Mañana se cumplen seis meses desde la entrada en vigor del alto el fuego de ETA y a esta fecha se llega con una sensación extendida de que se ha iniciado la cuenta atrás que puede llevar al fin de la tregua, a pesar de que desde las filas socialistas se difunde el mensaje de que no hay motivo para la intranquilidad.

ETA anunció el cese de su actividad el 22 de marzo, aunque la entrada en vigor era el día 24, por lo que mañana se cumplirán los seis meses. En medios de la lucha antiterrorista se espera estos días con expectación un nuevo comunicado de ETA, bien con motivo de los seis meses, bien con la excusa de la celebración del Gudari Eguna el día 27 en recuerdo a los miembros de la banda fusilados por el régimen franquista en 1975.

El discurso del Gobierno y los socialistas sigue siendo de tranquilidad, pero en el País Vasco, en medios nacionalistas, están circulando en los últimos días inquietantes informaciones que ponen fecha a la ruptura de la tregua si el Ejecutivo no hace concesiones importantes. Estos datos, que nadie comenta públicamente, coinciden por otra parte con las informaciones fragmentarias que van llegando a la lucha antiterrorista.

El liderazgo de Otegi estaría siendo cuestionado en algunos sectores de Batasuna y se empieza a rumorear que el control de Josu Ternera sobre ETA no es tan sólido como se había creído, aunque estas noticias hay que acogerlas con reservas por la dificultad de confirmación. ETA y la izquierda abertzale están librando desde hace meses un pulso con el Gobierno para imponer un neto contenido político al proceso. Ayer mismo, el dirigente de Batasuna Pernando Barrena acusaba al Gobierno socialista de intentar "desviar el contenido real de este proceso hacia un mero esquema técnico de paz por presos". Este pulso no se está librando sólo en el debate político, sino en la calle. Desde que ETA difundiera el 18 de agosto un comunicado en el que aseguraba que el proceso estaba en crisis y amenazaba con "responder" si proseguían las actuaciones judiciales y policiales, la violencia callejera se ha intensificado. No hay día en que no se produzca algún incidente. Han vuelto a aparecer las actuaciones de grupos de encapuchados que operan de forma paramilitar, como en los años más duros de la kale borroka.

Durante la tregua, ETA ha insistido mediante tres comunicados, un boletín interno y las declaraciones de dos de sus dirigentes en que el proceso abierto con el alto el fuego no tiene como objetivo el abandono de las armas ni la legalización de Batasuna, sino abrir el camino a un cambio político que conduzca a la negociación de la autodeterminación y de la unión de Navarra al País Vasco. Así, las iniciativas del Gobierno por poner en marcha el diálogo directo con la propia banda han sido recibidas con sospecha en la organización terrorista, que ha dado largas a su encuentro con el Ejecutivo.

Para ETA y Batasuna lo importante no es la reunión de Josu Ternera con los enviados de Zapatero, sino obtener garantías en torno a la mesa de partidos y no sólo de que se va a reunir, algo que ya ha sido aceptado por los socialistas, sino de que se va a plantear la discusión de las reclamaciones políticas de la izquierda abertzale. Algunas fuentes indican que tanto ETA como Batasuna estarían planteando algunas exigencias que condicionan el resultado de la mesa. La clave de la continuidad de la tregua está en que se acepten esas exigencias. Según fuentes nacionalistas, la banda habría fijado una fecha tope, a mediados de octubre, para volver a actuar.

Después del anuncio de Zapatero autorizando el diálogo y el encuentro con Batasuna en julio, el Gobierno esperaba un verano apacible, en el que se materializaría la reunión con ETA. Lo ocurrido, sin embargo, ha ido en dirección contraria. El 8 de julio, apenas dos días después de la reunión PSE-Batasuna, comparecía en rueda de prensa Joseba Permach con un discurso retador al exigir la retirada de la ley de Partidos. Pero no fue ése el único susto que los abertzales guardaban a los socialistas. El día 10 de julio, el diario Gara abría su portada anunciando la existencia de un acuerdo del mes de febrero entre ETA y el Gobierno en virtud del cual el Ejecutivo se comprometía a reconocer la libre determinación del País Vasco y Navarra. El Gobierno ha negado la existencia de este acuerdo, aunque desde fuentes próximas al Ejecutivo se reconocen acuerdos que llaman "de procedimiento" sobre los movimientos que realizar por las partes tras la tregua.