El Comentario TV da un enorme salto en las entradas, y evoluciona en sus horarios, gracias a la censura política, del Editorial en El Comentario
Evidentemente no es a nosotros a quienes corresponde poner en evidencia el mal trato que están dispensando las instituciones asturianas a un nuevo proyecto de comunicación en Internet como El Comentario TV, pero es que si no lo contamos nosotros no lo cuenta nadie, porque desgraciadamente para el desarrollo de la libertad de expresión, una de las posibilididades más importantes que abre la red de redes, es la de establecer nuevas vías para el intercambio informativo entre ciudadanos, que carecen de comparación posible con los medios de comunicación a los que ya se está dando en denominar "tradicionales", frente a lo que ya todo el mundo denomina "los nuevos medios", por muchas razones, y especialmente, por el inmenso coste de su contacto con el público, comparado con el precio ridículo de los factores que hacen posible el intercambio de mensajes escritos y audiovisuales por este medio, que además es plenamente interactivo y totalmente adecuado a la tecnología digital. Por eso no nos va a ayudar nadie que no sea totalmente desinteresado.
Que ayer El Comentario TV haya pulverizado las barreras de su difusión, a pesar de su carácter amateur y gratuito, alcanzando las 26.000 páginas vistas -ponemos, como siempre, las estadísticas del hosting al alcance de nuestos amigos-, coincidiendo con la prohibición de su consulta en las dependencias del Principado de Asturias, revela la tendencia natural de un nuevo público que se ha subido al ordenador y a las conexiones de banda ancha, desplazando la mañana como momento de máxima difusión de esta página -coincidiendo con el horario de oficinas-, para trasladarse en masa a las tardes, pues ayer martes, con este enorme crecimiento de las entradas, hemos experimentado un sorprendente salto cualitativo en los horarios, que indica que las posibilidades de ésta y otras páginas, están rompiendo, con el acceso generalizado a la información digital, en un horario que empieza a las cinco de la tarde, y que llega a su máxima audiencia entre las ocho de la tarde y las once de la noche, compitiendo directamente con los informativos de televisión, algo que nos parecía imposible cuando empezábamos este proyecto, y la difusión terminaba con la salida de las oficinas.
El bloqueo de El Comentario se produjo simultáneamente en dos instituciones, el Principado de Asturias y el Congreso de los Diputados, que vienen a unirse al Ayuntamiento de Gijón, en este increible juego, y pone de relieve, en nuestra pequeña medida, el vacío de legalidad con el que las autoridades políticas juegan, a la hora de censurar contenidos informativos y de opinión ciudadana, puesto que no de otra manera puede calificarse, el impedir el acceso a ciertos medios, de manera selectiva, mientras no se regula un comportamiento ecuánime y equilibrado, por parte de la administración, en relación con los mecanismos digitales de información.
O todos o ninguno. Que Gijón y el Principado impidan el acceso a los medios de Internet de sus intranets corporativas, es una decisión complicada, que puede exigir un esfuerzo de gestión, por parte de los responsables de la organización administrativa de nuestros más importantes servicios públicos. Es evidente que los ordenadores de los puestos de trabajo de las grandes redes del Principado de Asturias o de nuestros principales ayuntamientos, tienen su uso confiado -y así parece razonable que sea- a la responsabilidad y el sentido común de unos empleados públicos, cuya administración de los recursos profesionales de trabajo, tiene que venir dada por la seriedad del comportamiento individual y la exigencia reglada de rendimientos en el trabajo, y no mediante mecanismos de burda censura, que se abaten única y exclusivamente sobre determinados medios de comunicación, lo que deja sin pretextos a los responsables del gobierno de Vicente Álvarez Areces, que han dado instrucciones a la empresa Accenture, adjudicataria de la contrata de servicios informáticos del Principado de Asturias, que actua fuera del control administrativo -mediante funcionarios- sobre la gestión de muchísimos datos de los ciudadanos, así como sobre su procesamiento, dando opacidad a decisiones como ésta, pero también a muchas otras, cuya posibilidad ya fue abiertamiente denunciada por los empleados públicos, cuando se privatizaron de manera sospechosa y no poco turbia, unos servicios de imprescindible control público.
En el caso del Congreso de los Diputados, no hay excusa posible, pues allí lo que se desarrolla es el trabajo de los representantes de la soberanía del pueblo, y ahí sí que nadie puede contar milongas, como las que intentarán contar a los diputados como Fernando Goñi, del PP, que ha han pedido explicaciones públicas de lo que está sucediendo, así como aquellos responsables de los sindicatos de la administración, que nos consta que ya están averiguando, con sus propios mecanismos, por qué se está jugando de esta manera -con esta falta de respeto a los principios de igualdad y libertad en el acceso a la información y a la opinión-, y muy especialmente, de qué departamento concreto, parten unas órdenes que intentarán camuflar, como restricciones de acceso solicitadas por los propios usuarios de la red, como si la única restricción posible, en las actuales condiciones en las que se prestan estos servicios, no fuese aquella que se deriva de la libertad de elegir de cada persona.
