No es de extrañar, que tal y como publica hoy La Nueva España, como una de las noticias más relevantes y destacadas con las que abre este periódico su información regional, que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considere que Asturias es una de las comunidades en las que el crimen organizado está encontrando abierto su camino, dada la permisividad generalizada que parece que aquí tenemos todos, ante los comportamientos que se salen del marco de la legalidad. A nosostros no nos extraña que crezca la delincuencia organizada. Nada. ¡No nos extraña nada! ¡Cómo no va a crecer! ¿Dónde están los comportamientos ejemplarizantes del poder? Si ellos lo hacen abiertamente, por qué nosotros no, pensarán muchos.

Incluso podría decirse que estamos entrando en el terreno de la apología del comportamiento ilegal, ante el carácter inevitable del mismo, por una sorprendente resignación generalizada. Puede ser esa resignación, lo que movió al fiscal que en Avilés archivó la denuncia del PP contra el concejal Fernando Díaz Rañón, por autorizar a una empresa promotora -al parecer la misma que tenía contratado en su día al ex concejal de urbanismo Eduardo Font- a hacer lo que le da la gana, pues si no, no resulta fácil explicar un razonamiento como el que sirivió para el archivo de esa denuncia, de acuerdo con el relato del primer peridódico del Principado: En su decreto para el archivo de las diligencias, el fiscal mantiene que para que exista un delito de prevaricación es necesaria la existencia de resoluciones que transgredan de forma «grosera, flagrante, clamorosa o esperpéntica» la legalidad. Así explica que el ámbito penal debe quedar reservado para aquellas violaciones normativas que desborden la legalidad de manera flagrante y clamorosa, «no bastando la mera ilegalidad que puede ser producto de una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el mundo del Derecho». Y añade: «Lo contrario daría lugar a criminalizar toda la actividad administrativa».

No le falta razón al fiscal en su exposición, tal y como corresponde al encargado de interpretar, desde el llamado "ministerio público", los límites vaporosos e indefinidos entre la legalidad y el delito, y es evidente que si él lo dice, por algo será, y si realmente hiciésemos una interpretación rigurosa de los actos erróneos, equivocados o discutibles, y no esperpénticos, en los que la actividad administrativa se aparta de la Ley, ello nos llevaría, seguramente, tal y como afirma este funcionario, a criminalizar toda la actividad administrativa, puesto que la tendencia generalizada a considerar que uno puede equivocarse en todo, actuar siempre de manera discutible, y comentiendo continuos errores, y que nada es esperpéntico, conduce a la transformación de la legalidad en ilegalidad sistemática, pero consentida, a fuerza de la extensión de su práctica, y ya se sabe que la costumbre hace ley. Si la costumbre es delinquir, la ley dejará de ser ley, y el delito dejará de ser delito, pues por este camino sólo violarán las normas los carteristas.

Si se fijan ustedes en la manera en la que ha ido evolucionando, con el paso de las semanas, la opinión pública, ante el descubrimiento de la forma en la que el gobierno del Principado de Asturias decidió violar su propia Ley de Comunicación y Publicidad Institucional, publicando un espectacular panfleto a todo color, con seis ediciones diferentes de más de ciento sesenta páginas, elaborado por un montón de profesionales que hicieron las entrevistas, las fotografías y el trabajo de organización de los materiales, las conclusiones podrían ser desmoralizadoras, de no ser por estos razonamientos de la fiscalía avilesina, que nos llenan de consuelo y satisfacción, porque al menos nos dan una explicación de lo que está ocurriendo que nos quita un nudo en el estómago.

La costosísima edición del "Construyendo Asturias", se hizo mediante un obvio fraude de ley, que se desarrolló a la vista de todo el mundo, explicado públicamente por la primera autoridad de la comunidad autónoma, el propio presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, que tuvo la gentileza de contarnos a todos EL TRUCO. Dijo Areces que el folleto, tal y como reza en las páginas del mismo, no lo "edita" el Principado, sino la propia imprenta, con lo cual, consideró que todo hijo de vecino tenía que darse por satisfecho, pues como tenemos un truco para hacer las cosas, ya no es necesario cumplir las leyes, y no sólo las que regulan la publicidad institucional, sino todas las demás, como las que regulan también los contratos o las contabilidades públicas, pues una interpretación tradicional de las mismas -cuando el pan era pan, el jamón, jamón, y el delito, delito-, llevaría a cualquiera a concluir que estamos ante un caso de malversación de fondos públicos, por tratarse de dinero recaudado por particulares en nombre de la administración, que no ha sido ingresado y contabilizado en las arcas públicas, sino Dios sabe dónde...

