El SOMA-FIA-UGT tomó la iniciativa -basta echar un vistazo a las hemerotecas- de divulgar en Asturias las posibles consecuencias derivadas de la aplicación del Protocolo de Kioto, al tiempo que apuntaba la necesidad de poner en marcha algunas medidas que, asegurando los fines que persigue este tratado internacional, los cuales el sindicato comparte globalmente, sirvieran para evitar efectos indeseados sobre la economía regional y, por tanto, sobre el bienestar de los ciudadanos. Y así lo ha seguido haciendo, prácticamente en solitario, esta federación, incluso a través de foros constituidos a tal fin, como las jornadas que organizamos bajo la denominación «Kioto, luces y sombras», celebradas en junio de 2004.

A punto de aprobarse el borrador del plan nacional de asignación de emisiones (PNA) para la segunda fase del protocolo, que comprende el período 2008-2012, esa tenacidad e insistencia de la organización a la que represento no ha obtenido los frutos perseguidos, aunque parece que ya comienzan a salir a la luz debates hasta ahora secuestrados en esta región. Nuestras posiciones sindicales han sido infravaloradas e incluso descalificadas en no pocas ocasiones, y ahora nuestra comunidad autónoma, con la pasividad de no pocas instancias, puede verse seriamente perjudicada en su economía, en unos momentos en los que su tímida recuperación no se encuentra plenamente consolidada, ni crece, en términos relativos, al mismo ritmo que el conjunto de España.

El SOMA-FIA-UGT, que participa a través de la federación estatal en la Mesa del plan nacional de asignación de emisiones, nunca ha cuestionado los objetivos perseguidos por Kioto. Contraponer crecimiento económico y medio ambiente carece de sentido, pero es fundamental una acción coordinada entre los ministerios de Medio Ambiente e Industria, Turismo y Comercio para buscar unos criterios equilibrados entre protección y conservación de la atmósfera y desarrollo económico e industrial. Estamos convencidos de que, aunque el punto de partida, mal negociado en Europa por el anterior Gobierno del PP, representa un lastre, sería necesario, conocida la experiencia de la primera fase de aplicación del protocolo, introducir criterios y mecanismos que consigan una distribución más justa, equilibrada y eficaz de los esfuerzos a llevar a cabo.

En el último congreso regional, el sindicato volvió a insistir, y así ha quedado reflejado en las resoluciones, en que éste es uno de los retos más importantes que Asturias tiene a medio plazo, sin olvidar que se trata de una cuestión de Estado. Se equivocan aquellos que creen que se trata de un asunto que afecta únicamente al sector energético y no a la competitividad del conjunto de nuestro sistema económico, pues de cómo se sustancie el nuevo reparto de derechos de emisión dependerá que una parte muy importante de la industria asturiana pueda seguir desarrollándose en condiciones equiparables al conjunto del país, o bien que a los obstáculos tradicionales que hemos tenido que afrontar debamos añadir uno nuevo durante los próximos años, que serán cruciales en el proceso de cambio estructural de nuestra economía.
Si bien es cierto que del borrador del PNA presentado se desprenden algunos elementos positivos que ponen de manifiesto una mayor sensibilidad, ésta es insuficiente, porque hace recaer sobre el sector energético un esfuerzo a todas luces desproporcionado, injusto y peligroso en términos económicos, dado el peso del mismo y su influencia en los costes de producción de buena parte del sector industrial, en tiempos de extremada competencia y en los que las deslocalizaciones empresariales hacia países que no han suscrito el protocolo es un riesgo evidente.

Nuestra preocupación es, por tanto, doble: desde una perspectiva sectorial, ya que por una parte la actividad ligada al sector energético tiene gran importancia en el PIB regional y, por otra, tiene efectos inducidos sobre buena parte de nuestra industria, intensiva en consumo de energía, sin olvidar el impacto negativo del protocolo sobre otros sectores, muy especialmente el siderúrgico y el cementero.

