Basándose en la documentación presentada a la Policía por el Ayuntamiento de Gijón, la fiscal formuló el pasado 2 de agosto escrito de acusación contra dos líderes sindicales de la CSI (Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero), estableciendo, en la conclusión provisional primera, que los acusados se manifestaron con otros trabajadores, con motivo de las protestas del sector naval en los años 2004 y 2005, causando daños tasados en 5.500 euros.
Por lo anteriormente citado, se les pide una pena de prisión de 4 años y la indemnización correspondiente. Lo que unido a otra denuncia de la Policía Nacional eleva la petición de cárcel a más de 6 años. Ante la alarma social que esta decisión ha suscitado en Asturias, por el recorte de libertades que ello supone a la libertad de expresión de los trabajadores. Y ante el hecho de que desde los años ochenta han sido repetidas y multitudinarias las protestas de este tipo, motivadas por la brutal reconversión del sector naval que sufrieron y continúan sufriendo los astilleros de la bahía de Gijón.
Y ante la extrañeza de que un Ayuntamiento de izquierdas (uno de cuyos más destacados ediles fue durante muchos años cabeza de estas manifestaciones) iniciase el procedimiento que condujo a la petición de cárcel de los dos dirigentes sindicales citados, que si por algo se caracterizan es por la lucha a ultranza en favor de la supervivencia de los astilleros gijoneses y en contra de una posible especulación urbanística. El que subscribe, compañero y amigo de Cándido y de Juan y ex trabajador, como ingeniero naval, de los Astilleros Marítima del Musel, S. A. y Naval Gijón, S. A., no puede por menos que mostrar su repulsa ante lo que considera un ataque frontal a las libertades de estos dos trabajadores gijoneses, por lo que solicita al Ayuntamiento de Gijón la pronta retirada de su denuncia, pues de no ser así renegaría de sus ideales «sociales» con los consiguientes perjuicios, personales y sociales, que se deriven de esta actuación y levantaría claras sospechas de motivos inconfesables.
Leopoldo Bertrand de la Riera, diputado nacional por el PP.

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