Este fin de semana se celebra en Caleao una acampada, acompañada de un programa de actividades lúdicas y de educación ambiental, para solicitar la retirada del proyecto del Gobierno estatal de construir un pantano en el parque natural de Redes. No he podido asistir a esta actividad por encontrarme este fin de semana fuera de Asturias debido a compromisos ineludibles con las comunidades asturianas, pero quiero enviar un saludo a los organizadores y participantes; así como manifestar mi total apoyo a esta iniciativa y a sus objetivos finales.

La presa de Caleao supone un retroceso de décadas en las políticas ambientales y permanecer encallados en una mentalidad desarrollista ya superada en las nuevas políticas de la Unión Europea. Supone, además, una contradicción clara con la nueva política del agua puesta en marcha por el Ministerio de Medio Ambiente, que rechaza las grandes infraestructuras hidráulicas como principal medida para la gestión del agua. Realmente, no es entendible por qué la ministra Narbona impulsa en Asturias lo que rechaza, por su alto coste ambiental y por su irracionalidad, en el resto de España. Resulta de todo punto incoherente que apoye esta iniciativa que afectará gravemente al parque natural de Redes, declarado lugar de interés comunitario y zona ZEPA, incluido en la Red Natura 2000 y declarado Reserva de la Biosfera. Es, sencillamente, una aberración.

La gestión del agua es una cuestión que tenemos que abordar las sociedades modernas. El domingo pasado se reflexionaba sobre ello en LA NUEVA ESPAÑA y se ponía de manifiesto la necesidad de que la agenda política incluya esta cuestión de forma prioritaria. Es cierto. Por eso no hemos de repetir errores pasados que, además de haberse mostrado ineficaces, atentarían contra uno de los capitales de más alto valor económico que Asturias tiene el privilegio de poseer para afrontar su futuro, su capital ambiental.

La buena gestión del agua ha de comenzar por cuestiones básicas que están siendo obviadas por los defensores de la presa y, sorprendentemente, por el Ministerio de Medio Ambiente. En primer lugar, hemos de analizar quién consume agua pública en Asturias y a qué precio la paga. Es sorprendente que los defensores del pantano no hayan abordado esta discusión pública y ampliamente. ¿Pagan suficiente las grandes empresas que utilizan agua pública de CADASA para sus procesos industriales ¿Existen formas alternativas para abastecer a esas industrias? ¿Puede organizarse otro sistema de precios públicos que fomente el ahorro? ¿Es necesario vender agua de CADASA, de gran calidad, a clubes de golf? Puede que la respuesta a estas preguntas nos revele un actual despilfarro del agua pública. Por otra parte, sabemos poco del estado de la calidad de las redes de distribución y, por tanto, desconocemos con exactitud las pérdidas de agua que se producen en ellas. Evidentemente, tampoco se ha diseñado un programa destinado a la modernización de esas redes.

Nosotros pensamos que las aguas depuradas también tienen que ser aprovechadas. La depuradora de Aboño, por ejemplo, está vertiendo agua depurada, que nos cuesta dinero depurar, al mar, ¿no podrían las aguas depuradas ser aprovechadas para uso industrial o para riegos? El desaprovechamiento de las aguas residuales ha sido calificado por el Ministerio como «despilfarro» y la Fundación Nueva Cultura del Agua nos da ejemplos donde el agua depurada, sometida a un ulterior proceso, es destinada al consumo humano. Aún no están concluidos los estudios sobre la posibilidad de utilización de acuíferos subterráneos, que son pantanos naturales bajo tierra, que posiblemente puedan ser aprovechados. El uso del agua de las minas es otra seria posibilidad que está siendo puesta encima de la mesa con solvencia. Como se ve, casi en el término de la legislatura ninguna de estas cuestiones, básicas y previas a la defensa de la construcción de cualquier presa, han sido estudiadas y, por tanto, van a quedar irresolutas.

La contumaz defensa de un pantano, desestimado en su día por el Partido Popular por razones ambientales, sólo puede entenderse desde su inserción en la apuesta global por un modelo de desarrollo de Asturias basado en el crecimiento urbanístico incontrolado y depredador de recursos naturales, principalmente del agua. Esta concepción de Asturias es el mayor de los desafíos inmediatos que tenemos la izquierda social y política y el asturianismo político y cultural. Si no logramos detener las pretensiones del urbanismo especulador, si no logramos desterrar de Asturias formas de crecimiento que provocan destrucción ambiental irreversible y generan una corrupción creciente, nuestros pueblos y ciudades, nuestra agricultura, nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra culturaÉ En definitiva, nuestra identidad se verá gravemente afectada.

La única defensa que tenemos frente a la voracidad especuladora y desarrollista es la movilización social, de la que la acampada de este fin de semana es un magnífico ejemplo. Una amplia movilización social por Asturias y por uno de sus principales valores, su medio natural. Hay que recordar que uno de los elementos constitutivos del tan mencionado desarrollo sostenible es, tal y como dice la Cumbre de Río del 92, la participación ciudadana en las políticas ambientales, es conveniente que los responsables públicos y políticos no olvidemos esta parte de esa declaración ambiental.

Cristina Narbona dijo al comenzar su mandato: «La preocupación no puede ser un desarrollo intensivo de nuevas infraestructuras de aprovechamiento hidráulico. Por pura racionalidad -y no sólo porque así lo establezca la directiva marco-, tenemos que centrarnos en la conservación y la protección de nuestros recursos hídricos. (...) Por supuesto, también tendremos que incrementar las disponibilidades de agua, pero para ello debemos contar no sólo con las infraestructuras tradicionales, sino también con las posibilidades cada vez mayores que nos ofrecen las nuevas tecnologías de desalación o reutilización de aguas residuales convenientemente depuradas». La nueva política del agua que se quiere aplicar para proteger el medio ambiente y el desarrollo sostenible en todo el Estado español también vale para Asturias.

Francisco Javier García Valledor es consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del Principado de Asturias.