La guerra preventiva de la administración contra las protestas ciudadanas por los delitos de guante blanco, tiene en los dirigentes de la CSI sus primeras víctimas, del Editorial en El Comentario
Cuenta La Nueva España de hoy -edición Internet-, que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, señaló ayer que el Ayuntamiento está en la obligación de presentar a la Policía «un informe» de los daños en el mobiliario municipal siempre que éstos se produzcan en movilizaciones de los trabajadores «porque los seguros así lo exigen». Justifica así, la edil gijonesa, la decisión de su ayuntamiento de dar cuerpo a la denuncia tramitada ante la Justicia por la administración del Estado, a través del Cuerpo Superior de Policía, para procesar al actual secretario general, y al anterior, del único sindicato no controlado por las fuerzas políticas de gobierno, que ha defendido la actividad industrial y el empleo, contra el impulso de la especulación inmobiliara inducida por la administración pública en la zona industrial en la que aún se mantiene una industria naval residual. Gracias a este "informe" del ayuntamiento gijonés, lo que era una primera petición de cárcel de dos años, se convirtió en seis, lo que hace más fácil pensar en la posibilidad de un ingreso en prisión de los sindicalistas, acusados de destrozar un cajetín de regulación semafórica, en una plaza desde la que se contempla de maravilla el efecto devastador sobre la industria de la construcción de viviendas de lujo.
Hace ya muchos meses que en El Comentario TV tuvimos acceso a la información sobre la forma en que se desarrollaron algunas de las operaciones urbanísticas más injustificables que tuvieron lugar en la bahía de Gijón, como consecuencia de la intervención del ayuntamiento y del Principado de Asturias, a través de SOGEPSA, en la destrucción de los restos de una gran industria naval que experimentó una profunda reconversión que, lejos de dar a esa actividad una dimensión razonable y de futuro, fue conduciéndola poco a poco por el camino de la extinción y el cierre. Entonces explicamos cómo la construcción de las playas de Poniente y El Arbeyal, en aquella época, fue acompañada de diversos proyectos y convenios, en los que el entonces alcalde Vicente Álvarez Areces, metió a su sempiterno socio local de gobierno, Izquierda Unida, a través de un personaje que hoy es el delegado de uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles dirigidos por políticos con nombres y apellidos.
José Antonio Hevia Braña, delegado de Progea en Asturias, creó y desarrolló la ONG Gijón una Ciudad para todos, que aportó al entonces alcalde la cobertura propagandística y la retórica de izquierdas, para disfrazar las intencioes especulativos del ayuntamiento en determinados planes urbanísticos especialmente escandalosos, como actuaciones para la lucha por la erradicación del chabolismo. Hevia Braña, había trabajado para el ayuntamiento de Gijón como responsable de aquella ONG, pero a partir de su colaboración en cuestiones urbanísticas con Areces, trepó como la espuma, y pasó prácticamente por todos los cargos políticos posibles, pues fue concejal, consejero de Cajastur, presidente de la Cruz Roja en Gijón, y hoy es ni más ni menos que coordinador del Área de Economía de la Presidencia Colegiada de IU en Gijón, es decir, que compatibiliza, de manera pública y notoria, la responsabilidad sobre los asuntos económicos del órgano politico que controla la gestión de los concejales de la coalición en el ayuntamiento, y a la vez es el responsable de una importante cadena de empresas inmobiliarias vinculadas a la política, que es precisamente en Gijón, donde desarrolla la mayoría de sus operaciones. Por si hubiera alguna duda, en un editorial del mes de febrero, publicamos la estructura societaria de Alborada Siglo XXI, una de las empresas del grupo, presidida por Miguel Loriente Ariza (que fue candidato por el PSOE de Aragón al Congreso de los Diputados), de la que Hevia Braña es apoderado.
El Grupo Progea, a través de su sociedad Proseín, construyó los dos primeros edificios, y los más visibles, en suelo expropiado a los particulares por Sogepsa, para construir en él viviendas de lujo, tal y como sucedió en toda la primera fase de la urbanización que está prevista entre Poniente y El Arbeyal, llevándose por delante los astilleros de Naval Gijón, el tallerón de Duro Felguera y el astillero de Ízar, recientemente privatizado por el gobierno a otro astillero de Vigo, Construcciones Vulcano, que espera su propio turno en la ciudad gallega, dentro de los planes urbanísticos de la fachada viguesa, con lo que la vocación como solar del segundo astillero gijonés queda sobradamente demostrada. La vinculación del Grupo Progea con Izquierda Unida, y su gestión por el responsable económico de la coalición, establece una asombrosa relación de causa y efecto, entre la entrega de estos solares de carácter especulativo a la trama financiera de esta fuerza política y el silencio, a parentemente inexplicable, de sus concejales, a lo largo de los años, en el proceso desmantelador de los astilleros.
