¿Quién pagará los libros de texto «gratuitos»?, de Roberto L. Blanco Valdés en La Voz de Galicia
EL PRESIDENTE de la Xunta anunció el domingo, en una fiesta de partido, la gratuidad total de los libros de texto para el curso 2007-2008. Pero no aclaró, como suele acontecer en estos casos, quién pagará al final la gratuidad.
Porque gratuito, lo que se dice gratuito, ya no hay nada material en este mundo. De hecho, cuando se promete que los libros de texto lo serán, como cuando se proclama que se eliminarán los peajes en uno u otro tramo de autopista, lo que se está afirmando en realidad es que el pago por el coste de un servicio se trasladará de sus beneficiarios directos y concretos a la generalidad de los contribuyentes del espacio fiscal del que se trate en cada caso.
Los libros de texto no son gratis, por supuesto, ni aquí ni en Pernambuco. Los autores que los escriben, los editores que los publican y los distribuidores que los hacen circular comercialmente trabajan todos, como es obvio, a cambio de la obtención de un beneficio. Por eso, porque los libros no son gratis, existen dos formas de pagar su coste una vez que éste se transforma en precio de mercado: imputarlo al comprador o trasladarlo a la Administración, que lo pagará con los impuestos que salen del bolsillo de todos los contribuyentes.
Es dudoso que sea más justo, y «más de izquierdas», optar por el segundo sistema que optar por el primero, una vez corregido éste con una amplia política de becas. La razón de que sea así resulta fácil de explicar: con el sistema de (aparente) gratuidad, los libros serán (aparentemente) gratuitos lo mismo para quienes tienen rentas altas o muy altas que para quienes tienen rentas bajas o muy bajas. Es más: dado el injusto reparto de la carga fiscal en nuestro país -carga que soportamos sobre todo los asalariados-, pasará finalmente con los libros lo que acontece siempre que un nuevo servicio se declara formalmente gratuito: que quienes soportamos la carga fiscal mayoritaria haremos solidaridad invertida con quienes se libran -legal o ilegalmente- de pagar.
¿No sería, por ello, más sensato y progresista que los padres que puedan hacerlo, por su renta, paguen los libros de sus hijos y los que no puedan, por falta de los recursos necesarios, dispongan de las oportunas ayudas oficiales? No creo que existan al respecto muchas dudas, ni siquiera entre quienes ahora promueven, desde la Xunta, unas políticas de gratuidad generalizada que tienen poco que ver con la cultura de la izquierda y que son explicables teniendo a la vista sobre todo el previsible rendimiento electoral que sus impulsores esperan obtener. Lo que es ya, claro está, una historia diferente.
