Mañana martes, el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, deposita un extraño documento en la cámara legislativa de los asturianos, pues tal y como hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses, lo que el presidente dice que va a proponer a la representación soberana de la ciudadanía, no es un documento elaborado por el Gobierno -como es de rigor, y como formalmente tiene que ser-, sino lo que ayer describía de esta manera el periodista José Manuel Piñeiro en La Nueva España:

El martes, por fin, la reforma del Estatuto llegará a la Junta. Atrás queda un extenso periplo, iniciado a finales de mayo de 2004 y a lo largo del cual fueron recabados múltiples informes: los de varios expertos, primero, y las preguntas planteadas al Consejo Consultivo, meses después. Serán precisamente las respuestas del Consultivo las que servirán de base a la comunicación con la que Álvarez Areces pedirá a la Junta que inicie la tramitación parlamentaria de la reforma. A partir de ese momento, el protagonismo recaerá en la Cámara.

Así pues, nos vamos a encontrar con una curiosísima situación, pues el Gobierno, seguro ya de la negativa del Partido Popular a tramitar este extraño documento, se permite tomarse un singular margen de maniobra, al permitirse el lujo de poner en marcha un documento estatutario que no es el suyo, sino el monstruo de Frankestein que ha creado, a base de remiendos y costurones, con los informes remitidos por el Consejo Consultivo, que así, en vez de ser un órgano consultivo, parece convertirse en un órgano de propuesta, para solucionarle al ejecutivo, de la manera más sorprendente e inesperada, lo que podía haber sido un difícil problema: el ejecutivo no quería proponer nada, para evitar sus propias tensiones internas, pues carecía de un modelo que proponer, dadas las evidentes discrepancias entre ambos socios. El PP, al rehuir la discusión, le ha resuelto el problema del modelo de Estatuto, en lo que es conflictivo para el propio Gobierno.

El problema lo describía así Piñeiro en su texto, obviendo en titulares una noticia que en circunstancias normales debería haber encabezado la información, pues se trata de una auténtica jugada de farol, que parece que va a colar, gracias a la negativa del PP a tramitar esta reforma: El discurso del Presidente se limitará a trazar las líneas generales, sin adentrarse en los detalles. Dos son los motivos que aconsejan esta cautela. Uno, que -como ha recordado en alguna ocasión la propia dirección de la Federación Socialista Asturiana- ésa es una tarea que corresponde al Parlamento, y no al Ejecutivo. Otro, que Areces preside un Gobierno de coalición, y entre el PSOE e IU median serias discrepancias sobre cuál debe ser el alcance de la reforma. Por lo tanto, sus palabras deben resultar cómodas para ambos socios, sin provocar roces innecesarios. Así, no se tocarán asuntos como el de la oficialidad del asturiano o la denominación del Principado como nacionalidad, reclamada por IU. Este planteamiento ya fue consensuado puertas adentro del Ejecutivo, entre Francisco Javier García Valledor, consejero de Justicia y dirigente de IU, y el Presidente.

La primera premisa es falsa de toda falsedad, pues si bien es cierto que corresponde al legislativo el debate y en su caso la aprobación del texto, no es menos cierto que al Ejecutivo le corresponde la presentación de una propuesta nítida y clara, en definitiva: el Estatuto del Gobierno.

La segunda de las premisas, también es falsa de toda falsedad, pues salta a la vista que si este proyecto se debate, Izquierda Unida no resistiría veinticuatro horas diciendo públicamente que no apuestan por la oficialidad del asturiano y por la denominación de Asturias como nación, tal y como millones de veces han proclamado, sus dirigentes, a propósito de ambos asuntos.

La extraña jugada del PP de Ovidio Sánchez, negándose a debatir el Estatuto, puede ahorrarle a la oposición el trabajo de discutir, en la sede de la soberanía popular, los pormenores del proyecto de reforma del Gobierno, pero es que en realidad lo que está consiguiendo con esto Sánchez, es que el gobierno no tenga que presentar nigún proyecto de reforma, con el burdo truco de lanzar documentos elaborados por un órgano de consulta y no de propuesta, como es el Consejo Consultivo, sin mojarse en nada de aquello que podría crear debate en el interior del propio Consejo de Gobierno.

