Un debate global sobre el agua, de José Ángel Fernández Villa en La Nueva España
Desde hace algún tiempo han comenzado a aparecer en los medios de comunicación informaciones y opiniones sobre el agua y, en cierto modo, el SOMA-FIA-UGT se siente partícipe de haber iniciado en esta región un debate que hasta el momento permanecía sepultado. No obstante, la política hidráulica hay que contemplarla desde una perspectiva global, atendiendo a todas sus variables, y no de manera segmentada y parcializada, como se está haciendo. Nadie pone en duda el carácter del agua como bien común imprescindible para la vida, su enorme valor ambiental y paisajístico y la garantía de bienestar doméstico y urbano que comporta, pero se omite interesadamente de ese debate que este recurso es también un factor de localización industrial, de aprovechamiento energético y de desarrollo urbanístico y de ocio.
Sin duda, el agua es un recurso natural de creciente valor estratégico. Estudios científicos calculan que para el año 2025 la demanda de agua dulce en el mundo será un 56% superior a la capacidad de suministro, lo que avivará las pugnas territoriales por el control de los recursos hídricos. En las últimas cinco décadas se han registrado más de 500 conflictos motivados por el agua y buena parte de ellos han tenido un carácter violento o han requerido intervenciones militares. Por ejemplo, en el desgraciadamente cotidiano conflicto entre Israel y Palestina subyace el control por los recursos hídricos de los Altos del Golán y la franja de Gaza. El agua será en el siglo XXI el recurso más preciado, al igual que en la anterior centuria lo ha sido el petróleo.
Es conocida la preocupación del sindicato por los recursos hídricos y ese interés es el que le ha llevado a avanzar propuestas y plantear iniciativas. En esta línea, ha vuelto a tomar la iniciativa con la invitación realizada a los organizadores de la Expo de Zaragoza 2008, cuya temática estará dedicada al «Agua y desarrollo sostenible», a estar presente en la última edición de la fiesta de Rodiezmo. Las miles de visitas que recibió el «stand» de la exposición internacional dan muestra del interés ciudadano en las cuestiones relacionadas con los recursos hídricos. A pesar de ello, el acceso del público a la información y la participación de la sociedad civil en las decisiones relacionadas con el agua son todavía asignaturas pendientes en esta región, aún cuando existe legislación varia que así lo estipula, y especialmente la Directiva Marco del Agua (DMA).
Una muestra de esas limitaciones a la participación ciudadana han sido las trabas impuestas a un colectivo que el pasado fin de semana quiso mostrar, mediante una acampada, su desacuerdo con una política del agua y con un proyecto. En todo momento fue una concentración respetuosa, en consonancia con los valores y principios de defensa del medio ambiente y la naturaleza que defienden las propias organizaciones que impulsaron la protesta, cuya manera de actuar es una legítima forma de expresión de una sociedad democrática, en la que las personas tienen el derecho constitucional de exponer libremente sus ideas. La sociedad está reclamando su turno de palabra para que se tenga en cuenta su opinión a la hora de tomar decisiones en materia medioambiental, pero hay quienes siguen haciendo oídos sordos.
El propio director general del Agua, Jaime Palop, comentaba recientemente que «el agua no tiene que estar gestionada por criterios tecnócratas, sino por criterios democráticos». En nuestra comunidad, esa necesaria democratización podría comenzar por CADASA, pues resulta llamativo que en el Consorcio de Aguas de Asturias estén representados únicamente los municipios consumidores, mientras continúan sin tener presencia los que proveen del recurso al resto de la región. Ha de procurarse la participación de todos los concejos en la toma de decisiones y no sólo de aquellos que se abastecen del agua. También los municipios suministradores deberían tener voz y voto en el órgano de gestión. La transposición de la DMA al ámbito legislativo de cada país está sacando a la luz avanzados modelos de gestión del agua en Europa, como el que se está tratando de poner en marcha en la región austriaca de la Baja Sajonia, uno de los más vanguardistas, donde el diálogo social es el respaldo de la política hidráulica.
Cabe preguntarse si se hablaría del agua en esta región si no estuviese presente el tema de Caleao. Por supuesto, ésta es una cuestión que se debe abordar, pero resulta apremiante abrir cuanto antes un debate serio y riguroso sobre los recursos hídricos, contemplados desde una perspectiva integral, en el que participen ayuntamientos, Gobierno regional, gestores, usuarios, empresas, Universidad, agentes socialesÉ, sin exclusiones de nadie ni visiones parciales, como paso previo a alcanzar un pacto por el agua en Asturias, ya que una buena política del agua debe estar sustentada en el consenso. Es algo que el SOMA-FIA-UGT viene reivindicando desde hace tiempo, pero que, como en tantas otras iniciativas, ha quedado defendiendo en solitario. Otras comunidades autónomas ya han comenzado a propiciar sistemas de participación democrática en materia hídrica, como en el caso de Navarra, donde el Gobierno foral ha impulsado la creación de una plataforma de información y participación pública para constituir un marco de cooperación entre los distintos agentes implicados en la gestión del agua.
