En la primavera de esta año, Asturias vivió una auténtica insurrección de los afiliados del metal de UGT, y también de CCOO, en los astilleros, frente a las cúpulas de sus sindicatos, ante el plan coordinado por las tres administraciones, local, autonómica y del Estado, para acabar con la construcción de buques en Asturias, una tierra en la que no sobra ni un sólo puesto de trabajo real, y sí muchos ficticios, de esos que se supone que se crean con inversiones multimillonarias de la administración y que a los dos años se evaporan, tal y como está sucediendo ahora con Autotex, la fábrica de airbags, que como tantas otras ensoñaciones, se presentó a bombo y platillo, para marcharse de Asturias de manera silenciosa, como la planta de tetrahidofurano de Dupont o tantos otros fiascos cotidianos, que contrastan con el tremendo desinterés que muestra la administración hacia empresas como Menasa, la minería que vive un renacimiento fuera de nuestras fronteras, a cuenta del alza de los precios del petróleo, o los propios astilleros, industrias tradicionales que están resurgiendo en las potencias de la Unión Europea, mientras que aquí sucumben, víctimas de la presión inmobiliaria de un urbanismo enloquecido por las complicidades entre política y delito, de las que el caso de Marbella es el chivo expiatorio de un cáncer generalizado.

Los lectores de El Comentario TV conocen perfectamente el escándalo de la bahía gijonesa, con los negocios inmobiliarios, en los que hemos descubierto y probado, desde esta página, que hay relaciones evidentes entre personajes públicos, como es el caso del coordinador de Economía de IU en Gijón, José Antonio Hevia Braña, y una empresa, el Grupo Progea, utilizada por Vicente Álvarez Areces, en los inicios de sus planes para hormigonar la bahía, para neutralizar a la coalición que se desmorona a su izquierda. Desde que se descubrió, con el Caso Progea, que el grupo de empresas vinculado a IU, fue el agraciado con el chollo de las viviendas libres a construir en el suelo expropiado en el área industrial del naval, la opinión pública ha comprendido perfectamente la pasividad de Gaspar Llamazares y Jesús Montes Estrada, que aparecieron en el escenario de las movilizaciones de Izar, al final del proceso, prometiendo que iban a hacer muchas cosas, y finalmente no hicieron nada. ¡Qué van a hacer si Progea está construyendo sin parar en Gijón y en media Asturias!

El momento cumbre de este proceso de distanciamiento entre los trabajadores del naval y sus sindicatos, tuvo su escena más terrible, con la brutal represión ordenada por Antonio Trevín contra estos trabajadores, el día de la inauguración del Acuario gijonés, un edificio público que, más allá aún de los edificios-barco de Progea, linda pared con pared con las instalaciones de Naval Gijón. Los sucesos del Acuario fueron contemplados con una impresionante pasividad por la clase política asturiana, que como casi siempre de un tiempo a esta parte, fue sólo alterada por las preguntas de Alicia Castro al ministro del Interior en el Congreso de los Diputados, a las que aún no han tenido la delicadeza de contestar, sobre las razones por las que se ordenó aquella carga brutal que produjo varios heridos, entre policías, y unos manifestantes, que tan sólo pretendían hablar con las autoridades políticas que no los reciben en sus despachos.

La porra represora de Trevín intentaba imponer el silencio a los trabajadores ante esta estafa masiva a los ciudadanos de Gijón y del Principado de Asturias, que ya saben perfectamente que el sector naval es viable, pero lo que no es viable es construir barcos y casas en el mismo sitio. Sólo una clase política enferma -con una gravísima patología- puede distanciarse tanto de la realidad que salta a la calle, hasta el punto de enfrentarse a los ciudadanos, cuando los ciudadanos defienden la justicia, mientras que los políticos en este caso sólo trabajan impulsados por intereses bastardos y sucios, como los que están defendiendo los dirigentes de la coalición PSOE-IU con este intento de destruir definitivamente los últimos restos de una gran industria que se condena a la desaparición, por mor del pelotazo puro y duro, con tan desproporcionado despilfarro de dinero público.

En una situación así, y cuando en toda España se está poniendo en evidencia la falta de independiencia del poder judicial y la debilidad del llamado "Estado de Derecho", a quién se le ocurre añadir la provocación a la provocación, e impulsar como se impulsó esta primavera, el procesamiento de los dos dirigentes históricos de la Corriente Sindical de Izquierdas, Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, por unos enfrentamientos mantenidos por el sector naval en el año 2004, con un auto que se lanzó, precisamente, cuando estábamos en el momento más duro de las movilizaciones de los trabajadores de Izar, con lo que parece que se pretenden depurar en las personas de dos dirigentes del movimiento sindical, lo que se presenta como un intento de escarmiento individualizado, para la represión de un conflicto colectivo. Un uso extraño y aparentemente muy poco constitucional del derecho que proclama la igualdad ante la Ley como uno de sus principios fundamentales. ¿Acaso se han elaborado aquí procesamientos ad hominem? ¿Cómo es posible que los agraciados con este intento de empapelar sindicalistas, sean precismente, el secretario general actual, y el anterior, de la Corriente Sindical de Izquierdas?

