La opacidad absoluta, así como la improvisación con la que se trabaja en la planificación de nuestro futuro industrial, y muy especialmente en el sector energético, crea situaciones absurdas, como la que estamos viendo en los medios de comunicación de hoy, en los que se habla en grandes titulares de portada de un serio problema para la viabilidad del parque industrial asturiano, a causa de las limitaciones en su capacidad de emisión de CO2 a la atmósfera, previstas por el ministerio de Medio Ambiente, algo que de prosperar las previsiones del Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de gases causantes del efecto invernadero, obligaría a la industria siderúrgica, térmica y cementera, a la realización de recortes en sus planes. Se trata de una noticia de portada en los tres periódicos del Principado.

Nos enteramos de esta posibilidad hoy, a cuenta de las alegaciones presentadas por el Principado de Asturias al ministerio de Medio Ambiente, del que es responsable Cristina Narbona, y lo hace en defensa de la actividad de tres empresas, Mittal-Arcelor, HC Energía y Tudela Veguín, que podrían tener problemas serios para la viabilidad de sus plantas, dado que el sistema supone sobrecostes importantes para aquellos grupos que superen los límites fijados por el ministerio, en virtud de la aplicación de las limitaciones impuestas por la Unión Europea, con la pretensión de cumplir los acuerdos del Protocolo de Kioto. De lo que no se dice nada hoy en la prensa, es de los empleos, de cuántos empleos estaríamos hablando, en el caso de que se produjesen esos hipotéticos recortes.

¿Qué hay de las declaraciones alegres y triunfalistas que supeditaban nuestro futuro industrial al desarrollo de una industria energética, la del gas, que también tiene serios problemas de emisiones, por mucho que se reduzcan las del carbón? Las declaraciones de nuestros mandatarios no incluían, en ningún momento, la reducción del sector del carbón para dar paso al gas. Da la impresión de que se hablaba por hablar, con la única intención de justificar la construcción de la regasificadora.

Lo único cierto es que mientras se vive una obvia incertidumbre para los planes gasísticos del gobierno, empieza a saberse que el carbón lo tiene difícil para aguantar su actual porcentaje en la dieta energética, a pesar de sus crecientes posibilidades económicas, que se generan a partir del gran encarecimiento de los productos derivados del petróleo, pero mientras no se produzca la aplicación de nuevas tecnologías limpias en el sector térmico, resulta impensable su desarrollo, e incluso se alzan voces contrarias a su mantenimiento, como las propuestas de los portavoces de Greenpeace, que estos días han pedido que se proceda a su sustitución por "energías renovables". La cuestión es grave y no permite frivolidades, pues estamos hablando de un sector que mantiene un importantísimo nivel de empleo, en una comunidad autónoma en la que hay un problema esencial: el paro.

Da la casualidad de que en estos momentos, se vive una cierta polémica, ante la posible decisión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de proceder al cierre de la central nuclear de Garoña en Burgos, un rumor que se extendió a partir de informaciones publicadas por el diario El País, que hoy mismo las desmiente sin excesiva firmeza, ante la polémica creada por las informaciones puestas en circulación, precisamente, por ese mismo diario. La ministra Narbona aseguró que no está tomada ninguna decisión al respecto, mientras que el portavoz de Energía del PP en el congreso, Fernando Castelló, manifestó su preocupación ante la aparición de este nuevo debate, a la vez que Gaspar Llamazares, de IU, pidió ayer un "calendario" para el cierre de las nucleares españolas, calificando como señuelos electorales estos anuncios. La polémica de Garoña se produce en el momento en que el Consejo de Seguridad Nuclear inicia los estudios para la prórroga en diez años de la actividad de la central burgalesa, en medio de las protestas de los grupos ecologistas e IU, lo que motivó a su vez importantes manifestaciones de intranquilidad por parte del gobierno de Castilla y León, enfrentado a su vez con el gobierno vasco y los partidos de aquella comunidad que exigen el cierre de esa central.

En medio de la polémica por Garoña, muy marcada por la confrontación política entre comunidades regidas por el PP en el caso de Castilla y el PNV -en coalición con IU en el País Vasco-, el Foro Nuclear, entidad representativa de la industria española que explota esta energía en medio de importantes restricciones para su desarrollo, se pronunció ayer, con declaraciones de su presidente, Eduardo González, sobre la polémica creada por el posible cierre de esta central burgalesa, situándolo en el contexto del problema que afronta en estos momentos España para el mantenimiento de su actual parque de generación eléctrica, invocando precismente las restricciones impuestas por Kioto: "Prescindir de las centrales nucleares no tiene ningún sentido en el contexto energético español actual", según el presidente del Foro Nuclear, ya que España "incumple los compromisos del Protocolo de Kioto al emitir un 52 por ciento más que en 1990, cuando lo permitido es un 15 por ciento, lo que supone emitir 80 millones de toneladas de CO2 al año más, y sin las centrales nucleares se emitirían 45 millones de toneladas de CO2".

