Finalizados los fastos que han rodeado la boda del último hijo que quedaba soltero, de nombre Javier, Emilio Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos, más conocido como Emilio Botín Ríos a secas, presidente del Santander Central Hispano o, más por derecho, Santander, como le gusta decir a la familia, se dispone a afrontar situaciones menos airosas y divertidas, con ese punto de dramatismo que implica sentarse en un banquillo como acusado con el riesgo, porque el riesgo siempre existe aunque uno se apellide Botín y tenga a todo un país en un puño, de ir a parar a la cárcel. En medios judiciales madrileños el rumor ya es clamor: el juicio por las famosas cesiones de crédito podría dar comienzo antes de final de año, posiblemente el próximo mes de noviembre.

En realidad, el procedimiento de las cesiones de crédito se encuentra actualmente pendiente de que la Sección Primera de la Audiencia Nacional dicte auto admitiendo y denegando las pruebas solicitadas por las acusaciones y las defensas y señalando fecha de celebración de juicio. La Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes formuló escrito de acusación en el referido asunto, en virtud del cual se solicitó la apertura de juicio oral contra Emilio Botín, el entonces consejero delegado Rodrigo Echenique, el jefe de la Asesoría Jurídica, José Ignacio Uclés, y el alto directivo del Banco, Ricardo Alonso Clavel, así como contra otros 32 clientes del banco.

Se acusó a Botín y a los tres directivos de la entidad de cooperación necesaria en la comisión de 36 delitos contra la Hacienda Pública en el ejercicio 1989, además de un delito continuado de falsedad en documento oficial por presentación de documentos falsos ante la Inspección tributaria, y tres delitos continuados de falsedad en documento mercantil como consecuencia de la simulación de contratos de cesión de crédito, de la elaboración de cartas falsas atribuyendo titularidades a testaferros, y de la creación de una documentación también falsa para imputar incrementos de patrimonio a ejercicios prescritos.

Para el presidente del Santander se solicita un total de 170 años de prisión y una multa de 46.242.233,92 euros (7.694.060.334 pesetas), además de una responsabilidad civil de 84.935.195,86 euros (14.132.027.499 pesetas), que es el perjuicio causado con su actuación a la Hacienda Pública. Las mismas penas de prisión, multas y responsabilidad civil se solicitan para Echenique, actualmente miembro de la Comisión Ejecutiva, y para Uclés y Alonso Clavel.

Durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes. De modo que, además de una alta rentabilidad y la falta de retención fiscal de los rendimientos, el banco ofrecía un plus de opacidad concretado en que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia de la existencia de esos dineros, puesto que garantizaba a los clientes que nunca entregaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones.

El caso es que el Santander consiguió concertar, en un tiempo récord, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas, cantidades que en buena parte estaban depositados en otras entidades bancarias, y que obviamente sufrieron los efectos de esta competencia desleal.

Cuando por la Administración Tributaria el banco fue requerido para que facilitara el nombre de los titulares de las operaciones respectivas, el propio Santander ofreció a esos clientes realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, proporcionando así a la Hacienda Pública identidades falsas como titulares efectivos de las operaciones.

En concreto, el banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares.

A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera. En definitiva, estamos ante lo que alguien, en sede parlamentaria, calificó en su día como “el mayor fraude fiscal de la democracia”.