Es posible que las aguas turbias que fluyen por las cloacas de los negocios organizados en la bahía de Gijón, por empresas vinculadas a la política, sean tan densas, que a los que están tomando las decisiones, sólo les queda esta loca carrera hacia delante. En cualquier caso, y haciendo votos desde este rincón, porque a pesar de todo impere la cordura, conviene advertir que se está actuando de una manera que puede traer consecuencias cada vez más graves para la convivencia, pues la mera sospecha de que la justicia pudiera no administrarse con la necesaria independiencia, difícilmente puede desalojarse de las mentes de unos ciudadanos que asisten estupefactos a esta ceremonia de la confusión, que se celebra en lo que parece el último capítulo de una dinámica política, con la que se impulsa y se protege el delito de guante blanco, mientras se castiga y se reprime la defensa de los valores cívicos y del interés general, por parte de unos ciudadanos abandonados a su suerte, por quienes tienen la obligación de representarlos.

Pues bien, nos enteramos ahora, a partir de una información de La Nueva España, de que la fiscalía tramita una denuncia del Ayuntamiento de Gijón, a cuenta de la cual, se le piden a estos dos dirigentes obreros -¡qué casualidad, hombre, los mismos otra vez!-, otros cuatro años más de cárcel, a acumular a los dos que ya se les pedían, y se rumorea que les van a pedir más años todavía, a cuenta de la carga de Trevín delante de los edificios-barco de Progea. Así, la administración que más directamente favoreció los negocios políticos de la gente del delegado Hevia -de cuyo procesamiento por presuntos delitos contra la administración pública no acaba de hablarse-, el ayuntamiento de Gijón, gobernado por el PSOE en coalición con IU, al igual que en el Principado, tiene la desvergüenza de pedir prisión para dos líderes sindicales, cuando además, esos dos grupos politicos están llamando en toda España a ponerse la venda ante los desórdenes públicos en el País Vasco. Es evidente, que no se trata de hacer justicia, sino de ponerles una mordaza a estos sindicalistas que son el mayor obstáculo para la salida al mercado de los solares de Naval Gijón e Izar, dado que UGT y CCOO parecen estar hasta atrás en la pomada.

El Comentario TV acaba de publicar un artículo de Domingo Goñi Tirapu, presidente de la Agrupación de Colectivos Asturianos y secretario de la luchadora asociación AVALL, en el que pide una acción inmediata, a la que no podemos dejar de dar todo nuestro apoyo, por la tremenda sensación de indefensión y precariedad, que está produciendo en los ciudadanos la acción represora del delegado Trevín. Dice Goñi Tirapu en su artículo lo siquiente: ¿Alguien se puede creer que sale de la policía, de manera autónoma, la decisión de iniciar el procedimiento contra Morala y Cándido? La decisión del Ayuntamiento de Gijón, de personarse contra ellos como acusación, ampliando las condenas que ya se les pedían a instancias de la policía, demuestra el sesgo totalmente político de este enorme escándalo. Los ciudadanos y las ciudadanas que levantamos nuestras voces contra los abusos de la administración, debemos movilizarnos con toda la fuerza y todos los medios a nuestro alcance para frenar esta barbaridad, pues la lucha de Morala y Cándido es la nuestra. Primero van a por ellos, y después vendrán a por nosotros, por lo tanto, propongo a las asociaciones y movimientos de carácter cívico que trabajan en Asturias por el interés general, que iniciemos de manera inmediata reuniones preparatorias, para la creación de una gran plataforma ciudadana en defensa de la libertad amenazada, porque no nos engañemos, la pretensión de quienes han dado vía libre a esta barrabasada, lo que quieren en realidad es dar rienda suelta a la especulación sin cortapisas, como el movimiento obrero reivindicativo o el asociaciosmo cívico no controlado por los políticos.

Las falsas acusaciones y las irregularidades cometidas contra el ciudadano Francisco Javier Lavandera, el espionaje a la diputada Alicia Castro, la persecución a los militantes discrepantes de la AMSO-PSOE, la prohibición de la acampada ecologista de Caleao, y ahora la pretensión de convertir a José Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero, en los primeros presos políicos de este gobierno.

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