Decir que Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, se basa en razones jurídicas y no políticas para llevar el Estatut al Tribunal Constitucional es como predicar en el desierto. Lo único que hace el representante de esta institución es tirar adelante aquello que considera oportuno y que los partidos catalanes dijeron en su momento «eran las reglas del juego». Pero de todo lo dicho mientras el Estatut se cocinaba a fuego rápido en el Parlament, nada de nada. Ahora, Saura denuncia el atrevimiento de un señor «que trabaja al dictado del PP», aunque sea militante del PSOE, y ERC lo acusa de tener una obsesión patológica con Cataluña. No parece el mejor estilo político para rebatir una acción que, no sólo estaba prevista, sino que es tan democrática como construir una Ley Orgánica, como es el Estatut.
Múgica no está solo. A la decisión de su institución se le han sumado ya los gobiernos de Aragón (socialista, por cierto), Valencia y Murcia y lo harán en un futuro el balear y el de La Rioja. Tienen tiempo hasta el 20 de octubre. El Constitucional tendrá la última palabra. ¿De qué tiene miedo el cuatripartito?

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