Acabada la transición democrática, las universidades tuvieron que esperar hasta 1983 para disponer de una primera ley, la ley de Reforma Universitaria, que regulara la autonomía que les otorgaba el artículo 27 de la Constitución. En aquel marco legal las distintas universidades se desarrollaron y modernizaron y se empezaron a diferenciar. En conjunto, son mucho mejores que antes. Incluso han presentado interesantes ofertas en lo que - por suerte y hasta ahora- no se reguló demasiado, como era el caso de las ofertas de posgrado. Negar este hecho es negar la evidencia. Pero ninguna ha logrado estar entre las 150 mejores universidades del mundo, según el ranking más de moda, el realizado por la Universidad Jiao Tong (que, como cualquier ranking, es discutible, pero que indica algo).

En parte es lógico que ninguna universidad sobresalga. España tiene más de 70 universidades (y Catalunya más de diez), en principio todas con los mismos objetivos y las mismas características. En teoría son todas igual de buenas.Todas otorgan títulos de casi todo a todos los niveles, incluido el de doctor, y todas son universidades investigadoras. Si esto fuera cierto, el país debería dedicar a sus universidades unos recursos que ninguna economía desarrollada se puede permitir. El resultado es que todas las universidades son, más o menos, igual de mediocres.

Es como si todos los centros superiores de Estados Unidos fueran tan buenos como Harvard, el primero de la lista, o, si me apuran y ya me conformaría, iguales que la que figura en el número cien del ranking, la Universidad del Estado de Arizona en Tempe. Esta uniformidad esterilizante es lo que algunos defienden. Incluso hay quien afirma - erróneamente- que esta uniformidad es lo que persigue la declaración de Bolonia a escala europea. Que las universidades europeas unifiquen algunas de sus características no quiere decir que se persiga el objetivo de que todas hayan de ser parecidas, igual de mediocres.

Es un hecho también que las mejores universidades son las anglosajonas. Prueba de ello es que tampoco ninguna universidad de la Europa continental está entre las 25 mejores del mundo. Dejando de lado el Politécnico de Zurich (en el puesto 27) y la Universidad de Utrecht (40), ambas de países pequeños e innovadores, no encontramos hasta el puesto 45 una universidad napoleónica,la de Paris 6. Las mejores universidades son las que tienen un régimen de autonomía, aunque entienden su autonomía de manera bastante distinta a como se entiende aquí.

Que España, una de las 10 o 12 primeras potencias industriales del mundo, un país con un alto índice de esperanza de vida y de calidad de vida, no tenga ninguna universidad de calidad a nivel internacional es preocupante, como también lo es para la Europa continental. Y aún más cuando sabemos - y en esto hay un gran consenso- que sólo podremos mantener nuestro nivel de desarrollo si basamos nuestro futuro en el conocimiento, en la formación y en la I+ D. El análisis de las causas de esta situación es complejo y, evidentemente, no se arregló con la puesta en marcha de la ley Orgánica de Universidades de 2001 que, en mi opinión, se limitó a hacer algunas reformas, algunas de dudosa efectividad. Más mejoras supuso la ley catalana de universidades, la LUC, en lo que le permitió el estrecho margen dejado por la legislación orgánica estatal.

No es éste el lugar de analizar en profundidad las causas de esta situación, pero sí se pueden indicar algunas. En el año 2000, el entonces responsable del Dursi, Andreu Mas-Colell, nombró una comisión de amplia mayoría no universitaria pero con una amplia representación social, para que hiciera un análisis de la situación. Dicha comisión elaboró el Informe sobre el futuro del ámbito universitario catalán.Las palabras clave del informe eran excelencia, autonomía (auténtica), responsabilización, participación, competencia entre universidades, diversidad y flexibilidad, además de hacer propuestas sobre el sistema de gobierno, las políticas de personal y de estudiantes y el sistema de financiación.

Ahora el Gobierno acaba de aprobar un proyecto de modificación de la ley vigente que se encuentra en su trámite parlamentario. Parece razonable, como parece que es, que el proyecto de ley intente complacer a la mayoría de los rectores. Pero aunque ello sea conveniente, lo que sería fundamental es que el proyecto avanzara en las líneas que nos han de hacer mejorar el sistema universitario y que, en mi opinión, son las ideas y los conceptos que se citaban en el mencionado informe. Y lo que es aún más importante, me gustaría que se contestara a la pregunta de si con esta nueva ley, dentro de diez años, alguna de nuestras universidades estará entre las cien mejores del mundo. Éste debería ser el objetivo fundamental de la reforma.