Los representantes del Partido Socialista de Euskadi (PSE) se comprometieron con el líder de la ilegalizada formación, Arnaldo Otegi, a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pusiera en marcha en un corto plazo de tiempo medidas para flexibilizar la política penitenciaria que actualmente se aplica a los reclusos de la banda armada. En concreto, ambas partes hablaron de que las dos primeras fueran, por este orden, el reagrupamiento de las aproximadamente ochenta mujeres encarceladas de la organización en unos pocos centros penitenciarios y, posteriormente, la puesta en libertad de la media docena de etarras que sufren enfermedades incurables.

Así lo han asegurado a El Confidencial fuentes cercanas a la izquierda abertzale, que añaden que éste era un compromiso firme y que los socialistas lo están incumpliendo. Miembros del PSE consultados por este diario confirman que, efectivamente, en dichas conversaciones se ha tratado la necesidad de tomar medidas con los reclusos y que, entre ellas, se habló tanto del reagrupamiento de las etarras -“se supone que son más propensas a sufrir depresiones que puedan provocar actitudes suicidas”- como de la salida de la cárcel de los que sufren dolencias graves, pero niegan que exista un acuerdo que comprometa al Ejecutivo de Madrid o le marque plazos.

Fuentes políticas vascas aseguran que todo apunta a un nuevo problema de “sobreentendidos” entre ambas partes. “En este tema, como en otros, socialistas y Batasuna han interpretado las manifestaciones del otro en dichas reuniones según su conveniencia, sin que en muchos casos, como se ve, se ajustara realmente a lo que querían decir”, añaden fuentes del Ejecutivo vasco. Lo cierto es que la izquierda abertzale ha convertido el tema de los presos en su principal caballo de batalla y, por ello, negocia en las últimas semanas con las formaciones del tripartito de Vitoria la formación un frente común para reclamar el acercamiento de presos a partir de septiembre.

‘Amago’ de reagrupamiento

No obstante, el Ministerio del Interior ya hizo un amago de reagrupar a las presas de ETA a finales del pasado junio. Como informó en exclusiva El Confidencial entonces (ver la edición del pasado 17 de julio), en los últimos días de aquel mes, 16 reclusas de la banda armada -una quinta parte del total- coincidieron durante unos días en el madrileño Centro Penitenciario de Soto del Real, entre ellas Ana Belén Egües, nombrada por ETA para compartir con el histórico Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, la interlocución etarra en las cárceles españolas. Con ella estuvieron destacadas reclusas como Irantzu Gallastegi -una de las asesinas de Miguel Ángel Blanco-, Belén González Peñalva -quien participó en las negociaciones de Argel y Zurich- e Inés del Río Prada.

Entonces, fuentes oficiales de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias confirmaron la cifra, aunque insistieron en desligar el agrupamiento del proceso de paz. De hecho, insistieron que había sido algo “circunstancial” motivado por “cuestiones estrictamente judiciales” -para que estuvieran a disposición de la Audiencia Nacional para la celebración de juicios o la práctica de diligencias-, y destacaron el hecho de que, pocos días después, diez de ellas volverían a las cárceles de origen, como así fue. Sin embargo, las fuentes sindicales consultadas por este diario mostraban su convencimiento de que dicho concentración no había sido casual y que “lo que Interior pretendía era facilitar la transmisión de directrices entre las reclusas”.

Culpa de ‘Txapote’

Fuentes socialistas culpan del retraso en la aplicación de éstas y otras medidas de flexibilización -entre ellas, el acercamiento de un número importante de presos a las cárceles del País Vasco y provincias próximas- al miedo que Moncloa tiene al impacto negativo que estas decisiones pueden tener en una opinión pública que aún tiene muy reciente los desplantes del dirigente etarra Javier García Gaztelu, Txapote, cuando fue juzgado en la Audiencia Nacional por los asesinato de Miguel Ángel Blanco y el abogado Fernando Múgica.

Y ello a pesar de que el Gobierno de Zapatero tiene encima de la mesa desde hace meses un plan elaborado por la directora general de Instituciones Penitencias, Mercedes Gallizo, para poner punto final a la política de dispersión. Diversas fuentes consultadas coinciden en señalar a El Confidencial que ha sido precisamente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en las últimas semanas ha convencido al presidente del Gobierno para que dé un frenazo a la puesta en marcha de dicho plan con el argumento de no “malgastar” esta carta al inicio del diálogo con ETA.

Una postura con la que, curiosamente, discrepan altos mandos de la lucha antiterrorista, los cuales se muestran convencidos de que un acercamiento de presos facilitaría enormemente el fin de la banda armada y quitaría argumentos al sector de la izquierda abertzale más contrario a las negociaciones. “Además, es una medida en la que se puede dar marcha atrás”, añaden. Una postura que comparten con la mayoría de los dirigentes socialistas vascos, con su presidente, Jesús Eguiguren, y su secretario general, Patxi López, a la cabeza. Éstos creen que el traslado de los reclusos facilitaría que ETA transformara el “alto el fuego permanente” de marzo en irreversible. Algo que, en su opinión, allanaría definitivamente el camino para la legalización de Batasuna y la posterior creación de la mesa de partidos.