El presidente George W. Bush encuentra cada vez más resistencias en el Congreso y en la Corte Suprema para ampliar sus facultades.

Quizá no haya sido una buena idea después de todo. Cuando George W. Bush y sus estrategas políticos concibieron una nueva embestida pública sobre la guerra contra el terrorismo como elemento central de la campaña política de las elecciones que, en noviembre próximo, decidirán las mayorías en ambas cámaras del Congreso, parecen haber imaginado un escenario estrictamente binario.

Por un lado estaría el gobierno republicano y sus candidatos encarnando la fortaleza de la nación frente a la amenaza del terrorismo y por el otro los candidatos demócratas reducidos a ocupar el espacio vergonzante de los débiles y quizá —aunque esto no era para decirlo en voz alta— el de los traidores en ciernes a la nación.

Esta sobre-simplificación de la realidad le dio ya a Bush por lo menos dos victorias anteriores, en el 2002 y la de su reelección en el 2004. Pero lo binario siempre es molde limitado cuando de los asuntos humanos se trata y hasta puede conducir a ingratas situaciones pantanosas como lo prueba la propia experiencia de Bush.

La guerra en Irak es un ejemplo: ¿dónde quedó aquella visión del 2003 que se resumía en "nosotros los invadimos y ellos nos amarán inmediatamente como sus libertadores"?

La referencia a la ocupación en el Golfo Pérsico no es gratuita; parte del intento por reverdecer la aprobación pública para con la "guerra infinita" tiene por objetivo disimular el oscuro escenario iraquí.

Toda fórmula tiende a desgastarse cuando se abusa de ella. Algo de esto parece estar pasándole a Bush quien —como parte de aquella campaña renovada— intenta obtener del Congreso mayor amplitud legal para que los acusados de terrorismo puedan ser interrogados bajo tortura y para que sean juzgados por tribunales militares en secreto y sin que los acusados y sus defensores tengan acceso a las pruebas con que se pretende condenarlos.

Como muchas experiencias judiciales en fueros extraordinarios, esos tribunales caen cómodamente en una vieja definición legal del inglés acuñada en el siglo XIX: "cortes canguro"; esto es, aquellas en las que el debido proceso legal se degrada y pervierte.

Lo de la tortura no es exageración, ni puede ser atenuado por elaboradas alusiones como la que usa Bush para referirse a ellas: "técnicas alternativas de interrogación". En la Argentina hemos sido dolorosamente entrenados en abusos —quizá como en pocos otros lugares— pa ra entender de qué habla Bush.

Esas "técnicas alternativas" son, entre otras, la que llamábamos aquí "el submarino" (hundir reiteradamente la cabeza del detenido en agua, casi hasta ahogarlo) o la "cárcel fría" (dejar a los presos desnudos sobre el cemento de las celdas, rociándolos con agua fría cada tanto) y otros que hacen aparecer a las golpizas moderados casi como un recurso piadoso.

Para Bush estos son métodos "seguros, legales y necesarios". Y, sobre todo los agentes de la inteligencia exterior (CIA) los vienen empleando rutinariamente, aunque para las fuerzas armadas hayan sido expresamente prohibidos hace algunas semanas.

Bush está preocupado por proteger a esos interrogadores y ponerlos a salvo de futuras acciones legales y por eso solicitó al Congreso pronunciamientos "clarificando" —esto es legalizando— esos martirios.

Tenía un doble propósito: la clarificación evitaba tener que introducir nueva legislación —es ingrato debatir leyes pro-tortura en año electoral—, y ampliar las generosas riendas que el Congreso le ha dado a Bush para maniatar, no sólo a los sospechosos de terrorismo sino a la sociedad toda.

La cosa parecía ir razonablemente bien. Aunque la Corte Suprema había advertido que hasta los sospechados de terrorismo tienen derechos básicos a la defensa, la Cámara baja (Representantes) había endosado en comisión el proyecto de Bush y estaba procesando una ampliación de poderes para invadir la privacidad de los ciudadanos a través de escuchas y seguimientos sin autorización judicial. Como se ve, el potencial es enorme y no se reduce a la informe "guerra infinita", sino que puede afectar a cada ciudadano en escenarios diversos.

Desde la sanción de la ley llamada "Acta Patriótica" en el 2001, Bush se viene ajustando cada vez más al temible molde que describiera James Madison en los Papeles del Federalista: "La acumulación de todos los poderes en las mismas manos puede ser pronunciada con justicia como la definición misma de la tiranía".

Esta semana, ese curso se interrumpió en el Senado. Cuatro importantes senadores republicanos —incluyendo John McCain, prisionero de los vietnamitas hace tres décadas que conoce la tortura en cuerpo propio— se sumaron a los demócratas y detuvieron el proyecto de Bush en el Comité de las Fuerzas Armadas. El equilibrio de fuerzas en el Senado es tan frágil que la deserción de los cuatro pone a Bush en las puertas de una derrota si el tema fuera a plenario.

Es posible que el intento de Bush no pueda prosperar, en cualquier caso, antes de noviembre, lo que lo dejaría en manos del futuro Congreso que puede resultar menos complaciente que este. Pero más interesante aquí es observar el cuadro más amplio en el que la guerra contra el terror pasa a ser apenas un elemento más.

Bush trajo consigo un ordenamiento económico y social en su país —y por extensión en el mundo— que favorece una concentración alocada de la riqueza colectiva en pocas manos, excluyendo a segmentos cada vez más amplios.

A esta altura de su desarrollo puede imaginar un futuro no lejano de descontento colectivo en el que gobierno y sectores favorecidos precisen de férreas herramientas de control social; en cuyo caso los permisos que se les concedan hoy podrán ser usados no ya solo contra terroristas, reales o imaginarios.

Este enfoque es particularmente apto para ver lo que sucede, desde afuera, en lo que suele llamarse la primera democracia del planeta. Porque ese modelo de organización lo es también global y, como tal, invita en otras latitudes a poner las propias barbas en remojo, por lo que pueda venir antes que después.

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