Lo cierto es que los cambios en el ministerio de Industria, con el nombramiento de Joan Clos, tras el cese de José Montilla, han provocado una gran intranquilidad en un sector caracterizado por un enorme desorden, que hoy tienen su reflejo en la prensa asturiana, con las declaraciones del secretario general de minería y estudios de la Federación Minerometalúrgica de CC OO, Rafael Varea Nieto, que según La Nueva España, exigió ayer al Gobierno estatal que los cambios producidos en el Ministerio de Industria, que en apenas unos días ha estrenado titular y secretario general de Energía, no demoren los procesos de seguimiento del Plan General de la Minería (2006-2012).

Y es que la sustitución de José Montilla por Joan Clos, viene a ratificar la preocupación que se percibe en todos los interlocutores afectados por el baile de declaraciones y de actuaciones contradictorias que presiden la agitada vida del sector eléctrico español, pues esa sustitución produjo cambios en todos los niveles de responsabilidad de ese ministerio, como en la Secretaría General de la Energía, donde Ignacio Nieto ha venido a sustituir a Antonio Fernández Segura, interlocutor en Asturias para un montón de problemas pendientes, como son la aplicación de los planes de la minería del carbón y su desarrollo, que depende a su vez totalmente de lo que finalmente puedan hacer las empresas a partir de las limitaciones que finalmente imponga el ministerio de Medio Ambiente, que actua con criterios fuertemente dependientes del rumbo que imprima a su política el gobierno de Zapatero, en conflicto larvado, pero permanente, con los condicionamientos que sufre esa política, desde los intereses propios del poder económico con base en Cataluña que están siempre detrás de los ministros de Industria que viene nombrando el gobierno socialista, dentro del precario equilibrio de poder entre el PSOE y el PSC, bien visibles con la tormenta eléctrica creada por la OPA de Gas Natural sobre ENDESA, en una enorme polémica que ahora, como todo el mundo sabe tiene un rumbo diferente.

En ese agitado contexto que se vive por parte de los interlocutores con intereseses en el tremendo negocio de la energía en el concierto español, presidido por las tensiones territoriales entre comunidades, el papel de Asturias, con su ausencia de planes que tengan un mínimo de coherencia, alcanza un singular patetismo, pues bien difícil resulta pensar que nuestras autoridades trabajan con algún tipo de planificación, cuando en numerosas ocasiones hemos visto cómo desde el gobierno de Vicente Álvarez Areces -y especialmente su consejero de Industria, Graciano Torre-, se vino hablando con una frivolidad extraordinaria, del futuro industrial de la comunidad autónoma asturiana, con un proyecto basado fundamentalmente en la instalación de la Regasificadora del Musel, de la que poco o nada sabemos, salvo que este verano se presentó el proyecto para la formulación de alegaciones en el Ayuntamiento de Gijón, tras los numerosos rumores que se generalizaron sobre posibles retrasos y sobrecostes que va a tener el proyecto estrella del gobierno asturiano.

El consejero de Industria ha llegado a poner encima de la mesa hasta dieciocho proyectos para la construcción de centrales de ciclo combinado, en un momento en el que una especie de locura gasística se adueñó de las declaraciones y comparecencias públicas de los miembros del ejecutivo, a lo largo del pasado año, una expectativas que encontraron su momento más bajo, con la reciente presencia de Zapatero en Rodiezmo. Este año Zapatero, en contraste con la cita leonesa del año anterior -donde hizo efectivo su compromiso con la construcción de la regasificadora de El Musel, lo que produjo un auténtico ataque de histeria colectiva gubernamental- no dijo ni una palabra sobe sus compromisos anteriores, lo que motivó incluso unas declaraciones de los socios de gobierno de Areces, concretamente del diputado de IU Aurelio Martín, que puso sobre la mesa las dudas de su grupo sobre los compromisos expresados por Zapatero.

En semejante situación, hoy se conoce el documento de alegaciones que el ejecutivo asturiano presentó ante Medio Ambiente, en el que reconoce que, con los planes del ministerio, el actual parque termoeléctrico, del que a su vez dependen los compromisos del nuevo Plan del Carbón, corre un serio peligro desde el punto de vista de su viabilidad, de acuerdo con La Nueva España, que hoy se hace eco del problema en su sección de Economía, en lo que es su noticia de apertura y un importante titular de portada: Más aún, el Ejecutivo destaca que, con los criterios que están sobre la mesa, resulta «desproporcionado» el esfuerzo que corresponderá a Hidrocantábrico. Se subraya, por ejemplo, como «el esfuerzo reductor» de derechos de emisión exigido a HC equivale al 15 por ciento del total impuesto a sector eléctrico, cuando la compañía aporta el 5 por ciento de la producción nacional de kilovatios. La viabilidad de los compromisos con el sector del carbón, depende de manera esencial, del mantenimiento de la capacidad instalada de HC.