Asegura Baura que, sin la nefasta influencia de Godoy y los malos oficios de su preceptor —el canónigo Juan de Escoiquiz, tan pedante como libertino—, Fernando VII hubiera podido ser un gran Rey de España. No soplaron los vientos en esa dirección y Fernando, bien bautizado como “el rey felón”, fue el monarca que más daño le ha hecho a la Nación, título difícil de alcanzar a la vista del catálogo de los que nos han caído en desgracia a lo largo de la Historia.

El 2 de mayo de 1808 Fernando VII y su padre, el que hasta un par de meses antes reinó como Carlos IV, estaban en Bayona para entrevistarse con Napoleón. En Madrid, el general Murat imponía sus despóticos modos. El pueblo, convocado por los rumores callejeros, se agrupaba frente al Palacio de Oriente, donde vio salir, sin inmutarse, a la reina de Etruria —la que había definido a su yerno Fernando como “de horrible aspecto, una voz que da miedo y tonto completo”—. Cuando, por la evolución de una de las carrozas allí dispuestas, el pueblo sospechó que el infante Fernando de Paula también iba a salir de Palacio comenzó un alboroto histórico. “¡Que nos lo llevan!”, gritaron al unísono y, ante la pasividad del capitán general de Madrid, Francisco Javier Negrete, dos capitanes de artillería reunidos en el Parque de Monleón —Luis Daoíz, primero en el escalafón, y Pedro Velarde— se alzaron contra Murat. Así comenzó la Guerra de la Independencia.

Hoy son muchas las guerras, deseablemente pacíficas, que el pueblo español tiene pendientes contra el poder. La corrupción compite con la inutilidad y, mientras el PP se conforma con el monopolio de la oposición y sigue centrando su escasa acción en la dolorosa memoria del 11M, el PSOE, soportado por todas las fuerzas políticas con presencia parlamentaria, hace de su capa un sayo.

En las últimas horas, una anécdota adquiere valor de categoría y bien pudiera servir de chispazo, como Fernando de Paula en mayo de 1808, para excitar los ya escocidos ánimos de la sociedad. Pasqual Maragall, para compensar el dolor de su mutis, se ha adjudicado una pensión de retiro de 125.000 euros —el 80% de su salario vigente— hasta que su sucesor pase a ser ex. Después, más modestamente, la pensión se “reducirá” a 94.000 euros —el 60% de su retribución actual—. Si el pueblo español tuviera el espíritu del que hizo gala hace dos siglos, todos saldríamos a la calle para gritar: ¡que se lo llevan! Un escándalo.

Quienes dicen ser nuestros representantes, que nuestro sistema electoral impide que nadie lo sea de manera fehaciente, siempre están dispuestos a mejorar su retribución y las bicocas que le sirven de guarnición. Recuérdense los recientes acuerdos que, en su propio beneficio, han adoptado unánimemente los señores diputados; pero el caso Maragall es de especial significación.

La nueva pensión del muy nefasto presidente de la Generalitat alcanza el cuádruplo de la máxima contemplada por la Seguridad Social. Supongo que eso, con rigor, será ilegal; pero, más que nada, es una burla al contribuyente, un disparate que alarga la distancia entre el poder —a cualquier cosa llaman chocolate las patronas— y el pueblo. No me gustan las generalizaciones, pero se lo llevan crudo. En canastos.

Sin entrar en los muchos y agraviantes capítulos de la corrupción oculta, sólo lo que se evidencia, lo que aparece en los Boletines Oficiales del Estado o de las Autonomías pone de manifiesto lo mucho que nos queda de un sistema totalitario y, lo que es peor, lo muchísimo que avanzamos por el modelo de una democracia bananera. ¡Que se lo llevan!, gritamos desde este rinconcito de la Red, oasis de libertad, sin más esperanza que la de volver a gritarlo otra vez. Nuestro gran problema nacional no está en la cabeza, sino en el cuerpo. No hay sociedad capaz de reaccionar frente a los crecientes abusos del poder y la oposición, pobrecita, bastante tiene con lamerse las heridas del 11 y del 14M.