En el caso del Congreso de los Diputados, sabemos, por una conversación que mantuvimos ayer por la tarde con la diputada del PP en el Congreso Alicia Castro Masaveu, que tras cuarenta y ocho horas de corte ininterrumpido del acceso a El Comentario TV, sus gestiones con los servicios informáticos de la cámara, tuvieron como efecto una ruptura del bloqueo mediante filtros establecidos en los servidores, que a última hora de la tarde volvía a reiniciarse -el bloqueo-, con lo que pudo confirmar que efectivamente se trataba de una actuación deliberada por parte de instancias aún no determinadas de manera fehaciente, pero evidentemente políticas. La coincidencia exacta entre el comienzo del filtrado entre el Congreso y el Principado, son la más clara demostración de una actuación que no tiene disculpa posible, y que como tantas otras, debería ser investigada por la administración de justicia, único mecanismo del que disponemos los ciudadanos para combatir los abusos de la administración contra los derechos fundamentales recogidos por la Constitución española.
Los dirigentes políticos suelen especular sobre los peligros presentes y futuros de Internet, y la necesidad de combatirlos, con instrumentos legales como la nueva Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, y en general con todo el desarrollo legislativo que debe ir regulando el respeto a la legalidad, conjugado con un escrupulo cuidado hacia los derechos fundamentales que en ningún caso pueden verse conculacados con actuaciones torpes y deleznables como éstas de las que estamos hablando, que manifiestan con claridad que aquí se delinque con una facilidad impresionante, por parte de quienes más obligación tienen de hacer respetar las leyes, sin miedo alguno a unas consecuencias que no llegan, ante la inhibición de un poder judicial excesivamente dominado por la partidocracia, que es muy reticente a la hora de intervenir en defensa de las más elementales garantías de nuestro sistema político.
Cómo no vamos a tener esa sensación, cuando aquí se reprime impunemente a los ciudadanos que protestan, de una manera brutal y abusiva, como sucedió con los trabajadores de Izar-Gijón en la inauguración del Acuario el pasado mes de junio, con una carga policial ordenada por la delegación del Gobierno, que fue un espectacular punto de partida para empezar a visualizar todo lo que iba a venir detrás, como la persecución selectiva, instada por los dos partidos de gobierno, contra los máximos responsables de la Corriente Sindical de Izquierdas, su actual secretario general, Juan Manuel Martínez Morala, o el anterior, Cándido González Carnero, puesta hoy en evidencia con un plausible escrito, publicado en La Nueva España por el diputado del PP en el Congreso, Leopoldo Bertrand de la Riera. A partir de la actuación de nuestros dirigentes contra los sindicalistas que se resisten a lo que está ocurriendo con nuestra industria naval, destruida deliberadamente al servicio de los proyectos urbanísiticos alentados por quienes persiguen la discrepancia, todo es posible ya en Asturias, y a partir de ahora vamos a ver quiénes están aquí a favor de la libertad, y quiénes aplauden el desarrollo de mecanismos totalitarios de represión de las manifestaciones de esa libertad, mediante mecanismos espúreos de censura y amordazamiento.
El Comentario TV es un proyecto de comunicación ciudadano, que desde el trabajo desinteresado de un grupo de amigos, ha conseguido conectar con una parte relevante de la sociedad asturiana, distribuida territorialmente en el espacio virtual en el que viven y trabajan los ciudadanos, a partir de su apuesta por la vertebración de la opinión de los líderes sociales de las organizaciones cívicas que luchan contra los abusos de la administración en el campo del empleo, la especulación inmobiliaria, la ecología, la cultura o en general, en cualquiera de las manifestaciones de discrepancia contra los excesos y las desviaciones de un poder incontrolado. La respuesta ha sido hasta ahora, la de un creciente interés por parte de la ciudadanía hacia nuestro proyecto, y en este momento nos encontramos con estas reacciones de nuestros dirigentes, tan claramente anticonstitucionales, como torpes, groseras y esperpénticas, dicho en el lenguaje utilizado en los ámbitos judiciales, para definir la diferencia entre el delito y la irregularidad administrativa que invade nuestra vida pública como un cáncer, y cuya difusión pone a algunos tan nerviosos como para cometer estos clamorosos errores.
