Todo muy poco serio, de Francesc de Carreras en La Vanguardia
Ustedes recordarán que durante la elaboración del nuevo Estatut se solía decir que se estaba redactando un texto que debía durar 25 años. La cifra no era casual: la razón era que el Estatut de 1979 había estado vigente durante este periodo de tiempo. Sin embargo, la cifra era absurda: a ningún político serio, en ninguna parte del mundo, se le habría ocurrido una idea semejante. Las leyes se reforman cuando conviene y no al final de un periodo de tiempo fijado de antemano por quien ha realizado la última reforma.
Ahora bien, es sabido que el Estatut se redactó sin criterios claros, por razones políticas coyunturales, sin creer casi nadie en lo que se iba aprobando, mirando de reojo lo que hacía el partido de al lado para ir un poco más allá y así aparecer como mejor defensor de Catalunya. Hoy, a los dos meses de su publicación, comienza a hacerse visible la frivolidad política y la mala técnica jurídica empleada por sus redactores. En efecto, el texto resultante no dejó satisfecho a nadie, lo cual es natural y hasta bueno en una norma de estas características. Ahora bien, no es nada natural, y todavía mucho menos es bueno, que estando tan sólo en los comienzos de su desarrollo las interpretaciones ya sean tan dispares.
El actual Gobierno de la Generalitat, en precario y a punto de hacer las maletas, ya ha amenazado con la interposición de recursos contra varias normas estatales que, a su parecer, vulneran el actual Estatut. El conseller Saura ha declarado este verano que no estaba nada de acuerdo con las interpretaciones que hacía el Gobierno de Madrid en aspectos tan importantes como el concepto de competencia exclusiva o de legislación básica. Daba la impresión de que Saura sólo recordaba el texto propuesto por el Parlament de Catalunya y no la versión finalmente aprobada. En realidad, en estas materias nada ha cambiado excepto la letra de la ley.
Esta semana la confusión se ha hecho más explícita al presentar el ministro Solbes su proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Resulta que una disposición adicional del nuevo Estatut prevé que la inversión del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras deberá fijarse de acuerdo con el porcentaje del PIB catalán respecto al conjunto de España.
No hace falta ser un gran experto para darse cuenta que un estatuto, una ley circunscrita a una comunidad autónoma, no puede limitar las facultades legislativas de las Cortes Generales y, por tanto, es más que probable que este precepto sea uno de los que sean declarados inconstitucionales.
Ahora bien, al margen de este insignificante detalle y siguiendo con el razonamiento anterior, dado que el PIB de Catalunya es el 18,85% del PIB de toda España, parece fácil saber la cifra exacta de lo que debe invertir el Estado en infraestructuras. Pues bien, no ha sido así y el baile de cifras ha resultado considerable: según el Gobierno, son 3.195 millones de euros; según la Generalitat, 3.445; según la Cambra de Comerç, 3.797,7; y según ERC y CiU, 3.982. Algunos dicen, además, que lo presupuestado por el Gobierno central es sólo el 14% del PIB catalán, menos aún que el 14,6% que figuraba en los presupuestos del año pasado.
Si los cálculos matemáticos, en principio exactos, ya resultan poco precisos para interpretar el Estatut, ¿qué será a la hora de encontrar significado a las palabras, las tan vagas, inconcretas, indefinidas y, a menudo, abstractas palabras? Todo sigue pareciendo muy poco serio.
