Hace un par de meses aparecía en este diario (LNE, 17-7-2006) el artículo de opinión «Una guerra entre extraños», bajo la firma de Ramón Punset. En él se desgranaba un análisis acerca de los orígenes de nuestra guerra civil que, como investigadores y docentes de la historia contemporánea, quisiéramos someter, siempre en tono respetuoso y sosegado, a una reflexión crítica. No tanto porque nos consideremos «expertos» portadores de la perspectiva «correcta» como para intentar contrarrestar la visión tendenciosa y sesgada que, a nuestro juicio, el mencionado artículo nos ofrece.
El texto comienza con una explicable condena moral a la furia homicida «de unos y otros». ¿Cómo no suscribir tan nobles sentimientos, que, por cierto, sintonizan bien con el reclamo de «paz, piedad, perdón» de un Manuel Azaña del que es difícil encontrar, en este aspecto, posturas semejantes entre los sublevados? Pero la repugnancia ética que cualquier violencia tiende a suscitar desde un punto de vista humano elemental no significa necesariamente equivalencia «política» de ambos bandos, colocando en paridad a militares golpistas con quienes defendían la legalidad establecida; salvo, claro está, que previamente se legitime el levantamiento arguyendo el insostenible «estado de cosas existente», como los propios alzados en armas hicieron en su momento. Tampoco fue la misma en intensidad y formas dicha violencia, tal como los historiadores más solventes han reiterado una y otra vez; no se entenderá nada si se equipara -salvo en términos de piedad y compasión- el desbordamiento producto del vacío de poder y alentado por el odio de clases acumulado en la zona republicana con la planificada e implacable matanza llevado a cabo por los rebeldes entre los cuadros del republicanismo y el movimiento popular (ese «exterminar a media España», si fuere preciso, del que hablara Franco a un periodista norteamericano).
Pero lo que viene detrás de este exordio moral resulta más preocupante. Porque lo cierto es que la ya de por sí discutible equidistancia («todos fueron culpables») se transforma pronto en unilateral requisitoria contra los republicanos y las fuerzas de izquierda, y en una -a veces abierta y a veces sutil- exculpación del «otro bando» que, al margen de la opinión de los historiadores más serios y concienzudos, nos sitúa en posiciones afines a los nuevos «revisionistas» y herederos de la historiografía franquista (Moa y compañía), con algunos aderezos tomados de la literatura histórica conservadora anglosajona.
El análisis de Punset opera a partir de un doble reduccionismo a la hora de analizar los orígenes de la guerra: la eliminación de la escena del componente social en un sentido amplio y la deshistorización del proceso a partir de una visión estereotipada de la democracia liberal como una meta mayoritariamente deseada en el presente y proyectada de manera anacrónica y descontextualizada a las realidades del pasado. Su República y su guerra no tienen nada que ver con los cientos de miles de jornaleros hambrientos; con obreros que trabajaban en condiciones ínfimas y arrastraban décadas de luchas, a menudo sangrientas, por sus derechos sociales y de ciudadanía; con maestros e intelectuales humanistas que soñaban con una país más libre e igualitario. Ni, por supuesto, con patronos en pie de guerra por sus «sacrosantos» derechos de propiedad; terratenientes soberbios acostumbrados a la obediencia ciega de sus braceros; militares africanistas violentos y autoritarios; clérigos teocráticos que querían retrotraer a España al Imperio de Carlos V o incluso a la Edad Media; o políticos derechistas seducidos por dictaduras que «metían en cintura» a los trabajadores insumisos.
Tampoco parece existir, en su esquema, la herencia envenenada de un régimen monárquico antidemocrático, clerical y militarista que se derrumbó en su estructura institucional ante el empuje popular de abril de 1931, pero no en la conciencia de muchos de sus seguidores. Menos aún se menciona que la idea entonces dominante de la democracia estaba fuertemente condicionada por los efectos devastadores de la depresión económica y la miseria que generó, y por la conversión de los regímenes liberales en gran parte de Europa en dictaduras, a menudo implantadas utilizando (como en Alemania) los marcos legales del sistema del sufragio.
Haciendo abstracción de todo esto, en el reino de la ficción (es decir, de la «política pura») lo que queda en la descarnada realidad de la España de 1931 es la diferencia entre «demócratas» reales o potenciales, como «los sectores derechistas moderados que seguían a la CEDA» (!!), frente a «antidemócratas» (los republicanos e izquierdistas); todo ello medido según baremos actuales de lo «políticamente correcto».
