MEDIO AMBIENTE

España fue en el 2005 el segundo país de la UE con mayor número de expedientes de infracción abiertos por la UE por incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. A finales del año pasado, Italia encabezó este ranking, con 77 casos, seguida de España (57), Irlanda (45), Francia (42), Grecia (36), Portugal (35) y Reino Unido (31). Hay procedimientos por autorizar la captura de aves, por no defender los hábitats de las aves esteparias y por no vigilar las poblaciones de los cetáceos en nuestros mares.

El grueso de los expedientes contra España se refieren a quejas formuladas por una mala aplicación de la legislación ambiental (45), principalmente instadas por los grupos ecologistas. Además, otros expedientes han sido incoados porque las directivas comunitarias no han sido adaptadas al derecho español (seis expedientes) o porque se habían aprobado pero no se ajustan a los requisitos de la legislación europea (otros seis). El catálogo de expedientes es amplio y variado. He aquí algunos ejemplos destacables.

AGUAS CONTAMINADAS. Las autoridades comunitarias reclaman a España la descontaminación de la ría de Vigo, cuya suciedad contraviene la directiva de cría de crustáceos. El Gobierno culpa de la contaminación a la Xunta por no haber actuado en su primer plan de saneamiento 1995-2005 para depurar las aguas residuales del área de Vigo.

AVES AMENAZADAS. El Tribunal de Luxemburgo condenó a España en el 2005 al haber sido autorizada la caza de la paloma torcaz en Guipúzcoa en el retorno de la migración. La Comisión tiene abiertos además procedimientos por la caza de aves con métodos no selectivos.

HÁBITATS EN PELIGRO. En julio del 2005 la Comisión remitió al Tribunal de Luxemburgo la demanda por una defectuosa e insuficiente delimitación de las zonas para proteger las aves esteparias en Lleida. Anteriormente, el mismo tribunal ya había demandado a la Generalitat en el referido tribunal por la insuficiente protección de las aves. La Generalitat intenta evitar una condena con una nueva definición del catálogo de espacios protegidos Red Natural 2000, recién aprobado.

CETÁCEOS SIN VIGILAR. La Comisión ha emplazado a España a supervisar y controlar el estado de las poblaciones de cetáceos (ballenas, delfines, marsopas…) en aguas españolas. La directiva Hábitats obliga a los estados a vigilar el nivel de conservación de estas especies, ante el riesgo de desaparición, y a definir áreas marinas protegidas.

VERTEDEROS ILEGALES. El Tribunal de Luxemburgo condenó a España por un vertedero ilegal en la isla de la Gomera y envió un dictamen interesándose por otros vertederos ilegales objeto de condenas anteriores: Ca na Putxa-Sa Roca (Ibiza), Torreblanca-Fuengirola (Málaga) y Santalla del Bierzo (León).

INFORMACIÓN AMBIENTAL. La Comisión denunció la defectuosa evaluación ambiental del proyecto de construcción del aeropuerto de Ciudad Real, situado junto a una zona de interés para las aves esteparias, aunque el caso ha sido archivado con nuevas compensaciones ambientales.

RECICLAJE DE VEHÍCULOS. La Comisión ha enviado un dictamen motivado (último paso antes de la demanda al Tribunal de Luxemburgo) por no haber adaptado la directiva que obliga a organizar el reciclado o la recuperación de materiales de los vehículos fuera de uso.

ADAPTACIÓN CON RETRASOS. La Comisión abrió expedientes por no haber sido traspuestas a su debido tiempo las directivas sobre evaluación ambiental estratégica, participación pública en la elaboración de planes y programas, y derecho a la información ambiental. Pero todos estos expedientes han sido archivados al aprobarse este año las leyes correspondientes, según explica Amparo Rambla, subdirectora de Relaciones Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente.

"HERENCIA RECIBIDA". Ecologistas en Acción denuncia la lentitud de los procedimientos abiertos, que duran hasta siete y diez años, lo que hace dudar de que éste sea un sistema efectivo para solucionar los problemas ambientales, según explica Samuel Martín-Sosa Rodríguez, miembro de esta organización.

No obstante, Antonio Serrano, secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, destaca que muchos casos abiertos son parte de la herencia recibida del anterior gobierno del Partido Popular que ahora se empieza a corregir. "Es cierto que tenemos problemas en el cumplimiento de las directivas comunitarias. La situación no es óptima, pero las autoridades comunitarias han reconocido que ha habido un cambio de política clarísimo con la ministra Cristina Narbona", dice Serrano. Rambla agrega que "más casos de infracciones, no significa que luego haya efectivamente más sanciones".

CONDENAS FIRMES. De hecho, España tiene nueve condenas firmes del Tribunal de Luxemburgo, mientras que Francia e Italia acumulan 14 y 12, respectivamente. Medio Ambiente destaca que ahora ya no hay ni un solo expediente abierto contra España por no haber traspuesto a su legislación directivas comunitarias.