Los sindicatos asturianos han vuelto a recordarle esta semana a la consejería de Industria sus obligaciones con los trabajadores de la extinta Menasa. La Administración ha de "responsabilizarse" de recolocar a parte de ellos y pagar las prejubilaciones de la otra parte, tal y como se comprometió hace unos meses. Si el consejero que firmó aquel acuerdo, Graciano Torre, les explicara a sus colegas de otras comunidades lo que tuvo que aceptar para acabar con las protestas, le mirarían con asombro. En Asturias, sin embargo, nos parece normal que el Gobierno se haga cargo de los desempleados de una empresa privada que quiebra, después de dilapidar varios cientos de miles de euros de ayudas. Son muchos años de dependencia de la empresa pública como para que ahora tengamos que asumir de la noche a la mañana que en el mercado las cosas suceden de otra forma. Los trabajadores de la metalúrgica langreana no fueron los principales culpables de la quiebra de la empresa pero seguramente si han sido sus únicas víctimas. Aún así, no está claro qué les diferencia de otros muchos empleados que cada día se quedan en el paro.
Todos querrían tener detrás el respaldo del poder político dispuesto a buscarles otro empleo o a pagarles el retiro hasta la jubilación. Sindicatos y ex empleados de Menasa están en su derecho de sentirse agraviados por lo que está tardando Industria en arreglar su situación, pero en casos como estos, se echa de menos algún agradecimiento, algo que demuestre que al menos tienen conciencia de que se les ha dado un trato diferente que al resto de los mortales.

Nacho Monserrat. Periodista.