Huyendo de su papel institucional, el Defensor del Pueblo se ha colocado en una trinchera política. Lo ha hecho a los antípodas de la ecuanimidad que su alto cargo exige. A bombo y platillo, hablando largo y tendido ante los medios, destilando opiniones impropias de su delicado cargo institucional... Confundiendo ley con opinión. Asumiendo una muy reduccionista idea de la igualdad entre los españoles que condenaría a la lengua catalana - tan española como la castellana- a un uso estrictamente familiar. Confundiendo igualdad con uniformidad. Negándose a defender al pueblo español en su totalidad puesto que, al afirmarse defensor de los escasos centenares que han presentado quejas contra el nuevo texto en su oficina, está, a la vez, silenciando la voz de los 2.000.000 de catalanes que, a pesar de la alta abstención, votaron afirmativamente el Estatut.

Es la retórica del Defensor la que convierte en preocupante su recurso. Yo mismo escribí que la alta abstención era un suspenso para la entera clase política catalana. Pero lo cierto es que, más allá de los mareantes vaivenes del proceso, más allá de los líos y exageraciones, más allá de las ensimismadas competiciones y de los súbitos cambios de rasante con los que la clase política catalana manejó el proceso, más allá de todos los errores, se impone una realidad incontrovertible: el Estatut que el Parlament catalán había redactado, entró, como debía, como exige la Constitución, en una fase de negociación y readaptación política y constitucional con la más alta institución que encarna la soberanía del pueblo español: el Congreso. Ydel Congreso emergió, avalado por las mayorías legalmente exigidas, un texto que fue ampliamente refrendado por los ciudadanos catalanes que quisieron ir a votar, de los cuales sólo una pequeña parte dijo no, siendo objetivamente atribuible este voto negativo tanto a los que lo consideraban demasiado amplio como a los que lo consideraron demasiado corto de vuelo. Si fueron pocos o muchos los que decidieron votar, puede tener diversas lecturas políticas, periodísticas y cívicas. Pero no puede tener lecturas legales. Las reglas son sagradas en una democracia y es deprimente tener que recordárselo al Defensor del Pueblo.

¡Qué añoranza produce, escuchando las tronantes palabras de Múgica, la fuerza del diálogo que encarnó Joaquín Ruiz Jiménez! No dudo de que la oficina del actual Defensor se preocupe de los grandes problemas de sociedad española. Me consta que están haciendo un excelente trabajo con la infancia, pero el hecho es que ni la tragedia de las mujeres maltratadas, ni el galopante problema de los mileuristas, ni la corrupción inmobiliaria, ni la práctica esclavitud de tantos inmigrantes ha suscitado del actual Defensor del Pueblo español una preocupación pública tan solemne como la de ese Estatut que ha cumplido todos los requisitos constitucionales.

Es probable que el movimiento de Múgica sea un avance de los problemas que puede encontrar el Estatut en su fase jurídica. En esta fase enseñarán sus vergüenzas los extremistas de uno y otro signo. Los que se apearon del Estatut por escaso sabían que, si el soporte popular era frágil, el nuevo avance sería atacable por el flanco jurídico. Estarán contentos: si el Estatut naufraga en los juzgados, en el horizonte catalán sobrevolará una mayor impotencia. Estarán contentos, también, los que se opusieron a negociarlo. ¿Creen de verdad que si Catalunya, después de votarlo, pierde el Estatut en los juzgados, España estará más unida?