Censura o manipulación de pruebas en un informe pericial de la Policía Científica, de Antonio Casado en El Confidencial

Nuevo y ruidoso episodio sobre la recreación mediática del 11-M. El Mundo, dale que te pego, acusó ayer al Ministerio del Interior de falsificar un documento "para ocultar al juez lazos entre ETA y el 11-M". De semejante formulación se deduce que el Ministerio ha cometido el delito de falsedad documental. Si no, el delito lo ha cometido El Mundo (calumnia). Atentos a la pantalla, que esto promete.

De este documento, alumbrado en la Comisaría General de Policía Científica en marzo de 2005, no se desprende que ETA está detrás de la masacre. Una vez más, las pruebas son muy endebles frente a la contundencia de las que demuestran lo contrario. Ahora el nexo entre ETA y el supuesto instigador de la masacre, Hasan Haski, detenido en Lanzarote en diciembre de 2004, es el ácido bórico. Ambos utilizaron en algún momento este conservante. Conservante de explosivos, pero también de gambas, aunque se utiliza asimismo como insecticida, para adulterar droga o fabricar cementos, vidrio, cosméticos, tintes, etc.

Pero esa no es la cuestión. En este caso, nunca mejor dicho lo de la mujer del César. Con lo que está cayendo, el Gobierno no solo ha de ser virtuoso sino parecerlo. Sobre todo, parecerlo. Y está clarísimo que alguien, por sí mismo o por encargo de otros, sin salirse de la escala de mando, decidió mutilar un informe pericial. No fue muy virtuoso quien eliminó los pasajes que sugerían una posible relación entre los inquilinos de un piso franco de ETA en 2001 y los autores de la masacre del 11-M, sin descartar que incluso hubieran sido las mismas personas. Muy fuerte. Ya, pero los responsables de la Comisaría en cuestión debieron haber dejado que fuera el juez, y no ellos, quien valorase como "elucubraciones" de los peritos -o no-, las notas suprimidas por la superioridad.

Las explicaciones de la Comisaría General de Policía Científica en su nota oficial de ayer tarde tampoco contribuyen a forjar la apariencia de prácticas virtuosas dentro del Ministerio del Interior. Se puede negar la comisión del delito de "falsedad documental" porque el informe solo es oficial al salir de la Comisaría con la firma del responsable del servicio y el correspondiente sello oficial de la Dirección General de la Policía. El informe original de los peritos sería, efectivamente, un "borrador". Pero no puede discutirse que al menos estamos ante un caso claro de censura.

¿Con qué intención? Es evidente que al censor le pone nervioso el mero hecho de que alguien apunte, sugiera, insinúe, la posibilidad de que ETA hubiera tenido algo que ver en la masacre del 11-M, aunque sea remota, aunque se base en "elucubraciones" sin base científica, aunque esa posibilidad se ahogue en un mar de pruebas que apuntan en otra dirección. Pero el censor quiso hacer méritos o ser más papista que el papa. Si la altura del censor es la de un director general -y de ahí para arriba, peor-, el ministro Rubalcaba va a tener un problema.

Lo más positivo del episodio de ayer es la remisión de los dos documentos, el original y el censurado, al juez Del Olmo. Es lo que procede. Y que sea el juez, o la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, pues la instrucción del sumario ya está cerrada, quienes decidan si eran o no elucubraciones sin sentido las notas suprimidas del informe original de los peritos policiales.

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