Constructoras, bancos y, sobre todo, administraciones públicas españolas sufrirán las consecuencias del enfriamiento “inevitable, más tarde o más temprano” del boom inmobiliario patrio, según el informe de Deutsche Bank (DB) titulado What if the Spanish housing market weakens? (¿Y si el mercado inmobiliario español se debilita?).

En el informe, fechado en esta misma semana, la entidad alemana afirma que “un ajuste en el sector afectará a España en muchos frentes”, los más vulnerables de los cuales son las cuentas públicas de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y hasta el Gobierno Central. Para Deutsche Bank, constructoras y bancos están más preparados, vía diversificación, para el cambio de ciclo. Colchón que, a juzgar por los analistas, el sector público español no ha previsto.

“Una ralentización de la actividad constructora afectaría, por supuesto, a la Seguridad Social, debido al aumento del paro y eliminaría los beneficios pasados de incluir a los inmigrantes regularizados (muchos de los cuales trabajan en el sector de la construcción) en el sistema”, escriben los expertos. Con todo, para ellos, son más importantes las consecuencias para las cuentas de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

El estudio destaca la gran dependencia de los gobiernos regionales de la construcción, a través de licencias, ventas de terrenos e impuestos. E incluso hace mención a los presuntos sobornos a ediles de ciertos Ayuntamientos, en estos momentos bajo investigación.

La clave del 'downturn'

“Curiosamente, el grado de endeudamiento de algunas regiones incluso se ha incrementado mientras la actividad inmobiliaria florece. Tal es el caso de la Comunidad de Valencia, debido al alto gasto en obras públicas”, explica. Los analistas sitúan la deuda regional en el entorno del 6% del PIB, frente al 2% en 1998, aunque matizan las grandes diferencias entre autonomías. Por ejemplo, la deuda valenciana alcanza el 11% del PIB, frente al 2% del País Vasco.

Las autoridades regionales españolas han sido unas usuarias de bonos bastante activas. Considerando el alto grado de independencia fiscal, un descenso en el mercado inmobiliario podría generar un problema financiero para estas entidades, lo que incluye una rebaja de sus bonos por parte de las agencias de ratings, según el estudio.

“Si el 50% ó el 60% de los ingresos de los ayuntamientos dependen de la actividad inmobiliaria y ésta se ralentiza, puede pasar que califiquen a Madrid como bono basura, por ejemplo. Esto significa un mayor coste de financiación futura. Es decir, que no puede emitir más deuda para financiar la construcción de una autovía”, explica un analista.

En cuanto al tempo del estallido de la burbuja, Deutsche Bank prevé un ajuste moderado en 2007 y que “los riesgos de una caída más dramática se intensifiquen en 2008”. Para sus analistas, la señal que anuncie el downturn (descenso) será una bajada del número de viviendas iniciadas y de concesión de licencias, algo que “aún no ha tenido lugar”.