No es extraño, con estos principios, que la causa de lo sucedido se haga radicar «en primer lugar» (sic) en la Revolución Rusa, culpable de haber desatado esperanzas ilusorias en las clases populares y el miedo entre los sectores acomodados. El fascismo y los autoritarismos de derechas surgirían algo así como una «respuesta defensiva» frente al bolchevismo, de modo semejante a lo planteado por algunos polémicos historiadores ultraconservadores alemanes como Ernst Nolte.
Llega luego la República, y hemos de conceder, con Punset, que su aceptación no fue unánime. ¿O es que cabía esperar un especial alborozo de caciques y terratenientes, de patronos asustados por el ascenso del «cuarto estado», de una Iglesia casi homogéneamente reaccionaria, o de sectores de las clases medias y populares aleccionados durante décadas por ella en la hostilidad contra el liberalismo, la democracia o las ideas igualitarias? El ideal de la República representaba históricamente en nuestro país anhelos de renovación profunda, de limpieza en la vida pública, de descentralización territorial, de laicismo, de reforma social. Como tal, es impensable que no concitara rechazos. Pero eso no significa que su base se redujera a unos pocos sectores de las clases medias. Los testimonios del momento son acumulativos y arrojan un balance indubitable: el 14 de abril fue un día de enorme y masivo júbilo popular. El desencanto y la formulación de propuestas de «superar la República burguesa», por más que estuviera obviamente en el «programa máximo» de las organizaciones obreras, empiezan a difundirse más tarde, con la exasperación por la lentitud de las reformas o su mala aplicación; y también -conviene no olvidarlo- por las duras campañas de los defensores del viejo sistema, que se dividieron implícitamente, desde el primer momento, el doble y a la vez convergente papel de aplastar al nuevo régimen con la violencia o vaciarlo a la manera lampedusiana de contenido democrático y social.
Para Punset, sin embargo, la culpa de las tensiones que se sucedieron fue de los republicanos, que aprobaron una «Constitución sectaria» y excluyente, pretendiendo desplegar las reformas «en un tiempo demasiado corto». Sorprende que un jurista califique de «sectario» el texto constitucional de 1931, lo cual nos trae a la memoria observaciones como las del monárquico y filogolpista en 1936 Pedro Sainz Rodríguez, que situaba precisamente las raíces de la guerra en la Constitución republicana. ¿En qué consistía ese sectarismo: en la separación de la Iglesia y el Estado, la aceptación de autonomías dentro de un «Estado integral», la posibilidad de expropiar por razones de utilidad pública o la declaración de la igualdad de la mujer? Mejor haría argumentando (las razones son más sólidas) que algunas reformas se plantearon, en la práctica, de modo intransigente o aderezadas con una retórica contraproducentemente agresiva. Pero se trataba de medidas inexcusables en un proyecto modernizador y nada revolucionarias en su alcance, incluyendo una modesta reforma agraria que el mismo José Antonio Primo de Rivera consideró tímida y pacata.
Cabe imaginar además que los sectores antirrepublicanos no hubieran aceptado ni siquiera cambios más graduales y modestos; la virulenta actitud de sus correligionarios ante el moderadamente reformista miembro de la CEDA Giménez Fernández, y su expulsión del gobierno en 1935, demuestran a las claras el temperamento «conciliador» de la derecha de entonces. Es, sin duda, este talante el que hizo a los vencedores en las elecciones de 1933 blanco de las acusaciones, incluso por parte de algunos republicanos conservadores, de ejercitar la táctica del caballo de Troya y querer gobernar la República para destruirla desde dentro. La retórica de la CEDA en la campaña electoral no era, desde luego, más suave que la usada por los socialistas; es sabido que Gil Robles hablaba entonces de crear de un «Estado Nuevo» «sin masones y judaizantes» y de «someter» al Parlamento o eliminarlo; sus patentes simpatías con las dictaduras de derechas europeas tampoco contribuían a apaciguar los ánimos. Hasta personajes «moderados» de tradición republicana como el corrupto Lerroux se habían visto oscuramente involucrados en el golpe derechista de Sanjurjo en agosto de 1932, más de dos años antes, por cierto, que los acontecimientos del Octubre asturiano. La política de orden público, y sobre todo de desmantelamiento de las reformas sociales en el campo de los gobiernos de «centro-derecha» de 1933-1935 (paralela al «comed República» de los patronos a sus braceros), ha merecido juicios escasamente elogiosos hasta de alguien tan poco sospechoso de izquierdismo como el mismísimo Ricardo de la Cierva.
