ALUCINANTE. Dos o tres mil tíos se reúnen en un monte de un lugar que, por el momento, sigue siendo territorio español. Allí, unos encapuchados salen a escena, sueltan un discurso amenazador que promete seguir la lucha armada, disparan al aire unas salvas de subfusil y se largan por donde han venido, igual que todos los demás. Y ni los Servicios de Información, ni la Guardia Civil, ni la Ertzaintza, ni la Policía Local, ni la Fiscalía, ni la Audiencia Nacional, ni nadie que represente al Estado, se entera aparentemente hasta que la romería aparece publicada en los periódicos proetarras. Ni una señal de vida. El Ministerio del Interior, tan pancho. El Gobierno, impávido. El Estado cerrado por fin de semana y la ETA de verbena campestre.

El fondo de la cuestión es grave -en la práctica, se trata de una esquela de defunción de la tregua-, pero las circunstancias no lo son menos. ¿Cómo se puede reunir tanta gente sin que el Estado mueva siquiera una ceja? ¿Dónde están y para qué sirven las Fuerzas de Seguridad? ¿Se enteran de algo el CNI y los servicios policiales? ¿Existe la Ertzaintza para algo más que para dirigir el tráfico? ¿Hay alguien al mando por ahí o vamos en un barco sin tripulación y a la deriva?

Porque caben dos posibilidades: que las autoridades conociesen la convocatoria del singular festejo o que estuviesen por completo in albis. Si lo ignoraban, es para echarse a temblar; significa que se ha perdido todo el control de la actividad terrorista, relajada la vigilancia hasta extremos suicidas bajo la euforia injustificada de una tregua en serio entredicho. Y si lo sabían, resulta casi peor, porque supondría una absoluta e inaceptable tolerancia no ya a una kermesse etarra, un picnic con metralletas en la fiambrera, sino a una declaración en toda regla de ruptura del alto el fuego, aderezada con ráfagas de arma automática. En cualquiera de los dos casos, el episodio es de lo más inquietante, en la medida que revela un Estado inerme, indefenso, abandonado y negligente en sus más elementales obligaciones de salvaguarda de la Ley y el Derecho.

La hipótesis más sensata es que la romería ha sido permitida por el procedimiento de la pasividad. Es imposible que entre la Guardia Civil, la Policía autonómica y los servicios secretos infiltrados en la banda no haya detectado nadie un movimiento de esta clase. Otra cosa es que el anuncio etarra les haya cogido con el paso cambiado. Y entonces estaremos ante el peor de los escenarios: que el proceso descarrila y que, una vez más, el Estado va por detrás de los acontecimientos.

Antes, al menos, existía una cierta sensación de fortaleza. Ahora da la desasosegante impresión de que existe un vacío de dirección, de autoridad o, simplemente, de capacidad y aptitud. O sea, de que el Gobierno no tiene ni idea de por dónde van, literalmente, los tiros.