Nunca habíamos vista hasta ahora, un caso tan clamoroso de confesión pública de ese dicho popular tan conocido que afirma que "el que hace la ley hace la trampa", pues debe ser la primera vez en la historia de la administración, que la autoridad explica su trampa de manera tan fría, clara y desapasionada. Y es que a la autoridad que hace la ley y la trampa, no le quedaba otro camino para disfrazar sus actos, que el más puro y duro cinismo político, pues cualquier experto en publicidad y artes gráficas, es perfectamente consciente de que los ingresos que haya podido realizar el "editor" de Leganés, en concepto de publicidad por anuncios, no dan ni para pagar las cubiertas, por lo que salta a la vista que el abono de los gastos de esta peculiarísima campaña de publicidad ha tenido que hacerse de otra manera, extraña, singular, errónea, discutible, y si un fiscal interviniese en el caso, a él le tocaría dirimir si es o no es "grosera" o "esperpéntica", pero mientras no lo haga, los demás debemos callarnos por prudencia elemental, pues está claro que vivimos en una tierra en la que puedes ir a la cárcel seis años por que te acusen de romper, "de manera clamorosa", un cajetín de regulación semafórica, pero por guindar los millones a cientos no, pues eso no es "clamoroso", sino "discutible", dado que siempre aparecerá quien diga que el dinero no se guindó, sino que se ve que está efectivamente invertido en una bellísima publicación, aunque nadie haya controlado nada. Como no se controla nada, todo es "discutible".

La solución al enigma del "Construyendo Asturias" nos llega nuevamente de Avilés, donde otra autoridad políitica, en este caso la concejala de Servicios Sociales, Purificación García, ha reconocido ayer que el ayuntamiento de la Villa del Adelantado, no sólo se equivoca, adopta decisiones discutibles y erróneas en el área de urbanismo del concejal Rañón, sino que al parecer esto sucede en todas las áreas, puesto que esta concejala acaba de reconocer públicamente que lo del panfleto de Areces es un mal tan generalizado en el Principado, que ella a eso lo llama "patrocinio". Y La Voz de Avilés le sigue el juego a Purificación, contando así la actuación malversadora de una concejalía que financia campañas de publicidad, con cargo a empresas que contratan con la administración, que pagan directamente esas campañas, sin que el dinero ingrese en la caja del ayuntamiento:"Purificación García defiende el patrocinio privado en la campaña del salario social".

La concejala doña Purificación, que es de Izqierda Unida, realizó ayer estas escandalosas declaraciones: «En el expediente de la campaña de difusión del salario no puede figurar el coste ni las facturas de pago porque no se costean con fondos públicos. Lo paga directamente el patrocinador al proveedor. Es imposible que esté en el expediente». La concejala de Servicios Sociales se negó, además, a desvelar el nombre de los patrocinadores de la campaña: «Soy una mujer de palabra. Ellos no quieren figurar y lo respeto».

Que patrocinar algo desde la administración es una cosa que consiste en que una empresa privada aporte dinero para financiar una actividad pública, es algo que sabe casi todo el mundo, pero que ese dinero hay que ingresarlo en la tesorería de la administración, contabilizarlo, fiscalizarlo y vigilar su gasto, parece que ya no lo sabe tante gente -o se ha ido olvidando-, puesto que se puede reconocer públicamente de esta manera, una práctica, cuya "grosería" salta a la vista, pues si uno repasa las leyes, sólo puede tener un calificativo: "atrocidad". Aunque también habrá quien lo considere un "error".

Las razones que avalan esto que estamos diciendo son innumerables y no requieren mucho esfuerzo para su explicación. El principio es incontestable. Todo el dinero que se cobra o se paga en nombre de la administración es público, y tiene que ser así, porque de lo contrario, se estaría dando rienda suelta a la circulación de fondos ocultos, opacos y de naturaleza ilegal, saltándose todos los principios de control económico de las actividades que se desarrollan en la propia administración, con lo que se estarían fomentando abiertamente los comportamientos delictivos. Aún así, la concejala Purificación acaba de reconocer lo que hace ante la vista de todo el mundo. ¿Por qué?

Pues muy sencillo, si lo hace Areces, ¿por qué no lo va a hacer ella?

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