Anda bastante avanzada la operación de Roces-Grada, manejada por la gestora de suelo del Principado, Sogepsa, y justo en este momento vuelve a rugir el asunto de las contrataciones y adjudicaciones de esta empresa mixta, en cuyo consejo se sientan al alimón entidades públicas y constructores privados, aunque con ligero predominio del Principado y ayuntamientos.

El edil ovetense Cuervas-Mons acaba de denunciar que no hay suficiente objetividad y transparencia en los procedimientos mediante los cuales Sogepsa hace entrega de sus obras o de sus parcelas urbanizadas a las empresas aspirantes.

Ruge el león de nuevo, y no nos referimos a que Mons sea un felino, sino a que cíclicamente se cuestiona a la gestora de suelo, como en su día sucedió en Gijón, durante los prolegómenos de la operación de Montevil oeste. En aquella ocasión, fueron los promotores y constructores de Gijón agrupados en Asprocon los que montaron una apreciable tremolina por el hecho de que Sogepsa repartiera los solares atribuyendo cierta ventaja a las empresas que fueran sus socias.

Aquella crisis fue sonada ya que arrojó sobre Sogepsa la peor de las sombras: la gestora de suelo trabaja con la fuerza impositiva de la expropiación y de la reserva regional de suelo, que son mecanismos de interés general, pero las fincas resultantes iban a parar en buen parte a un reducido club de promotores cuyo mérito consistía en poseer unas pocas acciones de esta empresa mixta. Es decir, unos pocos milloncejos en títulos cuya rentabilidad resultaba inmensa, a la vista de que el suelo es una materia escasa y de que una ligera ventaja para obtenerlo supone unos beneficios cuantiosos.

Precisamente por ello, porque el suelo es un bien escaso, y porque Sogepsa lo obtiene en nombre del procomún, el carácter mixto de la gestora de suelo del Principado sigue siendo una de las peores sombras de esta región. Y, encima, su capacidad para controlar los precios de la vivienda es más que discutible.