En el comedor del hotel Ritz de Madrid, iniciada la legislatura catalana que pronto acaba, me encontré con un editor de prensa cuyo domicilio se halla en Barcelona. Desayunamos juntos y comentamos la actualidad de aquel entonces.

Me quejé de la falta de rigor que imperaba en la política catalana y, en concreto, en el quehacer legislativo de la misma. Me sorprendió su comentario a cuanto yo intentaba razonar: “El político y el periodista, en Cataluña, tienen un punto en común, que es su falta de rigor”.

Y aquí empezó su disertación acerca de una mala práctica de la que el ciudadano pagaba el pato. El pato se pagó cuando en el referéndum sobre el Estatuto, sólo uno de cada cuatro catalanes le dio su apoyo, y el pato puede seguir pagándose el día 1 de noviembre próximo, con una solemne abstención en las avanzadas elecciones al Parlament. Se pone de relieve, así, el cada vez más clamoroso divorcio entre los actores políticos y la ciudadanía que las últimas encuestas, entre ellas la del CIS, están denunciando cuando proclaman que el sexto problema de los catalanes es su clase política.

Nunca antes se había detectado tantísima desafección. Por algo será. Y el pato se sigue pagando cuando el Tribunal Constitucional suspende cautelosamente 55 de los 140 artículos de la Ley Audiovisual aprobada en el Parlamento de Cataluña con la única oposición del Partido Popular. Que lo haya hecho a solicitud del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero pone innegable morbo político a la decisión tomada por tan alta institución del Estado y resta focalidad jurídico-constitucional a la misma, que de eso se trata en la forma y en el fondo.

Porque en la Cataluña de hoy, en ésa que el editor de prensa me habló de la complicidad entre el político y el periodista en el terreno del no rigor, nadie se pregunta qué se hizo mal para que el Tribunal Constitucional suspenda la vigencia de una tercera parte de una ley aprobada por el Parlament que trata, entre otras cosas, del Consejo del Audiovisual que en virtud de nuevo texto estatutario se convierte, de por vida, en una institución del autogobierno catalán, una frivolidad de la que tampoco nadie, en su día, dijo nada de nada.

Lo que importa ahora, en los medios y en las tertulias, es saber el grado de autoría que tiene el candidato Pepe Montilla en todo este embrollo. Nadie entona el mea culpa por la simple razón de que, como en todo, quien tiene la culpa es Madrid, ese ente abstracto que sirve para todo excepto para hacer bien las cosas en Cataluña por quienes deben hacerlas, sus políticos, cuando de la cosa pública se trata. Unos señalan a Rodríguez Zapatero como autor del gol que, según ellos, le han marcado en la portería del PSC-PSOE. Otros, que el Tribunal Constitucional no ha tenido en cuenta lo que dice el nuevo Estatuto de Autonomía.

Unos terceros que ya decían ellos que Madrid siempre se la juega a Cataluña. Y así, hasta el infinito, sin que nadie, dentro y fuera de lo político-periodístico se pregunte en qué esquina de la contemporánea historia catalana se abandonó el rigor y el seny para sustituirlos por una alocada carrera hacia ninguna parte, excepción hecha del ridículo que, según el presidente Tarradellas, era lo que nunca debería hacer Cataluña.

La Ley Audiovisual de Cataluña, más allá de regular el Consejo y el proceso de otorgamiento de licencias y sus requisitos, me recuerda, en buena medida, a la Ley de Prensa e Imprenta que impulsó en sus tiempos Fraga Iribarne. Aquella norma, en su artículo 2, creo recordar, abría y cerraba ventanas de libertad a voluntad de quien la aplicaba, el Ministerio y el Gobierno, pero sirvió, en su balance último, para transitar hacia la democracia, en concreto hacia aquello que se vino a denominar parlamento de papel.

Nunca será éste el balance final de la cautelarmente y parcialmente suspendida norma catalana.

La libertad se recoge como derecho fundamental en la Constitución y la libertad de expresión se instala definitivamente como una de sus consecuencias.

Será, en todo caso, la justicia quien se encargue de poner fronteras concretas en situaciones concretas donde el equilibrio de derechos y de deberes se rompe. Nunca lo será la Administración, como hace la referida ley catalana, para vergüenza generalizada excepción hecha de quienes la votaron y de quienes hoy trasladan a la opinión pública de que todo se debe a Madrid, que sigue no amándonos como debiera, y a Montilla, que no se enteró de nada cuando se sentaba en el Consejo de Ministros. Lo dicho: el rigor ha desaparecido del escenario político catalán.