Pero no sólo es eso, pues tal y como apuntaba La Nueva ayer en la crónica de Piñeiro, en realidad, no es que se haya "consensuado" entre Areces y Francisco Javier García Valledor que no se toque el problema de la denominación de la comunidad autónoma como nación, comunidad nacional, realidad nacional, nacionalidad o región, así como la cuestión de la "lengua propia", sino que como parten de que el PP va a rechazar el debate en si, no la "propuesta" del Ejecutivo, el Gobierno no necesita ponerse de acuerdo en nada, pues le basta con agarrarse ya desde el principio al rechazo del PP a debatir, para evitar sus conflictos internos:

"Total, como el PP no entra en la discusión, para qué vamos a discutir nosotros".

La Nueva España de hoy, ya en los prolegómenos del debate de mañana, sigue cerrando el círculo de las propuestas gubernamentales, pues para lo que le conviene, el Gobierno, aunque dice que no propone el texto, a veces, sin ello saca ventaja, parece que sí lo propone: El jefe del Ejecutivo se pronunciará a favor de que el Principado siga la vía abierta por otras autonomías y establezca en el futuro Estatuto unos criterios que delimiten la participación de la comunidad en las inversiones del Estado. El presidente del Partido Popular (PP), Ovidio Sánchez, se pronunció ayer sobre este planteamiento y cargó con dureza contra Areces, al que acusó de ser «cómplice» del proceso de «debilitamiento del Estado emprendido por el Gobierno de Zapatero».
Sánchez entiende que la pretensión de Areces de proponer que el Estatuto incluya la determinación de la inversión estatal contribuye a «dar carta de naturaleza a la bilateralidad» en las relaciones con el Estado inaugurada por los acuerdos con Cataluña.

Desgraciadamente para las posiciones políticas de Ovidio Sánchez, las propuestas estatutarias en toda España -tal y como él mismo reconoce- van por ahí precisamente, es decir, que en España estamos entrando en un proceso de organización confederal del Estado, que nos lleva a incluir el reparto de la financiación intracomunitaria en mecanismos fijados en los propios estatutos, como si de relaciones bilaterales se tratase, siguiendo la estela del modelo vasco de concierto, en el que están empeñados los políticos catalanes, que no quieren perder comba, en una dinámica a la que se van a ir incorporando todas las comunidades de manera paulatina.

De esta manera, Sánchez, no sólo les ahorra a Areces y a Valledor un discusión pública a cuenta de sus diferencias sobre la denominación legal del Principado en el concierto español y sobre la situación legal de la "lengua asturiana", sino que también les ahorra el ridículo de reconocer públicamente que la financiación que el Principado pueda incluir en su Estatuto, será aquella que le permita incluir el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, lo que nos deje el creciente proceso desmantelador del Estado.

Pero como no va a haber debate, nada de eso se podrá visualizar, y Sánchez, candidato por el Partido Popular a la presidencia de la comunidad autónoma, tendrá que aguantar que se diga en lo sucesivo, que él es el responsable de todos nuestros males, y especialmente de no contar con una financiación suficiente, por no haber permitido que ésta quede adecuadamente fijada en el Estatuto.

Detrás de esta posición escapista de Sánchez, hay, aparte de una gran comodidad, una manifiesta desconfianza en la capacidad del PP para sostener una discusión parlamentaria de altos vuelos, en la que se pusiese de relieve que lo que el Gobierno asturiano podría hacer en realidad, es coger lo que Zapatero le dejase cojer de la tarta del Estado, un proceso en el que no jugamos ningún papel y que conduce hacia un destino profundamente incierto, pues si el futuro de Asturias depende de lo que hayan negociado previamente, y de manera bilateral, el Estado, y todas y cada una de las comunidades autónomas, lo tenemos muy, pero que muy clarito: no nos va a quedar ni la sombra de lo que Asturias necesita para sobrevivir con servicios públicos garantizados y de calidad.

Pero eso no es importante para nuestra clase política, que tiene su propio futuro bastante bien asegurado...