y la liberalización económica.