Son, en efecto, las nuevas estrellas de la bolsa. Manejando dinero como quien mueve metros cúbicos de tierra, las antaño familiares, incluso prestigiadas, compañías constructoras se han convertido en grandes conglomerados con intereses en el negocio concesional, el inmobiliario, los servicios, etc. Ahora acaban de desembarcar como un tsunami en el sector eléctrico. De la obra pública a la tarifa eléctrica. Siempre a la sombra del Estado, las ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y demás nombres en rango de tamaño descendente, gozan de sorprendente reputación, prestigio incluso, entre un Juan Español que cree a pies juntillas que si aquí se construyen grandes edificios, buenas autopistas y presas de gran tamaño es porque existen empresas tecnológicamente eficientes capaces de hacerlo a precios competitivos. La realidad, sin embargo, suele esconder sorpresas morrocotudas, que dejarían perplejo al personal de llegar a divulgarse en su integridad.

Empezando por el lacerante asunto de los “modificados”, término al que en esta misma columna erróneamente se aludía el pasado lunes como “rectificados”, uno de las situaciones más sangrantes del panorama económico español de los últimos tiempos, practicado al modo corsario por empresas que se dicen constructoras y que, la mayoría de las veces, son sólo contratistas generales que subcontratan el 100% de la obra y que apenas cuentan con personal en nómina.

Cuando uno mira la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, resulta que la modificación de contratos de redacción de proyectos exige condiciones tales como la existencia de circunstancias sobrevenidas, imponderables o cuestiones imposibles de prever, siempre y cuando, además, no sean causadas por negligencia del redactor, en cuyo caso éste estaría obligado a realizar el nuevo proyecto sin percibir honorario alguno.

A la hora de la verdad, sin embargo, la modificación de un contrato de obras está exenta de condiciones (artículo 146): basta con que el director facultativo lo ordene. Se empieza a poner de manifiesto el tono general de la citada ley, que se diría redactada por las constructoras o con intervención directa de ellas. El límite para cualquier “modificado” es de un 20%, porcentaje que sumado al 20% de complementarios (figura parecida, pero no igual) y al 10% de liquidación, arroja un escandaloso 50% de incremento sobre el precio licitado. ¿Cómo proceden las constructoras? Formulando ofertas falsas en cuatro frentes:

Precio.- Todas confían en recuperar el coste real de una obra, más el beneficio correspondiente, acudiendo al subterfugio del “modificado”, lo que les lleva a licitar sin estudiar los proyectos. Es habitual que acudan a las copisterías o a las Administraciones y saquen sólo copia del presupuesto del proyecto, pero no de planos ni de pliegos, lo que nos lleva a afirmar que a menudo no conocen la obra que ofertan. Cuando resultan adjudicatarios, al jefe de obra correspondiente le cae el marrón de tener que levantar esa obra recuperando el dinero perdido por haber ofertado a la baja, a veces de forma temeraria. Si la obra resulta tener algo de singular, el sofocón es inmediato: la batalla entre dirección facultativa y constructora empieza al día siguiente, con muchas armas en poder de la última.

Plazo.- Saben que la Administración no es capaz de abrir expedientes sancionadores. Nunca lo ha hecho. Los propios abogados del Estado suelen comentar que no les merece la pena meterse en líos por una variada serie de motivos: la existencia de intereses cruzados, de otras obras en marcha con la misma empresa, la idea de compensar unas obras con otras... El caso es que, conscientes de su impunidad, los constructores mienten como bellacos, asumiendo compromisos de boquilla que nunca cumplen.

Equipo.- Muchas constructoras mantienen acuerdos con subcontratistas mediante participaciones accionariales minoritarias o contratos de exclusividad (falsos), ardid que les permite que, en caso de investigación, aparezcan como empresas del grupo, con lo que eluden en apariencia el problema de la subcontratación. A las obras concurren con ofertas infladas hasta niveles surrealistas en lo que a equipos se refiere. La ley dice que es preciso indicar qué medios de la empresa se van a dedicar a un trabajo concreto, no de qué medios globales dispone la empresa. El caso es que para un trabajo de 100.000 euros y un mes de obra, se ha llegado a ofertar un listado de 800 personas y 120 máquinas de gran tonelaje.

Jefe de obra.- Lo primero que hace toda constructora que se precie, y en la primera reunión, es cambiar al jefe de obra y al jefe de grupo. Cuenta un arquitecto municipal, sufridor de estas prácticas: “Te meten una oferta con el jefe de grupo que viene de hacer un pedazo de museo y en la primera reunión te lo cambian por un recién titulado sin experiencia. He aprendido que tengo poder para echarles en cuanto meten la pata dos veces, pero me siento estafado desde el primer día...”

Y ¿cuál es el método para forzar un “modificado”? Pues alegar que el proyecto está mal hecho, en otras palabras, insinuar o afirmar sin ambages que el arquitecto o el ingeniero correspondiente son idiotas y se encontraron con su título profesional en una tómbola. Da lo mismo que el arquitecto sea un desconocido o una figura de gran prestigio. Se trata de meter el “modificado” por bemoles.

El experto municipal antes citado relata así su última experiencia: “Recientemente he padecido a una de las grandes, en una obra de nueva planta. Incumplidos los plazos por la empresa, con obra mal ejecutada, e incapaz de terminarla en condiciones, propuse a la administración contratante, en este caso municipal, la denuncia del contrato, con incautación de la garantía para terminar la obra con ese dinero. Ya antes libré batalla de cuatro meses para evitar que la empresa se llevase un 20% de modificado, para cuya reclamación se amparaba en que era una obra difícil de construir (sic). Puesto al corriente de todo ello, el Ayuntamiento argumentó que mejor no meterse en líos, puesto que, además, si denunciáramos el contrato la empresa, al recurrir, se quedaría el edificio en custodia hasta que se arreglara el entuerto por vía judicial... ¿De qué armas dispongo, pues, para hacer valer la ley? La dura realidad es que se saben impunes”.

“Dios me libre”, concluye el atribulado funcionario, “de toparme con cualquiera de esas famosas empresas constructoras que estos días copan las portadas de los periódicos, porque no saben construir. Hoy en día sólo se puede hacer un buen edificio si uno tiene la suerte de caer con una empresa local o de tamaño medio, de esas que aún no se han maleado y siguen siendo eso: simples constructoras, no compañías financieras o Dios sabe qué...”