Muchísimos votantes populares y de clase media ya no se entusiasman con el gobierno de Lula, pero no están enfurecidos con él. Una proporción importante votaría a la oposición, si ésta ofreciera una alternativa atractiva.

Lo más probable es que Lula sea reelegido en el primer turno de las próximas elecciones presidenciales brasileñas. ¿Será premiado en las urnas un gobierno que, inaugurado con grandes expectativas de transformación social, mantuvo una política económica conservadora y fue afectado por la revelación de un vasto esquema de compra de votos parlamentarios?

Quizá la pregunta más apropiada para comprenderlo deba ser otra. ¿Por qué este gobierno tendría que ser derrotado por esta oposición brasileña? No encuentro una sola respuesta satisfactoria.

El electorado medio brasileño no votó en 2002 a Lula, en verdad, con grandes expectativas de cambio social. Las demandas sociales dominantes eran más modestas: salario real, empleo, estabilidad económica, seguridad, honestidad administrativa. Lula prometió la creación de 10 millones de empleos y cumplió apenas la quinta parte de lo prometido, pero mantuvo y consolidó la estabilidad económica (la inflación cayó más aún). Y contra una promesa de campaña el votante sopesa mejorías constantes y sonantes.

La reducción de la miseria ha sido del 15%, mejoró significativamente el mercado de trabajo y hubo una reducción de la desigualdad de ingresos (algo muy difícil de lograr en América latina contemporánea). Esto se debe a los incrementos del salario mínimo y a los programas de transferencia de ingresos, como el Bolsa Familia, la principal política social del gobierno, que alcanza a 11 millones de familias. A título ilustrativo, el nordeste brasileño (cuyo pueblo continúa, con la mayor buena voluntad, viendo en Lula un nordestino) tiene 34 millones de electores; en agosto pasado, las intenciones de voto por Lula llegaban al 65% y por Alckmin al 13%. No casualmente, los indicadores de mejoría social nordestinos son los mejores de todas las regiones del país. Pero además, una parte de los trabajadores organizados y de las clases medias encuentra más beneficios que costos en la política conservadora del Banco Central —las elevadas tasas de interés premian los enormes fondos de pensión de los trabajadores y los ahorros de las clases pudientes.

En lo que se refiere a seguridad ciudadana, poco puede anotarse a favor el gobierno (si bien la acción de la Policía Federal es eficaz); pero gran parte el electorado atribuye, con razón, las responsabilidades a los estados, y, de hecho, el conflicto más grave de estos años (una rebelión organizada por una vasta organización criminal cuyo centro de coordinación son las cárceles) estalló en San Pablo, afectando la imagen, precisamente, de Geraldo Alckmin, quien acababa de dejar la gobernación del estado para ser candidato presidencial.

En los indicadores positivos hay más continuidad que cambio con el gobierno de Cardoso y muchas de las mejoras del presente constituyen la maduración de las políticas iniciadas por aquel. La trayectoria de reducción del índice de Gini es casi constante desde 1994. Pero se trata de sutilezas analíticas, que no se traducen en una opción electoral contra el gobierno.

Sólo bajo ciertas condiciones los escándalos de corrupción disparan el colapso de una presidencia. Deben conjugarse con otros factores, como una aguda crisis económica o un juego entre los actores políticos que dé paso a una "rebelión representativa" como la conocida en Argentina en 2002. La identificación popular con el liderazgo de Lula es un capital político sustancial que ayudó a capear el temporal.

Y cuando Lula arrojó lastre impiadosamente (cortó las cabezas de Dirceu y Palocci, entre otras), el PT lo soportó sin chistar: absorbió los costos y reforzó la verosimilitud de aquello que una enorme porción del electorado popular quería creer, que Lula no estaba al tanto de los trabajos sucios.

Lula enfrentó, en su peor momento, una oposición que tuvo hasta cierto punto una conducta cooperativa. Sus principales jefes se moderaron, algunos por razones sistémicas (un intento de remoción del presidente llevaba a una lucha sin cuartel y a una catástrofe económica) y otros en base a un cálculo errado: no intentaron el knock out convencidos de que a Lula le esperaba una gestión penosa y una derrota segura en 2006. Cuando advirtieron que no era así, era ya demasiado tarde: Lula recuperaba los niveles de aprobación. En total, la oposición no consiguió convencer al electorado de estar libre de pecado para arrojar piedras.

El brasileño común cree que la corrupción es endémica y no afecta más a este gobierno que a cualquier otro. Poco después, en la pulseada interna en el PSDB se impuso la candidatura de Alckmin, siendo escaso el esfuerzo de José Serra de pelear por ella (Serra es ahora candidato a gobernador en San Pablo y su victoria prácticamente segura).

Así, creo que muchísimos votantes populares y de clase media están sobriamente decepcionados con este gobierno, no enfurecidos con él. Quizás muchos de ellos votarían a la oposición, si ésta ofreciera una alternativa atractiva. Pero esta oposición no ha conseguido marcar una diferencia. Paradójicamente, la fuerte continuidad del gobierno de Lula con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso le ha complicado las cosas mucho más a la actual oposición que al presidente.

La campaña electoral es hasta hoy notablemente anodina: parece que los electores ya hubieran tomado posiciones antes de que comenzara y no hay cómo hacerlos cambiar.

Vicente Palermo. POLITOLOGO, INVESTIGADOR INDEPENDIENTE DEL CONICET Y DEL INSTITUTO GINO GERMANI (UBA).