Por ello, no valorar las repercusiones globales de una cuestión que exige respuestas del conjunto de la sociedad sería tener una visión parcial de la realidad. De ahí que cuestionemos la búsqueda de atajos y de respuestas aparentemente fáciles a problemas de largo recorrido y cuyas soluciones son complejas y requieren la implicación de toda la sociedad y de todos los sectores de forma proporcional y equilibrada, criterios éstos que no parece que se hayan tenido en cuenta con la asignación inicial del nuevo PNA 2008-2012.

Destaca el enorme esfuerzo que se exige al sector energético (50% sobre las emisiones verificadas en 2005), lo que por sí solo revela las dificultades de este acuerdo medioambiental para alcanzar sus objetivos, pues se ve limitado a actuar sobre sectores poco abiertos a la competencia exterior, lo cual restringe el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas, a pesar de generar graves perjuicios a empresas concretas y a regiones como la nuestra. Por el contrario, a las industrias más globalizadas se les concede cierto grado de protección, en detrimento de los objetivos medioambientales y, por supuesto, se han dejado fuera del alcance del protocolo a algunos sectores muy contaminantes, como los denominados «difusos».

Nos encontramos ante una discriminación global que, además de injusta, debido a que la responsabilidad de las emisiones es totalmente desproporcionada en relación a los esfuerzos que se solicitan, va a mostrarse ineficaz de cara a lograr los objetivos si no se implica a todos los sectores responsables de las mismas y si no se conjugan con las actuales medidas, corregidas y equilibradas, otras de carácter educativo, como el consumo energético responsable, que conlleven una modificación de hábitos a medio plazo.

La posición del SOMA-FIA-UGT a este respecto es coincidente en no pocos aspectos con los principios inspiradores de otros planes aprobados por distintos gobiernos europeos, en los que el equilibrio de esfuerzos asegura en gran medida el razonable éxito de los mismos. Mientras que en España el esfuerzo que se hace recaer en el sector energético alcanza el 26%, pese a que nuestro país ya es, junto con Alemania, abanderado de las energías renovables, en este último el porcentaje no supera el 15%, en el Reino Unido oscila entre el 10 y el 20% y en Francia, bien es cierto que merced a su parque nuclear, no sobrepasa el 2%.

Es necesario, por tanto, revisar algunos aspectos del actual borrador del plan nacional de asignación de emisiones buscando un mayor equilibrio en el reparto de esfuerzos, para lo que se necesita que el sector energético cuente con derechos suficientes de forma global, que han sido cuantificados en torno a los 80 millones de toneladas por año. A partir de ahí debe primarse a las centrales con instalaciones más eficientes y con las inversiones medioambientales necesarias para minimizar las emisiones, señal inequívoca para proseguir el incremento de eficiencia y respeto que algunas empresas están acometiendo; mientras que aquellas instalaciones que no reúnen esos requisitos, hoy en día imprescindibles, deben ser penalizadas.
En Asturias tenemos ejemplos claros de cuanto antecede, pues conviven grupos térmicos cuya viabilidad futura parecería despejada, en principio, gracias a sus inversiones en nuevas tecnologías y medidas correctoras, mientras otros no sólo carecen de las mismas, sino que tampoco se prevé dotarles de ellas a ningún plazo.

Por ello, resulta difícilmente comprensible el silencio que desde algunas instancias se ha venido manteniendo, y en otras aún continúa, con relación a una cuestión de vital trascendencia para la economía regional, sobre todo si se tiene en cuenta la decidida apuesta energética reiteradamente anunciada. Con el borrador del PNA 2008-2012 ya presentado, ¿no será un poco tarde para acordarse de actuar? En todo caso, mejor tarde que nunca. Esperemos no estar una vez más ante el conocido dicho «hay quien sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena».

El SOMA-FIA-UGT continuará trabajando con el objetivo de hacer compatible un desarrollo económico equilibrado en el que las necesarias mejoras medioambientales no tengan que traducirse, necesariamente, en pérdida de competitividad de nuestras empresas, ni en calidad de vida de todos los asturianos.

José Ángel Fernández Villa es secretario general del SOMA-FIA-UGT.