Política y dinero, de Anxo Guerreiro en La Voz de Galicia
LA COMPRA de nuestras principales empresas por capital foráneo -Calvo, de confirmarse las noticias, es la última de una larga lista-, la amenaza de deslocalizaciones empresariales, la durísima batalla que se libra por Endesa o la posible fusión entre Fenosa e Iberdrola son hechos que van más allá de la idoneidad de unas operaciones empresariales para entrar de lleno en el campo de la política.
En un brillante artículo publicado el pasado sábado en estas páginas, Fernando Ónega afirmaba que el Estado no podía competir con los grandes poderes económicos privados y que estaba inerme ante operaciones empresariales y financieras que afectan al conjunto de la sociedad. Ahora bien, si Fernando Ónega tiene razón, y creo que la tiene, estamos asistiendo al funeral del Estado moderno, que había sido creado precisamente para definir el bien común, sin que ningún poder privado pudiese disputarle con éxito esa prerrogativa y ese derecho. Cuando se enuncia un teorema no se pueden evitar los corolarios. Es cierto que hoy, bajo el nombre de globalización, se está desarrollando un impetuoso proceso de concentración económica y financiera promovido por poderes económicos de carácter global y origen no democrático que, proclamando urbi et orbe el triunfo del mercado, desbordan los límites del Estado nación, escapan a su regulación y control, imponen su ley y gobiernan el proceso económico sin que existan poderes democráticos capaces de subordinarlos al interés general. El resultado no es otro que la marginación de la política y una crisis profunda de la democracia. Ello no obstante, los Estados y los poderes públicos en general tienen todavía una capacidad de acción política que no cabe subestimar. Nadie podría explicar la evolución y el crecimiento de las empresas alemanas -E.On entre ellas-, francesas, estadounidenses, japonesas o españolas sin tener en cuenta su relación con el Estado. Endesa, Repsol o Telefónica son, en el caso español ejemplos paradigmáticos. Y la casuística sería casi infinita.
¡Claro que los poderes públicos pueden intervenir en los procesos económicos! Quien niega esa posibilidad niega la esencia misma de la democracia. Ha interiorizado que la economía se ha emancipado de la política y acepta que el Estado se reduzca a prestar algunos servicios -cada vez menos- a los ciudadanos. Tal parece ser el destino de la política, que corre impotente tras un poder nómada globalizado que se siente liberado de cualquier compromiso y al que la democracia y los intereses ciudadanos importan bien poco.
Dicho en otras palabras, aceptamos el vaciamiento de la democracia o profundizamos en ella en todos los ámbitos. Porque, entre otras muchas cosas, los movimientos telúricos que estos días recorren nuestro tejido empresarial también nos plantean ese dilema.
