La semana pasada, celebrando la fiesta de la Mare de Déu de la Misericòrdia, en Reus, me venía a la mente un pensamiento de Juan Pablo II: que la mentalidad contemporánea parece oponerse al Dios de la misericordia. Sólo unas horas después un organismo de nuestra administración pública lanzaría al debate una propuesta de despenalización de la ayuda al suicidio en determinados supuestos. Sé que sólo es una propuesta a la opinión pública, que no va a materializarse ahora. No obstante, ha vuelto a mi mente, con fuerza, aquel pensamiento de Juan Pablo II.

Una de las grandes alegrías que me ha proporcionado mi tarea como arzobispo ha sido el conocer de cerca muchas personas y labores volcadas al servicio de enfermos, ancianos y moribundos. Confieso que estos lugares me atraen enormemente, y allí voy siempre que me es posible. En Catalunya, hay una gran riqueza, con frecuencia inadvertida, de personas entregadas a la atención de los más débiles. Son situaciones que generan gran dependencia, y exigen mucha generosidad. No me refiero sólo a la labor asistencial de los católicos, sino también a la de tantas otras personas. Es de justicia agradecérselo, porque su labor de algún modo nos corresponde y nos enriquece a todos. En sus vidas, y en las vidas de los enfermos, se palpa de modo singular la misericordia.

Es importante que nos preguntemos por el origen de esta riqueza de instituciones y personas con vocación de servicio. Pienso que es la consecuencia de una cultura que valora por encima de todo, sin discriminación alguna, la vida humana, por dependiente y deficiente que sea: discapacitados físicos y psíquicos, enfermos crónicos, moribundos, personas que sufren la dura prueba de la depresión y del deseo de morir, ancianos abandonados...

En efecto, un elemento nuclear del patrimonio moral que hemos recibido es la protección de la vida. Se trata de un bagaje que no contempla, ni como posibilidad legítima, dar muerte al inocente para resolver alguno de los problemas que puedan surgir. Es un eco de las raíces cristianas de Catalunya, pero su vigencia va más allá del ámbito de los creyentes: se trata de un valor compartido por otras tradiciones culturales, que asumieron el decálogo para la configuración de su ética pública.

Catalunya experimenta un envejecimiento progresivo de la población. Cada vez hay más ancianos, y la vejez frecuentemente viene acompañada de la enfermedad. Muchas de estas personas, además, viven solas y desatendidas, debido - entre otros motivos- a la desestructuración de la familia. Las atenciones que requieren exigen mayor inversión de tiempo y de recursos. El sistema de seguridad social soporta una gran carga y su estabilidad a largo plazo supone, indudablemente, un reto.

En este contexto, la Administración pública - a través de un organismo consultivo- pretende abrir un debate de expertos sobre la eutanasia en algunos casos extremos. El mismo hecho de plantear, ahora, esta posibilidad, ya es una amenaza para todos nuestros moribundos, ancianos y enfermos. Por más que se introduzcan muchos matices y precisiones, se abre la alternativa de causar la muerte, y se cuestiona así uno de los fundamentos de nuestro patrimonio moral. La distancia entre la protección de toda vida humana, y la protección de todas menos algunas, es infinita.

Esta cuestión de vida o muerte ha sido propiciada, justamente ahora, desde el poder público. Esto debería hacernos reflexionar sobre la responsabilidad de todos los ciudadanos de velar por nuestro patrimonio moral y cultural, y de comprobar qué harán nuestros gobernantes con él. Es en estas materias fundamentales donde se demuestra si protegen esta riqueza, si cumplen con su obligación de defender a los débiles y los indefensos frente a la injusticia.

Por otro lado, podemos valorar la experiencia de los países donde se ha despenalizado el suicido asistido de enfermos. En la práctica, los límites son muy borrosos, y a pesar de los mecanismos de control previstos se han registrado numerosos abusos, eutanasias cometidas sin consentimiento del enfermo. La sociedad quita una protección legal para los más débiles y se dota de una vía legal que permite desprenderse de ellos: una realidad que, en el pensamiento de los enfermos y ancianos, puede llegar a ser muy coercitiva.

Podría objetarse que la propuesta de despenalización que se ha lanzado a la opinión pública prevé muchas restricciones. Bien, pero cuando existe un riesgo real de víctimas inocentes ¿es admisible el matiz?, ¿pueden los legisladores quedarse tranquilos asegurando mecanismos que castiguen al que aplicó una eutanasia no solicitada? ¿Y quién le devuelve la vida al que murió sin haberlo pedido? Una sociedad que no pone medios para salvar la vida del suicida, que no da razones para vivir, ¿puede estar satisfecha? ¿Puede considerarse una sociedad acogedora de todos? ¿No podría buscar, de su rico patrimonio cultural, alternativas? De esto último estoy convencido: sí que podemos, y debemos, buscar alternativas a la muerte provocada. Hemos de aliviar el sufrimiento de los enfermos: éste es el verdadero objetivo. Pero no abramos la alternativa de provocarle la muerte. La experiencia clínica demuestra que en fases avanzadas de la enfermedad la expresión del deseo de morir representa con frecuencia una petición a no ser abandonado, ni desde el punto de vista médico ni especialmente desde el punto de vista afectivo y humano. Necesitan la misericordia. Conviene que llegue a cada enfermo el cariño y el afecto, y una atención médica proporcionada, sin excesos ni encarnizamiento terapéutico. Consiste en un deber personal y colectivo. En este sentido, es motivo de alegría comprobar lo mucho y bien que se está avanzando, con el impulso de los cuidados paliativos, donde Catalunya ha sido pionera. Otras soluciones que van a la raíz son el apoyo a las situaciones de dependencia y las políticas familiares, que gracias a Dios están en la agenda de los gobernantes.