Resulta curioso cómo se contraponen distintas formas de aprovechamiento de nuestros recursos hídricos y se justifican unas opciones por encima de otras sólo atendiendo al coste económico del recurso. El agua en sí misma es riqueza, es un activo eco-social, y lo que hay que contemplar son todos los costes: ambientales, sociales, territorialesÉ El SOMA-FIA-UGT ya manifestó en la jornada «El agua en Asturias», que celebró en abril de 2004, que ninguna alternativa es excluyente, pero es fundamental analizar todas las posibilidades antes de tomar decisiones políticas y sociales, porque sería una lástima que después de que comienza a arrojarse algo de luz sobre un debate durante tanto tiempo secuestrado, se detraiga y segmente parte del mismo. Poner en marcha planteamientos disgregados puede ser, en unos casos, un elemento que, sumado a las resistencias que ya existen, dificulte el desarrollo de proyectos empresariales de aprovechamiento de este recurso que generarían actividad económica y empleo; y, por otra parte, puede facilitar el desarrollo de proyectos que, cuando menos, son discutibles y, por tanto, deben estar sujetos a un amplio debate.
Junto a las aguas superficiales, Asturias tiene en sus acuíferos subterráneos y en el agua almacenada en los pozos mineros un enorme potencial. El convenio de colaboración que recientemente han firmado el Grupo HUNOSA, la Universidad de Oviedo y el Instituto Geológico y Minero de España para el estudio del funcionamiento del agua de las minas, así como la posibilidad de almacenar C02 y aprovechar el metano contenido en las capas de carbón, ha sido valorado positivamente por el SOMA-FIA-UGT, pero el sindicato también ha manifestado la necesidad de que la empresa pública emprenda, paralelamente al desarrollo de las actividades del convenio, un estudio de viabilidad empresarial en todas sus variables: potenciales consumidores, precios y utilidades del recurso. La entrada del Grupo HUNOSA en el mercado del agua permitirá a la compañía ahorrar los costes del bombeo, pero además supondrá un avance importante en su política de diversificación y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Actualizar los estudios existentes sobre los recursos hídricos de la región, tanto subterráneos como de superficie, y ampliar a toda la comunidad las prospecciones que la Confederación Hidrográfica del Norte y la Universidad de Oviedo están llevando a cabo en la zona central asturiana para conocer el potencial de los acuíferos es otra de las tareas pendientes. Ese análisis no puede centrarse únicamente en conocer la cantidad y la calidad del recurso, sino también sus posibles utilidades, siempre desde el respeto a la sostenibilidad medioambiental.
La Universidad de Oviedo y los expertos de reconocido prestigio profesional y científico que en ella realizan su labor deberán desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de estas iniciativas. Dada la situación y las características hidrológicas y naturales de Asturias es previsible que la demanda de profesionales especializados en estas materias vaya en aumento, por eso es fundamental potenciar la formación en este ámbito. De hecho, ya comienza a percibirse esa necesidad de especialistas, sobre todo en gestión del agua, pues numerosas empresas han tenido que buscarlos fuera de nuestra región porque en Asturias escasean. El campus de Mieres, enmarcado en la «Ciudad universitaria de las Cuencas», también debería ampliar su abanico de titulaciones de grado medio y superior e incorporar a las mismas la de Hidrología. De igual modo, hay que dar un impulso definitivo a la Fundación o Instituto de la Energía, los Recursos Naturales, el Agua y la Tierra, pues el fomento de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías son tareas urgentes que desarrollar si Asturias no quiere quedarse a la cola.
La utilización del agua genera unos rendimientos empresariales y cabe reflexionar sobre quién se beneficia del valor económico y de la utilización del mismo y qué compromisos se establecen con aquellos territorios que sufren las consecuencias de ese aprovechamiento, cuyos efectos no sólo se perciben en las propias zonas que albergan los embalses, sino a lo largo de todo el cauce fluvial. Los sectores que explotan el recurso y aquellos poderes económicos y empresariales que se estén planteando hacerlo, no pueden pensar sólo en sus propios intereses, sino en el interés general. Además, es hora de que se adecue el uso del recurso a su calidad, pues no resulta lógico que agua de excelentes propiedades se destine al riego de campos de golf o a usos industriales. Y no puede demorarse por más tiempo la reparación de la redes de abastecimiento, que provocan graves pérdidas del recurso. Hay que adoptar una nueva concepción de la política del agua orientada hacia el ahorro, la eficiencia y la sostenibilidad. Iniciar una auténtica gestión de la demanda, desde el consenso y la participación plural.
José Ángel Fernández Villa es secretario general del SOMA-FIA-UGT.
