Más de tres millones de autónomos acceden a derechos laborales, de P. García en El Mundo
El Gobierno califica de «histórico» el proyecto que equipara parcialmente a estos trabajadores con los asalariados por cuenta ajena.
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentó ayer al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En conferencia de prensa, Caldera calificó el proyecto de «histórico» y recordó que afectará a más de tres millones de trabajadores. El texto, según Caldera, recoge las principales reivindicaciones de este colectivo y ha sido ratificado por las dos asociaciones mayoritarias del sector ATA y UPTA.
Definición.
El anteproyecto define al trabajador autónomo como «aquella persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación al trabajadores por cuenta ajena».
Derechos y deberes.
La norma formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores autónomos, como el derecho a la igualdad y no discriminación o el derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar (paternidad, maternidad, riesgos para la madre durante la lactancia). Además, fija las reglas de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente cuando el trabajador autónomo trabaja en locales de otro empresario o con materias primas o herramientas proporcionadas por otro empresario. Se establecen otras garantías económicas, por ejemplo, en el caso de obras subcontratadas, para las que se determina la responsabilidad que el empresario principal tiene con el autónomo cuando un contratista le adeude cantidades.
Autónomos dependientes.
Una de las figuras que más controversia ha creado en el proyecto es la del autónomo dependiente, esto es, aquél que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas. Una vez que el proyecto sea tramitado y ratificado por el Parlamento, estos trabajadores tendrán garantizado un mínimo de 15 días de vacaciones al año y el derecho a una prestación por cese de actividad cuando ésta no esté justificada. La jurisdicción que entenderá de estos asuntos será la de los juzgados de lo social, lo que ha suscitado la oposición de la patronal CEOE.
Derecho de asociación.
Los autónomos tendrán derecho de asociación y a ejercer la defensa colectiva de sus intereses profesionales. También se establecen las bases para el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos previa determinación de una comisión de expertos que designará el Ministerio de Trabajo.
Consejo Estatal.
Se crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde se residenciará la participación institucional de las asociaciones de estos trabajadores y de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y en el que estarán presentes también las distintas administraciones. No se aborda, sin embargo, su presencia en el Consejo Económico y Social (CES).
Protección social.
En materia de protección social, se aplican medidas tendentes a que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad Social. Se propone extender a todos los autónomos la protección social por incapacidad temporal. Los trabajadores autónomos económicamente dependientes también estarán cubiertos por la protección por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Se ponen en marcha reducciones y bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos (mujeres, jóvenes). También para los hijos de los trabajadores autónomos menores de 30 años que inicien una labor como trabajadores autónomos en la actividad económica de la que es titular el padre o la madre.
Jubilación y paro.
Se permitirá la jubilación anticipada en actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa. Se da un mandato al Gobierno para que establezca un sistema, basado en las cotizaciones, que garanticen su derecho a un subsidio en los casos de cese de actividad. Los autónomos, dijo Caldera, estarán obligados a registrarse y cotizar a la Seguridad Social.
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