El adiós a la industria de La Caixa, como titulaba La Vanguardia el domingo, puede convertirse - según cómo acabe materializándose- en la noticia más trascendente para la economía catalana de los últimos años. De hecho, no se trata tanto de una cartera industrial, en términos de industria manufacturera, como de que junto a muchas otras participaciones en empresas financieras, de la construcción y de servicios, la presencia más relevante de La Caixa se sitúa en las empresas de suministros e infraestructuras. Unas empresas que en buena medida son herederas de antiguos monopolios públicos y que en la mayoría de los casos actúan bajo concesión administrativa o con un importante segmento de su facturación bajo tarifas reguladas.

Mientras en Madrid los nuevos y viejos poderes económicos, financieros y mediáticos deben de estar respirando aliviados porque desde Catalunya no les van a disputar su hegemonía en las grandes empresas españolas, en Barcelona cabe preguntarse qué es lo que más le conviene a una economía que ha de acelerar su proceso de transformación hacia nuevos parámetros de competitividad, donde una presencia de la industria de elevado valor añadido es imprescindible. De hecho, el compromiso de La Caixa y las demás cajas de ahorros con nuestra industria no tienen que pasar tanto por participaciones accionariales directas como por una especial atención tanto a los nuevos emprendedores como a los sectores emergentes y también a aquellas empresas de los sectores tradicionales empeñadas en conseguir nuevos hitos de competitividad y de expansión internacional. Y si ello conlleva asumir algunos riesgos adicionales, quizás deberán imputarse a una nueva y más amplia concepción de lo que debe contabilizarse a efectos de obra social.

Por otro lado, desde la sociedad catalana debe exigirse a La Caixa que si opta por desprenderse de determinadas empresas y participaciones, lo haga ordenadamente y teniendo en cuenta los intereses del país a medio plazo y no sólo los beneficios de forma inmediata. La Caixa debe procurar que su salida no ponga en cuestión la viabilidad de la empresa que abandona y que ésta no pierda su centro de decisión en Catalunya. En una época de deslocalizaciones, es en los centros de decisión donde se generan las actividades de mayor valor añadido y donde queda asegurada la actividad de la empresa.

En tercer lugar, parece positivo que determinadas desinversiones en Catalunya y en España se transformen en inversiones en el extranjero, sobre todo en Europa, que debe ser nuestro mercado interior y donde las inversiones, aunque presenten rentabilidades más moderadas a corto plazo, son más estables y seguras. Además, el grupo de La Caixa y la economía y la sociedad catalana deben acabar de ajustar sus relaciones en beneficio mutuo. A Catalunya le interesa, y mucho, el éxito de La Caixa. Es más, uno de los puntos débiles de nuestra economía es no disponer de dos o tres grupos empresariales de talla europea - y, si pudiera ser, mundial- que a partir de una base industrial o de servicios no financieros le den una solidez y una proyección de futuro a nuestra economía más allá del fantasma de las deslocalizaciones. Pero a Catalunya también le interesa que La Caixa crezca fuera de Catalunya. La Caixa debe dejar espacio en nuestra economía para otras iniciativas empresariales de forma que no se ahogue con la sola presencia de un único grupo demasiado dominante y con una concentración de riesgos excesiva.

Si a todas las empresas se les atribuye una responsabilidad específica hacia la sociedad que las ha visto nacer y que las ha apoyado en sus primeras fases de crecimiento, las obligaciones de las cajas de ahorros aún son mayores dado su peculiar estatus jurídico y la especial atención y confianza que nuestro poder legislativo siempre les ha otorgado. Confiemos en que La Caixa no desmerezca esta confianza.