La insurrección de Octubre no se entiende, pues, sin este clima nacional e internacional; es inseparable de este contexto, al margen de las capacidades políticas u oportunismos de dirigentes como Prieto o Largo Caballero. Lo que resulta excesivo, aunque tiene poco de novedoso, es situar en ella el origen de la guerra, más allá de su contribución indudable al aumento de las tensiones. ¿Por qué no, entonces, remontarnos a las conspiraciones cívico-militares que se inician ya en 1931, al mencionado golpe de Sanjurjo o a los intentos de hacer intervenir al Ejército que el propio Gil Robles confiesa haber realizado en diciembre de 1935 o febrero de 1936? ¿Por qué no buscarlo en la incendiaria política ultrarreaccionaria y antisocial de los gobiernos de 1935 o la a todas luces desmesurada y vengativa represión del movimiento de Octubre?
Es cierto que, tras las elecciones de febrero, la tensión aumentó en el país, no sólo por la movilización obrera, sino también por la escalada de la violencia puesta en marcha desde los grupos fascistas con claras complicidades en el resto de la derecha. Hablar, en cambio, de clima prerrevolucionario es, cuando menos, discutible, y referirse a la práctica desaparición de «una nación dotada de un proyecto común» supone dar el salto a la legitimación del golpe militar. Porque la guerra -y con ella el estallido de violencia que justamente se lamenta- tiene nombres y apellidos entre quienes la provocaron (generales golpistas y trama civil que los apoyó). Frente a ellos estaba un Gobierno legítimo salido de unas elecciones (aunque fueran ceñidas en su resultado); algo que, por cierto, menos que desde ninguna otra perspectiva, cabría desdeñar partiendo de una concepción de la democracia basada en el irrestricto respeto a las «formas».
Decir, por último, que el conflicto bélico fue una pugna entre dos autoritarismos enemigos de la «democracia burguesa» es volver a reeditar viejos y dudosos tópicos. En la España republicana se anticipaba -con las lógicas peculiaridades del momento y la radicalización inicial suscitada por la reacción frente al «alzamiento»- la contradictoria alianza de fuerzas antifascistas que -no lo olvidemos- volverá a resurgir en la Segunda Guerra Mundial. Que Gran Bretaña y Francia abandonaran a la República española a su suerte demuestra no que los regímenes liberales occidentales se percataran de un «gran camuflaje» que implicara la bolchevización de España (como parece apuntar Ramón Punset), sino precisamente la escasa calidad democrática de sus gobiernos, esforzándose por «apaciguar» a los fascismos o anteponiendo intereses económico empresariales que creían amenazados a la defensa de las libertades, y mostrando clara «benevolencia» y tácita satisfacción con quien tiranizaría España en las siguientes décadas.
En definitiva, el esquema explicativo utilizado es, cuando menos, unilateral. Pero es cierto que resulta creíble en cuanto que entronca con ideas integradas en el «sentido común» de muchos españoles adoctrinados durante décadas en la destrucción sistemática de la imagen de la República y en la demonización de los derrotados; o escondiendo, todo lo más, detrás del «axioma» de la equidistancia -por cierto, casi siempre escorado, a la postre, del lado de los vencedores- la responsabilidad de quienes sumieron a España en esa «larga noche de piedra» de que nos habla el articulista. Objetivamente, contenidos como el del citado texto -más allá de las intenciones del autor- contribuyen a mantener esa imagen, con el fin de establecer una cesura insalvable entre nuestra democracia y el precedente republicano. El mencionado artículo pretende, al parecer, alertar a la ciudadanía sobre los riesgos inherentes al actual retorno del debate republicano y a una revisión del pasado que rompa los diques y levante los sellos de una transición, simbolizada en el famoso «consenso» de 1978, que algunos suelen considerar modélica. Puede considerarse, en principio (igual que la postura contraria), un ejercicio intelectual legítimo. Pero no es esa cuestión el objeto de estas líneas. Lo que resulta al menos preocupante -y, desde luego, enormemente significativo- es que tales intenciones políticas, cuando se manifiestan, como en este caso, tengan que basarse en interpretaciones del pasado tendenciosas o plagadas de tergiversaciones.
Cordialmente.
Este artículo ha sido elaborado por Francisco Erice Sebares, Carmen García García, Asunción García-Prendes Salvadores, Octavio Monserrat Zapater, José María Moro Barreñada, David Ruiz González, Jorge Uría González y Rubén Vega García, profesores del Área de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Lo firma Francisco Erice Sebares por ser el primero por orden alfabético.
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