¿Cómo es posible que se esté pidiendo seis años de cárcel para los máximos responsables de un sindicato como la Corriente Sindical de Izquierdas, por estar al frente de las protestas de los trabajadores del sector naval en Gijón, y sin embargo, los responsables, no convictos pero sí confesos, de la trama político-empresarial que contribuyó decisivamente a la desindustrialización de la bahía, no hayan tenido que comparecer aún ante la justicia para dar cuenta de sus actividades? Es clamorosa la desproporción que contemplamos entre la actuación de quienes incurren a la vista de todo el mundo, en presuntos comportamientos delictivos, que atentan directamente contra la moral pública, mediante el uso torticero de los instrumentos de la administración para promover suelo bararato para proporcionar vivienda digna a los ciudadanos, y la actuación de quienes protestan por las consecuencias de las maquinaciones económicas de estos políticos.
Suponiendo que los dirigentes de la CSI, Juan Manuel Martínez Morala y Cándido Rodríguez Carnero sean condenados, resultará que quienes están amparando el uso de la potestad expropiatoria de la administración, para hacer fastuosos negocios especulativos en un área industrial, induciendo así la destrucción de importantes empresas e incontables puestos de trabajo, meterán en la cárcel a los sindicalistas, que con sus protestas, interfieren en sus planes de negocio, para seguir ampliando el suelo edificable, tal y como sucedió a lo largo de este año con los trabajadores de Izar-Gijón, que durante el pasado curso político hicieron todo tipo de actos de protesta, por sus fundadas sospechas de que los dirigentes de la ciudad, el Principado y el Estado, lo que pretenden en realidad, al privatizar la antigua Juliana, es conseguir un nuevo solar que permita seguir construyendo viviendas de lujo, allí donde todavía hoy se pueden contemplar las enormes gruas de la industria naval.
Ante tamaña desmesura, y a la vista de la impunidad que parece tener ante la justicia el delegado de Progea, José Antonio Hevia Braña, que aún no ha sido denunciado por el ministerio público por la evidente incompatibilidad entre sus responsabilidades públicas y políticas, y sus actividades privadas como promotor inmobiliario, sólo cabe concluir que el mayor problema que define hoy la condición de ciudadano en el Principado de Asturias, es la falta de respuesta social en los tribunales, ante la actuación de los responsables de evidentes delitos económicos que se cometen contra el interés general, por mucho que el Código Penal tipifique el tráfico de influencias como delito.
La petición de cárcel contra los dirigentes de la CSI es en realidad una especie de guerra preventiva de la administración contra el ciudadano, para dejar bien claro ante el pueblo soberano quién es el que manda aquí -no el pueblo soberano, ¡evidentemente!-, puesto que las actividades más reprobables y de consecuencias sociales más duras, están protegidas por la administración, mientras se persigue con saña incomparable, incluso con la cárcel, cualquier protesta ciudadana contra este estado de cosas. Ayer mismo, el delegado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Antonio Trevín, un hombre con una amplia experiencia en el desarrollo de una política de especulación inmobiliaria inducida por la administración en el concejo de Llanes, ordenaba una nueva actuación policial, esta vez en el concejo de Corvera, contra unos vecinos que pedían que un "paso" por el interior de la factoría siderúrgica de Arcelor -entre la portería de Trasona y La Granda- sea libre y público.
¿No es hora ya de meter en los tribunales, desde las organizaciones ciudadanas, a los personajes que utilizan en Asturias la política como instrumento para el lucro privado? De no hacerlo así, salta a la vista que son ellos los que se están envalentonando día a día, y que utilizan de manera abusiva y brutal el poder de la administración para reprimir hasta las más simples discrepancias, es decir, para prohibir acampadas ecologistas de protesta o pacíficas concentraciones de vecinos que solicitan de la administración servicios esenciales.
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