EL diputado Álvaro Cuesta, el único asturiano que es miembro de la comisión ejecutiva federal del PSOE, ha enmendado la opinión expresada por el Principado sobre la Ley Básica de Gobierno y Administración Local, que ha redactado el Gobierno central. Desde Asturias se aseguraba que todo el dinero dedicado a cooperación con los ayuntamientos seguiría como hasta ahora, tutelado por el Principado. Con un ejemplo lo vemos mejor. Si el Ayuntamiento equis va a recibir dos millones de euros de subvención, el destino de ese dinero se negocia con el Principado, de forma que la subvención llega a la Corporación municipal para finalidades concretas, como construir un camino o reparar la red de saneamiento. Los alcaldes querían que las subvenciones dejaran de ser condicionadas, de forma que el dinero se gastase libremente por los ayuntamientos.

Pues bien, Zapatero le ha dado la razón a los alcaldes, como nos cuenta Álvaro Cuesta, y ya no habrá más subvenciones condicionadas, con lo que el dinero quedará en manos de los ayuntamientos, sin que el Principado tenga ningún pito que tocar. ¿Qué pensar de esta medida?

Toda la información que nos llega sobre la futura ley, que todavía tendrá que ser negociada con los grupos parlamentarios, es un traje a la medida de los intereses de los alcaldes. Se amplían las competencias municipales, se sustraen asuntos al Pleno del Ayuntamiento para dejarlos en manos de los regidores, se prometen más ingresos financieros desde otras administraciones y se acaba con la tutela de las comunidades autónomas sobre los consistorios. Digamos que es la clásica norma de Zapatero destinada a dejar contentos a los agentes que actúan sobre la actividad que se regula. Esto no quiere decir que con la nueva ley se acaben los problemas municipales, porque una cosa es hacer leyes majas y progresistas, y otra tomar medidas eficaces. Si Álvaro Cuesta dice que se acaban las subvenciones condicionadas, no queda otro remedio que creerle, así que no se entiende el interés del Principado por desvirtuar el articulado de una norma que será aprobada en este curso parlamentario. Con ZP, los catalanes y los vascos se pusieron contentos, ahora tocan los alcaldes. Vivimos entre grupos de presión.