La segunda vuelta en las elecciones brasileñas inicia un nuevo round de disputa política y de costo potencialmente alto a largo plazo. Quien sea el próximo presidente tendrá serios problemas para gobernar un país dividido.

El resultado de las elecciones del domingo abre un capítulo dramático en la historia de la democracia brasileña moderna. Por una pequeña diferencia de votos el presidente Lula no pudo concretar su reelección en la primera vuelta, cosa que hasta hace pocos días las encuestas de opinión consideraban prácticamente asegurada.

Una victoria de Lula en la elección del domingo seguramente no hubiera significado el punto final para la crisis política que se arrastra hace meses, pero podría haber representado una oportunidad para contener el furor de los embates y canalizarlo de forma más constructiva, en beneficio de las instituciones democráticas. La ahora inevitable segunda vuelta inicia un nuevo round de 30 días de disputa política abierta y de costo potencialmente alto a largo plazo.

¿Cuáles son los factores que alimentan la actual crisis y la hacen tan peligrosa para el futuro de la democracia brasileña? El presidente Lula llegó al gobierno en el año 2003 con amplio apoyo, más allá de su propio partido y del electorado que lo acompañara fielmente en sus derrotas electorales anteriores.

Enfrentó la inestabilidad de los mercados al comienzo de su gobierno recurriendo a políticas económicas ortodoxas, y perseveró en ellas durante cuatro años, cumpliendo compromisos asumidos durante la campaña electoral de 2002. Este comportamiento le granjeó la confianza del establishment económico, pero provocó frustraciones entre aquellos que esperaban cambios radicales.

El resultado de las políticas económicas ortodoxas fue contradictorio. Como aspectos positivos, deben destacarse: la progresiva reducción de la vulnerabilidad externa de la economía brasileña, con la reducción de la deuda externa y virtual extinción de la deuda pública interna dolarizada, y la estabilización del nivel de endeudamiento público.

El progreso fue lento y todavía hay mucho por hacer, pero no hay duda de que la economía brasileña presenta actualmente indicadores más sólidos que los que Lula recibiera de Fernando Henrique Cardoso. En el otro lado de la balanza hay que registrar el bajo crecimiento, resultado de las mismas políticas conservadoras.

Para entender el impacto de estos resultados contradictorios en el comportamiento del electorado hay que tener en cuenta que los mismos no se distribuyeron de forma uniforme entre la población. Para los sectores de más bajos ingresos hubo políticas compensatorias de diversos tipos, desde la transferencia de ingresos hasta programas de construcción de habitación. Las tasas de interés y los impuestos altos cayeron sobre las espaldas de la clase media y de las empresas. Ello puede explicar la polarización de las intenciones de voto por nivel de ingreso, por grado de escolaridad y por región en los últimos meses.

La clase media, en particular la de las regiones más desarrolladas, encontró una oportunidad para canalizar sus frustraciones y confirmar su sospechas de que había sido traicionada por Lula al estallar el escándalo político del uso de recursos recaudados en la campaña de 2002 para conseguir el apoyo de partidos minoritarios en el Congreso. Los grandes partidos de oposición y los medios de comunicación hicieron eco a las manifestaciones de condena del comportamiento del partido del gobierno y las acusaciones mutuas de corrupción y de prácticas políticas condenables fueron enrareciendo el clima electoral.

Frente a este cuadro, la campaña casi no dejó espacio para la discusión de los temas sustantivos: cómo compatibilizar estabilidad con mayor crecimento, reducción de impuestos con solidez de cuentas fiscales, inversiones con aumento del consumo.

La campaña electoral se convirtió, para la oposición, en la lucha para tener un país decente, sin corrupción; para el gobierno en la defensa de las conquistas de los pobres. El abismo entre ambas posiciones fue ensanchándose en los últimos días de la campaña. La decisión de Lula de no participar en el debate televisivo con los otros candidatos, y la revelación de una tentativa por parte de cuadros del PT de comprar un dossier con datos comprometedores para el candidato de la oposición en San Pablo, acentuaron las tensiones y el clima emocional de enfrentamiento.

Lo que preocupa al observador externo es la progresiva descaracterización mutua de los adversarios. Para los electores de la oposición, los de Lula son ciudadanos desinformados y manipulados, cuando no cínicos cómplices de la corrupción instaurada por el gobierno. Para los electores de Lula, los de la oposición son instrumento de las elites y defien den sus propios privilegios. Para la oposición, el gobierno actual es el más corrupto de la historia brasileña; para los electores de Lula el PT apenas hizo lo que los otros partidos siempre hicieron.

Lo más probable es que el clima de radicalización política se acentúe en los días que nos separan de la segunda vuelta. De ser así, el próximo presidente brasileño, independientemente de quien sea, tendrá serios problemas para gobernar un país dividido y que no ha sabido encontrar el camino para identificar los verdaderos problemas que frenan su desarrollo económico y social después de dos décadas de relativo estancamiento.

El desprestigio del poder legislativo, escenario de gran parte de los escándalos de los últimos meses, no hará más fácil la tarea. Esto no es bueno ni para Brasil ni para los vecinos del Mercosur, que necesitan un bloque unido para mejorar sus perspectivas de crecimento y de consolidación de la democracia en la región.

Mariano Laplane. Doctor en Economía y profesor de la Universidad de Campinas, Brasil.