Los municipios retrasan hasta dos años las licencias de los comercios, de Ricardo T. Lucas en Expansión
El atolladero burocrático que soporta el sector de la distribución parece no tener fin. Un proyecto de inversión debe obtener primero la licencia comercial y una segunda licencia específica del Ejecutivo regional de la comunidad autónoma en la que pretende instalarse.
Este proceso puede dilatarse un año en condiciones normales, ya que es necesario un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, aunque no es vinculante. Pero, posteriormente, hay que solicitar varios permisos de los municipios correspondientes que, en ocasiones, tardan varios años en tramitarse.
Estas licencias suelen retrasarse de media hasta dos años, según fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN, y en los casos más extremos supera este plazo “de forma más que notable”.
Esta situación está forzando a las empresas promotoras de centros comerciales, hipermercados y supermercados a iniciar su actividad sin los permisos necesarios, asumiendo el riesgo de que los Ayuntamientos impongan sanciones pese a ser los responsables directos del retraso de esas licencias.
Y es que las compañías apuntan que las pérdidas económicas ocasionadas por los retrasos en la concesión de las segundas licencias por parte de las comunidades autónomas –entre otros, el pago del alquiler de los locales– hace imposible esperar a tener todos los documentos en regla para inaugurar cada establecimiento.
El sector de la distribución comercial acumula importantes costes por los proyectos no iniciados. Estimaciones del sector apuntan a que, actualmente, se encuentran paralizadas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros –que hubieran generado unos 3.000 puestos de trabajo– debido a los retrasos de los permisos autonómicos, principalmente, pero también de las licencias locales.
Los diferentes permisos que gestionan los ayuntamientos abordan las licencias de obras, las autorizaciones medioambientales, los permisos para depósitos de residuos y envases, los visados de ordenación del territorio, la licencia de venta de bebidas alcohólicas, los permisos para las tiendas pequeñas que se instalan en los centros comerciales, la autorización para el transporte de carga y descarga, la licencia de aparcamiento o el informe de la inspección técnica.
Los retrasos no se dan en todos estos permisos, ya que algunos son imprescindibles para poder abrir las puertas del nuevo establecimiento, pero sí son habituales en los permisos de menor importancia.
Silencio administrativo
El recurso legal al que se están acogiendo las empresas de distribución es la interpretación del silencio administrativo. Los expertos jurídicos confirman que cuando no existe respuesta a una solicitud ante la Administración, se entiende que la contestación es positiva. El plazo general para entender que existe ese silencio positivo oficial es de tres meses.
Sin embargo, existen excepciones en las que la falta de respuesta implica denegación del permiso, como en los trámites relacionados con la protección del medio ambiente. E igual en las concesiones que afecten al dominio público (zonas verdes, viales, patrimonio histórico, etc.). Además, muchos municipios –entre ellos, Madrid, Barcelona o Bilabo– han utilizado sus ordenanzas para fijar el silencio administrativo negativo en estas licencias, aunque no tengan facultad legal.
Esa denegación también se da en el caso de las segundas licencias al comercio que tramitan las comunidades autónomas. No obstante, la última licencia necesaria, denominada de puesta en marcha, se dilata hasta en cinco años en la mayoría de los casos, un retraso que los ayuntamientos justifican por la falta de medios para tramitar todas las solicitudes que se reciben.
Según el sector, el mayor problema de los retrasos es la inseguridad legal y el coste que supone en asesores externos durante el proceso.
